La ocupación militar de América Latina y el Caribe
Durante el siglo XIX, el injusto orden oligárquico heredado de la Colonia propició numerosas guerras civiles. Pero fuera de las gestas independentistas, en nuestra región han sido escasos los conflictos internacionales, en su mayoría incoados por intereses financieros extraños a Nuestra América.
Para manifestar su vocación pacífica, los gobiernos de América Latina y el Caribe suscribieron en México el 14 de febrero de 1967 el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe el desarrollo, almacenamiento o empleo de armas nucleares en la región y restringe la energía atómica para usos pacíficos. De hecho, el acuerdo reserva el uso de tales artefactos a la única potencia del hemisferio que los posee en el hemisferio, Estados Unidos.
En el mismo sentido, el 29 de enero de 2014 los mandatarios de los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) suscribieron en la Habana la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, en la cual afirman “nuestro compromiso de que en América Latina y el Caribe se consolide una zona de paz, en la cual las diferencias entre las naciones se resuelvan de forma pacífica, por la vía del diálogo y la negociación u otras formas de solución, y en plena consonancia con el derecho internacional”.
Lo ratificaron Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
En contraste con esta firme y explícita vocación por la paz de los pueblos latinoamericanos y caribeños, a partir de 1817 Estados Unidos perpetra más de medio centenar de intervenciones armadas en Nuestra América, algunas seguidas de vastos despojos, como la que en 1848 arrebató a México más de la mitad de su territorio, la que en 1899 interfirió en la Independencia de Cuba y anexó a Puerto Rico y la que en 1904 apropió la zona del Canal de Panamá.
En virtud de ello, dos siglos después de la batalla de Ayacucho encontramos buena parte de Nuestra América militarmente ocupada de nuevo por tropas extrañas a la región. Sólo que estas milicias no han libraron batallas para instalar sus enclaves en los que fueron territorios independientes: en la mayoría de los casos las ocuparon con el consentimiento de gobiernos apátridas.
Estados Unidos, que dispone de unas 6.000 bases militares en su territorio y unas 800 en el resto del mundo, cuenta actualmente con unas 76 bases militares en territorio de Nuestra América: casi el doble del número de países de la región.
Demasiado extenso sería mencionar todos estos enclaves. En Argentina hay un territorio ocupado por Estados Unidos en Tolhuin, Tierra del Fuego, una base en Resistencia, provincia del Chaco: avanza la instalación de otra en Neuquén, y otra en Vaca Muerta, cerca de importantes yacimientos petrolíferos. El nuevo gobierno neoliberal seguramente autorizará de manera expedita otros enclaves. Chile soporta uno cerca de Valparaíso.
En Colombia nueve bases militares estadounidenses interfieren gravemente en los asuntos internos: de hecho, cada aeropuerto colombiano es un bastión que aloja, abastece y repara aeronaves bélicas norteñas. En Cuba permanece el enclave de Guantánamo, a pesar de la acérrima oposición de pueblo y autoridades. El gobierno de Rafael Correa libró a Ecuador de la base de Manta: el neoliberal Noboa cedió para el mismo uso las islas Galápagos, con mortal daño para la ecología del archipiélago, y admitió una invasión de tropas estadounidenses con el pretexto del combate al hampa.
Haití ha sido repetida y prolongadamente ocupada por soldados norteños, con resultados desastrosos. En Honduras, tres bases militares participaron en el golpe contra Manuel Zelaya. En Panamá 12 bases prolongan la ocupación militar, a pesar de los acuerdos Torrijos-Carter que reconocen la soberanía panameña sobre el canal. Paraguay soporta dos, que amenazan el acuífero guaraní y el triángulo del litio. En Perú 8 enclaves apoyan la represión de la dictadora Dina Boluarte.
En Puerto Rico 12 bases mantienen por la fuerza la condición humillante de país libre asociado. A las mencionadas se suman bases estadounidenses en Aruba, Curazao, Costa Rica y El Salvador. A las cuales se añaden un número secreto e indefinido de “cuasi-bases” que cooperan en tareas de espionaje, comunicación, intendencia y en general injerencia en los asuntos locales.
También siembra sus enclaves en la región la Organización del Tratado del Atlántico Norte, brazo armado europeo de Estados Unidos. Dicha alianza militar mantiene bases en las Malvinas, Belice, Guadalupe y Martinica. Argentina es “aliado principal extra-Otan” desde 1997, Brasil desde 2019, Colombia es “socio global de la Otan” desde 2022. Tropas europeas custodian el Departamento Ultramarino de Guyana.
Por la fuerza bruta o el consentimiento de gobiernos apátridas, América Latina y el Caribe ha devenido en la práctica una región militarmente ocupada.
Cuando hay dos gallos en un corral, uno está haciendo el papel de gallina. La simultánea presencia de fuerzas armadas extranjeras y nacionales en el mismo territorio implica un conflicto, una capitulación, o que las últimas servirán de carne de cañón para los intereses de las primeras.
Extraterritorialidad
La extrema gravedad de la ocupación militar de Nuestra América se comprende si se tiene en cuenta que los países invasores además pretenden para sus bases y soldados en el exterior la condición de extraterritorialidad. Vale decir, 1) la nación ocupada no puede inspeccionar lo que sucede en las instalaciones militares extranjeras situadas en su territorio, y 2) los efectivos del ejército de ocupación son dotados formalmente de inmunidad diplomática, de manera que sus delitos, atrocidades y crímenes de lesa humanidad no pueden ser juzgados de acuerdo con la Constitución y las leyes locales.
