La pandemia ensanchó la brecha entre el Norte global y el Sur global

Eric Toussaint

Frente a la pandemia de la Covid-19, que comenzó a fines de 2019 y comienzos del 2020, según los países, la respuesta de los gobiernos de los países que forman parte tradicionalmente de las potencias imperialistas (Europa occidental, Estados Unidos y Canadá, Japón, Australia-Nueva Zelanda) y de las grandes compañías farmacéuticas privadas ampliaron la brecha entre el Norte global y el Sur global

Para el Big Pharma es más rentable y más seguro suministrar prioritariamente a los países ricos, ya que los gobiernos del Norte financian por adelantado una parte de la producción y no tienen problemas en pagar un precio alto. Y es evidente que las grandes compañías farmacéuticas les dieron a esos países una prioridad absoluta. Las cifras que indican la distribución geográfica del suministro de vacunas son elocuentes.

Para Moderna, la Unión Europea y Estados Unidos representan el 84 % de sus ventas totales. Para Pfizer/BioNTech el 98 % de sus ventas y el 79 % para Johnson & Johnson se realizaron en países de ingresos altos o medios superiores. Pfizer y BioNTech, por el momento, solamente al Estado sueco proveyeron nueve veces más dosis que a todos los países de ingresos bajos reunidos [1].

Pfizer y BioNTech suministraron solamente al Estado sueco, por el momento, nueve veces más de dosis que al conjunto de países de ingresos bajos

La cartografía de la vacunación indica también muy claramente que una parte del mundo fue dejada de lado. Recordemos que, a comienzos de octubre de 2021, sobre las 5.760 millones de dosis inyectadas en el mundo, el 0,3% fueron a países de ingresos bajos donde viven 700 millones de personas. Solamente el 2,1% de la población de los 27 países de ingresos bajos recibieron una dosis de una vacuna contra la Covid-19, mientras que más del 60% de la población de Estados Unidos y Canadá y de Europa occidental está vacunado.

De los 5.760 millones de dosis inyectadas en el mundo, solo el 0,3 % fueron en países de ingresos bajos donde viven 700 millones de personas

Los gobernantes de unos pocos países ricos se oponen al levantamiento de las patentes que desean más de 100 países del Sur global. Entre los que se oponen de forma más notoria encontramos a la Unión Europea, Suiza y Japón. En el caso de Estados Unidos, aunque el presidente Joe Biden había anunciado, en mayo de 2021, que era favorable al levantamiento de las patentes, hasta ahora, no hizo lo necesario para convencer a los gobiernos que bloquean ese dosier en las Organización Mundial del Comercio (OMC).

 Gracias a las patentes y a la ayuda de los Estados, se dio al Big Pharma una renta ilegítima

Los precios que piden esas farmacéuticas por las vacunas anticovid son totalmente abusivos. Dos ejemplos: según los cálculos basados en las investigaciones de Public Citizen, la producción a gran escala de la vacuna Pfizer/BioNTech cuesta a la empresa solo 1,20 dólares por dosis [2]. La vacuna le cuesta a Moderna cerca de 2,85 dólares por dosis.2 No obstante Pfizer pide hasta 23,50 dólares por dosis en algunos países y Moderna llega a 37 dólares.

Las grandes industrias farmacéuticas privadas constituyeron un cártel para imponer precios abusivos para sus vacunas, para mantener las patentes, para realizar un gran aumento de los precios desde que se supera una nueva cifra en la pandemia. Estas industrias buscan sus máximos beneficios, pagando el mínimo posible de impuestos y así conseguir una renta garantizada durante al menos 20 años.

Para justificar esos precios elevados de las vacunas, medicamentos y tratamientos, los representantes de la industria farmacéutica ponen por delante el alto nivel de las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) y en los ensayos clínicos. Ese argumento es generalmente fácil de refutar, pero, en este caso de la producción de vacunas anticovid, cae por su propio peso ya que los gastos en I+D y en ensayos clínicos fueron financiados por los poderes públicos con el dinero de los contribuyentes.

Los gobiernos del Norte al decidir inyectar una tercera dosis de la vacuna favorecen a los intereses particulares del Big Pharma que obtendrá un beneficio extra. Si las patentes de las vacunas anticovid, de las pruebas (PCR, antígenos…) de los medicamentos no se levantan o simple y llanamente se suprimen, las grandes empresas que dominan el sector de la farmacia acumularán durante los próximos 20 años unos ingresos colosales a costa de la población, de los presupuestos de los Estados y de los sistemas públicos de salud. El dilema es por lo tanto enorme, puesto que sabemos que serán recomendadas o impuestas otras dosis a medida que surjan nuevas mutaciones del virus. Imaginemos una inyección anual durante 20 años con una vacuna protegida por una patente y por lo tanto vendida a un precio elevado… Eso genera una renta extraordinaria.

