La lucha por la tierra en la Venezuela actual
Eduardo Viloria Daboín |
Uno
El año 2018 fue, entre los recientes, el más duro para quienes en Venezuela luchan por la democratización de la tierra. Paradójicamente, se trata del año siguiente a la celebración del bicentenario del natalicio de Ezequiel Zamora, líder histórico de la lucha por la tierra en nuestro país, a quien el presidente Nicolás Maduro, reivindicó en Gaceta Oficial como “guía indudable para la construcción de una sociedad más justa”. No en balde Zamora, junto a Bolívar y Simón Rodríguez, forma la triada de las tres raíces del bolivarianismo como proyecto.
Sin embargo, desalojos violentos, violación a derechos humanos, dilación administrativa y burocratismo, compromisos institucionales incumplidos, amenazas de grupos armados, sicariato, fueron, en lo concreto, a lo que se enfrentaron los hombres y mujeres que forman parte del movimiento campesino venezolano durante 2018.
La respuesta de este movimiento ante tan compleja realidad fue dar la batalla, con organización, formación, trabajo productivo, movilización y trabajo comunicacional. Como contracara a esta combatividad, durante los conflictos, en sus momentos más álgidos, cuando se denunciaron desalojos, amenazas e incluso asesinatos de campesinos, los medios públicos, los medios de la revolución bolivariana, que se supone deben ser voceros del sentir y clamor popular, guardaron silencio.
También callaron las autoridades, a todos los niveles: el ministro Castro Soteldo, el presidente del Inti, Luis Soteldo, los demás ministros y ministras, las autoridades policiales y de la FANB, alcaldes(as), gobernadores, autoridades públicas de justicia y derechos humanos. Vale mencionar la excepción del fiscal Tarek William Saab, que anunció el mismo la solicitud de captura contra Ricardo Mora, aunque luego la cosa no haya pasado de allí.
Sin embargo, a pesar de esa pared de silencio, la lucha campesina, con sus problemas y exigencias, logró trascender el cerco y convertirse en tema de debate nacional. Para ello hizo falta audacia, articulación de fuerzas campesinas, articulación de medios alternativos y periodistas clave, sacrificio, organización y movilización.
Para lograr la ruptura de este cerco, fue clave el esfuerzo que se hizo para denunciar y visibilizar la detención ilegal de 32 campesinos en El Vigía, estado Mérida, entre quienes estaba una mujer, Angélica, con su hija lactante de tres meses de edad. Finalmente, el caso llegó a oídos del presidente Maduro y el atropello se conoció a nivel nacional, gracias al 
pronunciamiento que el presidente hizo en cadena de radio y televisión, condenando el hecho, exigiendo la liberación inmediata de las personas detenidas, ordenando la investigación y castigo a los funcionarios responsables del atropello y el avance expedito en los procesos de rescate de tierra en el país. Además, prohibió expresamente los desalojos a campesinos y la reversión de instrumentos agrarios entregados a campesinos por la revolución bolivariana.
A raíz de esta alocución del presidente Maduro, se adelantaron algunas acciones y se logró frenar la práctica de desalojos arbitrarios en las que se utilizaban distintas fuerzas de seguridad públicas para ejecutarlos. Pero otras prácticas permanecieron y permanecen intactas: la dilación administrativa en el INTI, la realización de informes técnicos amañados para favorecer a los y las terratenientes, la expedición de medidas de protección a ganado o cultivos prácticamente inexistentes de los y las terratenientes, el acoso judicial a dirigentes campesinos(as) y la criminalización. Las instrucciones del presidente, en ese sentido, quedaron sin cumplirse.
Al respecto, es emblemático el acto que en junio de 2018 encabezó el presidente del Inti, Luis Soteldo, en Tucaní, estado Mérida, en el que se anunció la entrega expedita de ocho predios a los campesinos y campesinas de la zona del Sur del Lago: al día de hoy uno solo de todos esos predios, el predio El Carmen, ha sido formalmente entregado, con su correspondiente Carta Agraria Socialista; todos los demás, y otros diez que no fueron mencionados por Soteldo, siguen esperando.