Así como los capitalistas extranjeros de las zonas económicas especiales no están sujetos a las leyes tributarias ni laborales ni a los tribunales nacionales, los ocupantes extranjeros son inmunes a las leyes y juzgados del país que ocupan. Para mantener tales atropellos, la doctrina militar de Estados Unidos es reajustada periódicamente, como lo hizo el plan de guerra del presidente William Clinton, puesto en marcha en la Primera Cumbre de las Américas en Miami en 1994.
Dicho plan presenta tres objetivos estratégicos en tres frentes conexos a ser logrados antes del año 2006: 1) la reconquista económica, mediante el Alca, 2) la reconquista política, 3) la reconquista propiamente militar y 4) la apropiación de la Amazonia, añadida posteriormente.
La “reconquista militar” de América Latina y el Caribe se prepara mediante organismos de intervención hemisférica militar creados por William Clinton en 1995: la Conferencia de Ministros de Defensa de América, que acogió la doctrina de la Carta Democrática de la OEA el año 2002 en su quinta reunión en Santiago de Chile, y el Centro Hemisférico de Estudios para la Defensa.
Al examinar las posibilidades de “reconquista militar” se ha de tener en cuenta que Estados Unidos dispone de 1.328.800 soldados en servicio activo. Según datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, para 2001 América Latina y el Caribe disponía de 1.251.000 efectivos: es posible que en la actualidad iguale la cifra de los estadounidenses.
A la potencia del Norte le sería sumamente dispendioso, complicado y exigente mantener una fuerza de ocupación de sus nacionales en Nuestra América. Para entrenarla y mantenerla deberían reclutar y equipar una tropa por lo menos equivalente a la de la suma de los ejércitos locales, lo cual implicaría duplicar su contingente actual, devendría sumamente oneroso y la forzaría a debilitar sus otros frentes estratégicos mundiales.
La ocupación militar total de Nuestra América por Estados Unidos es por tanto imposible. Ha sido nuestra desunión y nuestra falta de solidaridad, cuando no nuestra colaboración, la que permitió que la potencia norteña impusiera su voluntad mediante consecutivas intervenciones focalizadas en repúblicas que no tuvieron más remedio que enfrentarse diplomática y estratégicamente solas al desmesurado poderío del coloso norteño.
Por tanto, lo ideal para Estados Unidos sería que su hegemonía sobre América Latina y el Caribe fuera mantenida por efectivos de las propias naciones de esta, costeados en lo posible por los propios pueblos ocupados.
Así, en 1963 los estadounidenses apoyaron el derrocamiento del gobierno democráticamente electo de Juan Bosch en la República Dominicana, y para evitar que el coronel Caamaño Deñó lo repusiera en el mando, los marines contaron en 1965 con el apoyo de contingentes de las dictaduras latinoamericanas de ese entonces en Brasil, Nicaragua, Honduras y Paraguay.
Una resolución de la OEA legitimó el bloqueo contra Cuba. La diplomacia de Estados Unidos obtuvo de un grupo de pequeñas islas del Caribe la solicitud para la invasión de Granada en 1983. Repetidos intentos de desestabilización e invasión contra Venezuela han partido de los países limítrofes desde 2002.
Es posible que, valiéndose de su progresiva ocupación militar de Nuestra América, intente Estados Unidos revitalizar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) de 1947, especie de complemento de la doctrina Monroe y predecesor de la Otan, que preveía el uso conjunto de fuerzas de los países de América contra cualquier agresión.
Dicho tratado fue suscrito por Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Venezuela, Estados Unidos y Uruguay. Ha sido invocado una veintena de veces sin mayores efectos, pero falleció de muerte natural cuando, en 1982, para reivindicar su dominio sobre las Malvinas, Gran Bretaña agredió militarmente a Argentina, y ni Estados Unidos ni los restantes países del pacto movieron un dedo para defender a esta última.
Desde entonces, quedó claro que el instrumento sólo sería aplicado en favor de los intereses de Estados Unidos. Por tal razón, México lo abandonó en 2002; Venezuela, Nicaragua y Bolivia en 2012.
Sin embargo, la proliferación de bases militares de la Alianza Atlántica hace previsible una revitalización del Tiar. Los imperios en declive tienden a sustituir sus ejércitos nacionales por milicias de mercenarios reclutados entre los mismos pueblos colonizados. La Roma de la decadencia nutrió sus legiones con mercenarios de las provincias conquistadas; los británicos sostuvieron su dominación sobre la India con cipayos; la Alianza Atlántica mantiene su dominio sobre Europa con milicias de los pueblos sometidos por la Organización del Atlántico Norte.
Venezuela tiene hoy en día en su vecindad países infestados de bases militares estadounidenses o de la Otan: Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Aruba, Curazao, Guadalupe, Martinica. En el Sur, el “Aliado Principal Extra-Otan”, Brasil, desconoce nuestras elecciones y por tanto nuestro gobierno. En su frontera oriental, la República Cooperativa de Guyana entrega recursos de la Zona en Reclamación, permite continuos ejercicios militares intimidatorios de Estados Unidos y otros países y recibe masivos contingentes de armamentos. Es de temer un atentado de falsa bandera que sirva de pretexto a las potencias ávidas de hidrocarburos para asaltar nuestras riquezas.
América Latina y el Caribe necesita con urgencia un nuevo Ayacucho.