Imaginemos una inyección anual durante 20 años con una vacuna protegida por una patente y por lo tanto vendida a un precio elevado… Eso genera una renta extraordinaria.

En un dossier muy bien elaborado titulado «Los entresijos de la vacuna de Pfizer: una ganga formidable, única en esta época», el Financial Times explica que esa compañía estadounidense, en el marco de su acuerdo con la alemana BioNTech, se convirtió en líder en el dominio de la producción/comercialización de la vacuna anticovid, dejando atrás a sus competidoras Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Como Moderna, Pfizer/BioNTech dio prioridad absoluta a los mercados de los países ricos, y a fines de 2021, ya dominaba el 80 % del mercado de la Unión Europea y el 74 % del mercado estadounidense. Frente a los gobiernos del Sur global, ese Big Pharma es extremadamente exigente y les impone la modificación de su legislación como condición previa al suministro de las vacunas. En su artículo el Financial Times dice:

«Antes de dar la conformidad del acuerdo, Pfizer pide a los países que cambien leyes nacionales para proteger a los fabricantes de la vacuna de eventuales procedimientos judiciales (…). Desde Líbano hasta Filipinas, los gobiernos nacionales cambiaron las leyes para garantizar el suministro de vacunas.» [3]

En América Latina se denuncia exactamente el mismo comportamiento de Pfizer. [4] Pfizer consiguió que los países modificaran su legislación nacional con el fin de proteger a los fabricantes de vacunas contra demandas judiciales

El Financial Times cita a Jarbas Barbosa, el director adjunto de la Organización Panamericana de la Salud, quien declara que las condiciones que impone Pfizer son «abusivas, en un momento en que debido a la urgencia los gobiernos no pueden negarse». [5]

El diario financiero londinense explica que las negociaciones con Sudáfrica fueron particularmente tensas. El gobierno se queja de las «exigencias excesivas» de Pfizer, calificadas así por su exministro de Salud, Zweli Mkhize. Y eso retardó la entrega de las vacunas. Según el Financial Times, en una etapa de la negociación, Pfizer le pidió al gobierno sudafricano de poner activos soberanos como garantía para cubrir los costes de cualquier posible compensación, que el gobierno rechazó. Según las personas que conocen bien el dosier, el Tesoro sudafricano rechazo firmar ese acuerdo con Pfizer, como le pedía el ministerio de Salud, ya que ese paso equivalía a «una entrega de la soberanía nacional»

El Financial Times agrega que «Pfizer insistió en la indemnización contra demandas civiles y pidió al gobierno que financie un fondo de indemnización.» Según un alto funcionario, conocedor de los esfuerzos para conseguir las vacunas, los sudafricanos le dijeron: «Esos tipos nos meten una pistola en la sien». [6]

La organización sudafricana «Health Justice» ([Justicia para la Salud] se apresta a hacer una demanda judicial para lograr imponer la publicación de los contratos firmados por Pfizer y el gobierno de Sudáfrica. «Queremos saber con qué otras cosas jugaron duro» declaró Fatima Hassan, la fundadora de Health Justice. «Una empresa privada no puede tener tanto poder. El contrato debería hacerse público. Mostraría lo que Pfizer logró obtener de países soberanos de todo el mundo.»

El comportamiento escandaloso de los gobiernos capitalistas más industrializados, que ampliaron deliberadamente la brecha que los separa de los pueblos de países de ingresos bajos, está ilustrado por la tercera dosis de la vacuna. Hasta noviembre de 2021, esos gobiernos hicieron administrar la tercera dosis de la vacuna a 120 millones de habitantes de los países ricos mientras que el total de vacunas administradas en los países empobrecidos llega apenas a 60 millones de personas. [7] Se trata realmente de un apartheid en salud pública.

En agosto de 2021, menos del 2 % de los 1.300 millones de africanos estaban completamente vacunados, contra más del 60 % de los habitantes de Europa occidental, de Estados Unidos y Canadá

Por otro lado, Amnistía Internacional tiene razón en denunciar a AstraZeneca, BioNTech, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax ya que «esas seis empresas, al mando del despliegue de vacunas contra la Covid-19, alimentan una crisis de derechos humanos sin precedentes al negarse a renunciar a sus derechos de propiedad intelectual y compartir su tecnología, y además, la mayoría de esas industrias farmacéuticas se abstienen de enviar vacunas a los países pobres.» [8]

 COVAX no es la solución

Los gobiernos de los países del Sur deberán endeudarse si quieren ver a su población vacunada, ya que las iniciativas del tipo COVAX son totalmente insuficientes y consolidan la influencia del sector privado. COVAX está codirigido por tres entidades: 1. La Alianza GAVI, una estructura privada en la que participan empresas y Estados. 2. La Coalición para las innovaciones sobre la preparación a las epidemias (CEPI), que es otra estructura privada en la que participan igualmente firmas capitalistas y Estados. 3. La Organización Mundial de la Salud, OMS, que es una agencia especializada de las Naciones Unidas.