Con el paso de los meses, ante el incumplimiento por parte de los funcionarios a los cuales el presidente Maduro les encargó la responsabilidad de garantizar la satisfacción de las demandas campesinas, el conflicto fue ganando intensidad, y se dieron un conjunto de acciones, de movilizaciones para presionar al respecto, las cuales lograron también la necesaria repercusión nacional, la ruptura del cerco. Algunas de estas acciones fueron unitarias, como la toma del INTI de Barinas del 26 de junio.
Otras, como la Marcha Campesina Admirable, en la que un grupo de campesinos y campesinas marchó a pie desde Portuguesa hasta Caracas para hacerse recibir por el propio presidente Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello y la vicepresidenta Delcy Rodríguez el 2 de agosto. Otra acción que apuntó a construir y reunificar el movimiento campesino, fue el lanzamiento público de la Alianza Nacional Productiva, en una gran asamblea en Yaracuy el 11 de agosto con más de 250 dirigentes campesinos de distintos estados del país.
Como contra-cara de este accionar dinámico y potente del movimiento campesino actuaban también las fuerzas oscuras de los(as) latifundistas y las mafias agrarias. El uso de grupos armados para amenazar y amedrentar a los campesinos y la práctica del sicariato cobró nuevamente fuerza en el país. Fueron múltiples, por ejemplo, las denuncias concretas de amenazas y agresiones a campesinos(as) por parte de hombres fuertemente armados en el Sur del Lago, denuncias todas hechas de frente, poniendo el rostro, mencionando con nombre y apellido la presencia, durante las acciones armadas, de terratenientes como Rogelio Artega, Eduardo Celis o Ramón Meza.
El mismo día que el presidente Maduro realizaba el acto público con los integrantes de la Marcha Campesina Admirable, casi en simultáneo, era asesinado cruelmente en el estado Barinas, con las más horrendas manifestaciones de la peor de las violencias paramilitares, Orlando Reyes Parra, dirigente campesino del predio La Escondida, quien en reiteradas oportunidades había hecho públicas las amenazas del terrateniente Ricardo Mora.
Un par de semanas después fue asesinado de un tiro certero en el corazón el adolescente de 16 años Kendri Márquez, mientras se desplazaba en su moto por la carretera panamericana en el estado Mérida. A estos asesinatos se suman el de Guillermo Toledo y Jesús León en Barinas, el de Luis Fajardo en Mérida y el de José Aguilar en Barinas, éste último durante la misma operación de sicariato en la que se asesinó en La Escondida a Reyes Parra.
El año finalizó con una masiva movilización en San Cristóbal, Táchira, el 20 de noviembre, organizada por la Alianza Nacional Productiva, en la que 1500 campesinos(as) llegaron al MAT con un conjunto de propuestas que incluyeron una serie de predios ociosos para rescatar. Ese día se estableció el compromiso institucional de avanzar en esa dirección y hasta el día de hoy esos avances no se han materializado.
Dos
En lo que va de 2019 la realidad no parece distinta: la lucha campesina sigue intensificándose, la falta de respuesta institucional y el accionar efectivo de las mafias agrarias sigue marcando la pauta. El asesinato, el 10 de enero, de José de La Cruz Márquez, dirigente campesino del predio Buena Esperanza, en el Zulia, era ya un anuncio de las batallas que el movimiento campesino habría de dar este año por la democratización de la tierra.
La primera batalla es ya cotidiana: se trata de la que se lleva a cabo contra las instituciones agrarias que dilatan hasta el infinito los procedimientos técnicos y administrativos para avanzar en la concreción de la Carta Agraria Socialista a los campesinos y campesinas, en un accionar que favorece claramente a los y las terratenientes: dejan pasar los lapsos 
establecidos en la ley para que, por un lado, las inspecciones que arrojaron la improductividad necesaria para autorizar el rescate pueda ser modificada de forma fraudulenta por los presuntos terratenientes, y por otro , les dé tiempo de conseguir y articular los “favores” de jueces agrarios que dictan medidas de desalojo y de protección a su tierra y a su supuesta “producción”, o el de fiscales del Ministerio Público que abran investigaciones y acosen judicialmente a dirigentes campesinos.
Si el INTI procediera con celeridad y eficiencia en los procesos técnicos y administrativos que se requieren luego de que se denuncia un predio como ocioso, se inspecciona para autorizar el rescate y se dicta la medida de aseguramiento a favor de los campesinos, ninguna de las complicaciones posteriores ocurriría.
Ahora bien, ¿por qué autorizar un rescate, dictar aseguramiento a favor de campesinos, notificar del rescate al presunto propietario, si al final lo que se va es a dilatar el proceso y no resolverlo expeditamente a favor del pueblo campesino? ¿Será que allí empieza el negocio? ¿Será que es usada la Ley de Tierras como instrumento de extorsión en el que quienes luchan por la tierra quedan atrapados y utilizados no más que para el lucro de funcionarios corruptos y de mafias agrarias? Sin duda alguna, este es un tema en el que hay que ahondar y en el que debería haber una investigación seria y a fondo, porque llama la atención la excesiva cantidad de procesos de rescate de tierras en los que, luego de iniciado el rescate, todo queda en un estancamiento infinito.
Otra de las batallas es la pelea contra los desalojos y contra la reversión de procesos de rescate de tierras. Allí baste mencionar tres casos que en las últimas semanas vienen haciéndose emblemáticos: el Hato las Mercedes, en Barinas, el predio Montecarlo, en Mérida, y el predio Los Tramojos, en Guárico.
En Las Mercedes, se trata de un proceso que lleva más de 7 años. El 23 de mayo, a partir de una orden del juez del tribunal agrario de Socopó, Orlando Contreras, se inició un intento de desalojo a los consejos campesinos que luchan el rescate de 7777 hectáreas de tierra, de un total de 14.812 hectáreas que tiene la finca completa. En este caso hay ya una resolución del INTI desde marzo del año pasado, que establece el rescate a favor de los y las campesinos(as). 
Ahora bien: ¿cómo hizo Inversiones Rizsa SA, representada por Ignacio Riera, supuesta propietaria del hato, para lograr la orden de desalojo dictada por el juez Contreras? ¿Cómo logró la familia Riera Zubillaga que ese día 15 vehículos de fuerzas de seguridad entre GNB y policía de Barinas se presentaran en el predio y lograran desalojar dos de los ocho Consejos Campesinos que ocupan y trabajan las tierras? Cabe mencionar que el nombre del juez Orlando Contreras también aparece involucrado en casos similares como los de los predios La Primavera y Palo Quemao, donde, dicho sea de paso, fueron asesinados como parte del conflicto por la tierra los campesinos Guillermo Toledo y Jesús León el 12 de mayo de 2018.
El desalojo logró detenerse, gracias a la intervención del constituyente Pedro Alvarado y del diputado al consejo legislativo Juan Carlos Pinto, ambos militantes de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, a la rápida movilización de los campesinos, a la solidez de sus espacios organizativos y a la activación de los resortes comunicacionales alternativos. Se instalaron unas mesas de trabajo con presencia de las autoridades agrarias para trabajar el caso y avanzar en una solución.
Sin embargo, pasan los días y no llegan las respuestas. Al contrario, aparecen nuevamente las amenazas de desalojo y ruedan informaciones sobre la preparación de una decisión a puertas cerradas, sin participación de los consejos campesinos, quienes por su parte no han dejado de mantenerse activos: vinieron a Caracas a denunciar directamente el caso en la Vicepresidencia de la República, en el INTI y en el Tribunal Supremo de Justicia. La incertidumbre continúa, la angustia, cosa que no impide que los espacios del predio que ocupan los y las campesinas estén plenamente productivos, como lo evidencian la multiplicidad de videos y fotografías que han hecho circular en redes sociales.