Según Amnistía Internacional, AstraZeneca, BioNTech, Johnson&Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer, al mando del despliegue de vacunas contra la Covid-19, alimentan una crisis de derechos humanos sin precedentes

Entre las empresas que financian e influyen en GAVI se encuentran, especialmente, la Fundación Bill & Melinda Gates, la Fundación Rockefeller, Blackberry, Coca Cola, Google, la Federación internacional de comercialización de productos farmacéuticos (International Federation of Pharmaceutical Wholesalers), el banco español CaixaBank, el banco UBS (principal banco suizo privado y el mayor banco de gestión de fortunas en el mundo), las sociedades financieras Mastercard y Visa, el constructor de motores para aviones Pratt & Whitney, la firma multinacional estadounidense especializada en los bienes de consumo corrientes (higiene general y personal) Procter & Gamble, la multinacional agroalimentaria neerlando-británica Unilever, la sociedad petrolera Shell International, la firma sueca de streaming musical Spotify, la firma china TikTok, la compañía de automóviles Toyota,… [9]

Entre las empresas que financian e influyen Covax: la Fundación Bill & Melinda Gates, la Fundación Rockefeller, Blackberry, Coca Cola, Google, el banco USB principal banco privado suizo y el mayor banco de gestión de fortunas en el mundo), las sociedades financieras Mastercard y Visa, la sociedad petrolera Shell

La segunda estructura que codirige COVAX es la Coalición para las innovaciones sobre la preparación para las epidemias (CEPI), que fue fundada en Davos en 2017, con ocasión de una reunión del Foro Económico Mundial. Entre las sociedades privadas que financian e influyen fuertemente en el CEPI, encontramos, otra vez, a la Fundación Bill & Melinda Gates, que invirtió 460 millones de dólares.

La composición de la iniciativa COVAX nos dice mucho sobre la renuncia de los Estados y de la OMS a responsabilizarse de la lucha contra la pandemia en particular y con respecto a la salud pública en general. Eso se enmarca en la ola de neoliberalismo que inunda el planeta desde los años 1980. El Secretario General de las Naciones Unidas así como las direcciones de las agencias especializadas del sistema de la ONU (por ejemplo la OMS encargada de la salud y la FAO encargada de la agricultura y de la alimentación) sufrieron una fuerte evolución, en la mala dirección, durante los últimos treinta o cuarenta años. Desde esa época se remitieron cada vez más a la iniciativa privada dirigida por un número restringido de grandes empresas de acción planetaria. Los jefes de Estado y de gobierno tomaron el mismo camino. Podríamos decir que son los gobiernos los que tomaron la iniciativa pero, al hacerlo, se aceptó que esas grandes empresas se vean asociadas a las decisiones, y salgan favorecidas en las opciones elegidas. [10]

La composición de la iniciativa COVAX dice mucho sobre la renuncia de los Estados y de la OMS a responsabilizarse de la lucha contra la pandemia y con respecto a la salud pública en general

Recordemos que hace más de 20 años que los investigadores y las investigadoras y los movimientos sociales, especializados en el ámbito de la salud, propusieron que las administraciones públicas invirtieran dinero suficiente para producir medicamentos eficaces y vacunas contra los diferentes virus de «nueva generación» ligados al aumento de las zoonosis.

Una gran mayoría de Estados prefirió remitirse para ese problema al sector privado, permitiéndole tener acceso a los resultados de investigaciones realizadas por organismos públicos, cuando, en realidad, lo necesario era invertir directamente en la producción de vacunas y de tratamientos en el marco de un servicio público de salud.

Ya lo hemos visto: la iniciativa COVAX no constituye en absoluto una solución. COVAX había prometido suministrar, antes del final de 2021, 2.000 millones de dosis a los países del Sur que las pidieran y que estén asociados a la iniciativa. En realidad, se constató que a principios de septiembre de 2021, solamente 243 millones de dosis fueron enviadas al Sur. [11] Así que, como consecuencia, el objetivo de los 2.000 millones de dosis se retrasa al primer semestre de 2022.

Ninguna de las grandes potencias del Norte cumplió con las promesas que había hecho. Por ejemplo: La Unión Europea se había comprometido a entregar 200 millones de dosis a los países más pobres antes del final de 2021, pero, hasta ahora solo se enviaron unos 20 millones, como lo reconoció el martes 7 de septiembre de 2021, Clement Beaune, secretario de Estado encargado de los Asuntos europeos dentro del gobierno francés. [12]

Según un balance oficial realizado en diciembre de 2021, COVAX, hasta este momento, solamente entregó 600 millones de dosis a 114 países o territorios, muy lejos del objetivo inicial de 2.000 millones para el año 2021. Al día de hoy, se han administrado 9 dosis por cada 100 habitantes en los países de ingresos bajos (según el Banco Mundial). Como comparación, la media mundial llega a 104 dosis por cada 100 habitantes. Esa cifra llega a 149 dosis por cada 100 habitantes en los países de ingresos altos.