En el caso del predio Montecarlo, en el municipio merideño Alberto Adriani al Sur de Lago de maracaibo, es necesario mencionar que se trata del predio por cuya lucha fue asesinado Kendri Márquez, de 16 años de edad, luego de reiteradas amenazas por parte de voceros de la terrateniente Mirella Vega. A la fecha, la justicia no ha actuado. La muerte de Kendri permanece totalmente impune. En el caso de este predio, el Consejo Campesino “Tierra, Hombres y Mujeres Libres” lucha el rescate de la tierra desde hace 10 meses, luego de que la finca permaneciera abandonada por más de ocho años. Los avances administrativos ante el INTI, en este caso, son mínimos, a pesar de haberse producido ya un asesinato.
El 15 de mayo de este año una comisión que dijo actuar a nombre de la Vicepresidencia de la República (cosa que no ha sido desmentida por la institución), integrada por el representante de la defensoría del pueblo, Alejandro Mora, la jueza de los tribunales agrarios en primera instancia de El Vigía, Carmen Rosales, el teniente primero de la FANB de dicha zona, de apellido Contreras, y el fiscal de la fiscalía 6ta, Jesús Leonardo Ojeda Coronel, además de la abogada Marlin Sosa, se presentó en el sitio con la finalidad de notificar al consejo campesino que deben desalojar el predio a la brevedad posible.
Luego, el 14 de junio, se repitió una visita con la misma finalidad, esta vez con la presencia de la Jueza Agraria de El Vigía Carmen Rosales, el fiscal general Camilo Bastos, el abogado del INTI, Luis Rangel, y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Aquí caben las mismas preguntas que en el caso de La Mercedes. ¿Cómo logró la terrateniente Mirella Vega tal articulación institucional contra los y las campesinos(as)? ¿Cómo ha logrado que a lo largo de este año la justicia no la haya investigado y mucho menos castigado por el asesinato de Kendri Márquez?
Alguna autoridad debería responder estas preguntas, ¿cierto? En este caso, además, pretende criminalizarse al consejo campesino por la muerte de ganado, cuando los campesinos han demostrado que el poco ganado abandonado allí por la terrateniente carece de alimento porque los propios empleados de la finca eliminaron el pasto precisamente para criminalizar al consejo campesino.
El tercer caso es el del predio Los Tramojos, en el estado Guárico. Se trata de tierras que en 2010 fueron declaradas como tierras ociosas, adjudicadas legítimamente y ratificadas en 2017 por el Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras. Durante 7 años, las más de 40 familias que integran este rescate permanecieron en el predio, trabajando la tierra, sembrando e invirtiendo en bienechurías. A finales del 2016 se dio inicio a una serie de atropellos que terminaron con el desalojo arbitrario, lo cual implicó la pérdida de viviendas, enseres, animales y plantas. Fueron criminalizados, algunos privados de libertad y acusados de desobediencia a la autoridad y/o ocupación irregular.
El 18 de junio, luego de decidir retomar la lucha por esas tierras, los campesinos y campesinas del Consejo Campesino Zamorano, articulados con la Plataforma de Lucha Campesina, intentaron ingresar nuevamente al predio, y fueron violentados y amedrentados por la policía de Guárico y el FAES, conflicto en el que a dos comunicadores populares les fueron quitados sus equipos (aunque fueron devueltos, antes se les eliminó el material que había sido registrado).
Voceros campesinos involucrados en los hechos informan que en la acción no estuvo presente el INTI, el Tribunal Agrario, la Defensoría del Pueblo, pero sí el Gerente General de la Agropecuaria Los Tramojos, José Elías Chirimelli, acompañado de su abogado y de los mencionados cuerpos de seguridad. También denunciaron la retención irregular por parte del FAES del dirigente Jesús Osorio. Nuevamente surgen las mismas preguntas: ¿Cómo logró Chirimelli que se revirtiera la tierra entregada por la revolución bolivariana a los(as) campesinos(as)? ¿Cómo logró tal despliegue de la policía del Guárico (que responde al gobernador del estado José Vásquez) y de cuerpos como el FAES? Nuevamente, hacen falta las respuestas de las autoridades.