Según un balance oficial realizado en diciembre de 2021, COVAX, hasta este momento, solamente entregó 600 millones de dosis a 114 países o territorios, muy lejos del objetivo inicial de 2.000 millones para el año 2021. Al día de hoy, se han administrado 9 dosis por cada 100 habitantes en los países de ingresos bajos (según el Banco Mundial). Como comparación, la media mundial llega a 104 dosis por cada 100 habitantes. Esa cifra llega a 149 dosis por cada 100 habitantes en los países de ingresos altos.

África es el continente menos vacunado, con 18 dosis por cada 100 habitantes. [13]

C-TAP (Covid-19 Technology Access Pool, en castellano Grupo de acceso a las tecnologías contra la Covid-19) es otra iniciativa decepcionante tomada por la OMS. C-TAP incluye los mismos protagonistas que COVAX. Fue creada para poner en común la propiedad intelectual, los datos y los procedimientos de fabricación, alentando a las firmas farmacéuticas poseedoras de patentes a conceder a otras compañías el derecho de producir vacunas, medicamentos o tratamientos, facilitando la transferencia de tecnología. Ahora bien, hasta hoy, ningún fabricante privado de vacunas compartió sus patentes o sus conocimientos por medio del C-TAP [14].

Hasta hoy, ningún fabricante privado de vacunas compartió sus patentes o conocimientos por medio del C-TAP

Frente al fracaso de COVAX y de C-TAP, los y las firmantes del manifiesto ¡Acabemos con el sistema de patentes privadas!, lanzado por el CADTM en mayo de 2021 tienen razón en afirmar que: «Iniciativas como COVAX y C-TAP fracasaron lamentablemente, no solo debido a su falta de adecuación, sino, sobre todo, porque responden al fracaso del sistema actual de gobernanza mundial por parte de iniciativas en las que los países ricos y las multinacionales, a menudo bajo la forma de fundaciones, tratan de remodelar el orden mundial a su gusto. La filantropía y las iniciativas público-privadas en pleno auge no son la solución. Y todavía lo son menos frente a los retos planetarios actuales en un mundo dominado por Estados e industrias guiadas solamente por la ley del mercado y el máximo beneficio. [15]

Los firmantes del Manifiesto avanzan 8 exigencias principales:

1.- La suspensión de las patentes privadas de todas las tecnologías, conocimientos, tratamientos y vacunas ligadas a la Covid-19.

2.- La eliminación de los secretos comerciales y la publicación de la información sobre los costes de producción y las inversiones públicas utilizadas, de manera clara y accesible para toda la población.

3.- La transparencia y el control público en todas las etapas del desarrollo de la vacuna.

4.- El acceso universal, libre y gratuito a la vacunación y a los tratamientos.

5.- La expropiación y la socialización bajo control ciudadano de la industria farmacéutica privada como base de un sistema público y universal de salud que favorezca la producción de tratamientos y medicamentos genéricos.

6.- El aumento de las inversiones y de los presupuestos públicos dedicados a las políticas públicas de salud y de atención sanitaria de proximidad, que incluya un aumento de la contratación, de los salarios y una mejora de las condiciones de trabajo del personal de esos sectores.

7.- La introducción de impuestos sobre la riqueza (patrimonio e ingresos del 1 % más rico) para financiar la lucha contra la pandemia y garantizar una salida socialmente justa y ecológicamente perenne de las diferentes crisis del capitalismo mundial.

8.- La suspensión del pago de las deudas durante la duración de la pandemia y la anulación de las deudas ilegítimas y de aquellas contraídas para financiar la lucha contra el virus.

Es necesario suspender el pago de las deudas durante el tiempo que dure la pandemia y anular las deudas ilegítimas y aquellas contraídas para financiar la lucha contra el virus

Entre los firmantes están Noam Chomsky y Nancy Fraser de Estados Unidos, Naomi Klein de Canadá, Arundhati Roy y Tithi Bhattacharya de India, Silvia Federici y Cinzia Arruzza de Italia, responsables sindicales, responsables asociativos, más de 80 parlamentarios (de Alemania, Bolivia, Brasil, Colombia, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, de la República Checa…), incluido el presidente del Senado boliviano y 22 miembros del Parlamento Europeo. [16] Más de 250 organizaciones también firmaron el Manifiesto a nivel internacional. [17]

Notas