Tres
Es un hecho incuestionable que la democratización de la tierra es una de las banderas centrales de la revolución bolivariana, una de las conquistas fundamentales de nuestro pueblo y uno de los aspectos principales del modelo agrario definido por Hugo Chávez en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. De allí que sea tan grave la realidad en extremo adversa que el movimiento campesino debe enfrentar para defender las conquistas obtenidas con esta ley y avanzar en la lucha por la concreción definitiva de esa aspiración histórica: erradicar el latifundio por ser contrario al interés público, como reza nuestra constitución, y por ser impedimento básico para avanzar en desarrollo productivo del campo venezolano, lo cual a su vez es premisa ineludible para alcanzar la justicia social y el buen vivir del pueblo campesino.
Además de esto, en el actual contexto de agresión extranjera de EEUU, con las medidas coercitivas financieras y comerciales implementadas ilegalmente por ese país contra Venezuela, que impiden la comercialización de nuestras riquezas y la importación de alimentos para nuestro pueblo, resulta más que estratégico que se avance de forma contundente y sostenida en la democratización de la tierra y la erradicación del latifundio.
A ello se agrega la complejización cada vez mayor de la vida de nuestra gente en el campo a raíz de la crisis económica, la hiperinflación descontrolada, la precarización del trabajo y la pulverización del salario: en el campo la única alternativa que tiene nuestra gente es sembrar y criar alimentos, razón por la cual es un acto de injusticia supremo que ante los ojos de la gente permanezcan miles y miles de hectáreas de tierra improductiva en manos de gente rica que ni siquiera vive en el campo y muchas veces ni siquiera vive en el país.
Sin embargo, el país sigue sin una política clara al respecto, en la que se definan planes, metas, plazos, prioridades: ¿cuántas hectáreas rescataremos al año de las garras del latifundio? ¿en qué estados prioritariamente? ¿qué tipo de suelos serán democratizados en primera instancia? ¿cuánta gente aún permanece sin tierra? Una política de ese tipo debería comenzar por poner en claro el estatus de los procedimientos que actualmente están abiertos y avanzar en su solución; debería comenzar por investigar y castigar a todo juez o jueza, fiscal o fiscala, funcionario(a) del INTI, policía y militar que haya participado o haya estado involucrado en retrasos administrativos, autorización y ejecución de desalojo, redacción de informes amañados.
Pero para todo esto hay un requisito previo: debe abrirse participación y poder en la institucionalidad agraria a los campesinos y campesinas que luchan por la tierra, las Oficinas Regionales de Tierras deben ser manejadas por el pueblo campesino y debe haber un mayor equilibrio de los sectores en el directorio nacional del INTI.
Está claro que esto implica conflictos de poder y presiones de factores de poder fáctico, está claro que hay intereses en juego por parte de fuerzas que desde adentro y desde afuera de la revolución empujan en dirección contraria. No somos ingenuos. Por eso decimos que lo que falta es voluntad de avanzar en esa dirección, porque la gente para empujarlo está, la vocación por el trabajo está, la disposición de lucha está.
¿Es que no hay fuerza en la institucionalidad del poder para avanzar en una ruta como esta? ¿O es que el plan desde las altas esferas del poder institucional es otro?
*Cineasta. Director y guionista de “¿Hay alguien allí?” (Largometraje documental sobre el autismo). Fue colaborador de la revista cultural Sujeto Almado. Miembro del equipo del periódico alternativo Proceso, así como de la Cooperativa Audiovisual “La Célula”. Libros publicados: En trance de sonar (2004); Silencio cantado hacia el abismo (2008).
Foto principal: Marcos Salgado – Question