La droga en Argentina: su rol financiero y de control social

Juan Guahán

Es pretensión de estas pocas líneas recoger la importancia del tema de la droga en la sociedad argntina actual. No se trata de señalar sus efectos sobre quienes son adictos a las mismas y del modo que tales actividades destruyen el tejido social de la comunidad. Es algo más grave, aunque sea simple y sencillo, señalar los aspectos centrales por los cuales fracasan una y otra vez las proclamadas políticas de “combate” o “guerra” al avance de las mismas.

En este sentido es bueno destacar la importancia de dos aspectos que están en la raíz de esa inútil “guerra” tan difundida y con tan escasos resultados. Se trata del rol que tiene el aspecto financiero en el negocio de las drogas y sus efectos para el control social en el mundo contemporáneo.

Desde el punto de vista financiero no hay que ser muy audaz, ni un gran investigador para darse cuenta que el voluminoso dinero que circula para estos fines utiliza las filiales de los más importantes bancos mundiales. En estos años, como parte de los enfrentamientos por el manejo de esos negocios, organismos de control norteamericanos aplicaron multas, por centenares de millones de dólares, a conocidos e importantes bancos por estar involucrados en esas maniobras de lavado de dinero.

Acuerdos internacionales, como la Convención Única sobre Estupefaciente de la ONU, han elaborado sesudos pactos y estudios sobre este tema. Sin que lo digan, con las palabras más justas y merecidas, surge de allí mismo que los bancos son un eslabón clave para que el dinero de esos negocios se incorpore al mundo legal. Este es un aspecto de este negocio. Pero hay otro, no menos importante, se trata del uso de la droga para el control social.

Hay variadas formas para ello. Ellas incluyen las organizaciones de tipo social que las mafias de la droga van copando o construyendo a tales fines; su aprovechamiento de la política, ya sea haciendo propios los espacios que ésta controla o desplegando actividades en territorios que la política abandona. Todo ello sin contar los múltiples mecanismos que tiene para asegurarse las impunidades estatales con las que cuentan.

Pero el aspecto más grave, que entrelaza ambas cuestiones, es que las propias Naciones Unidas integraron a su debate el vínculo entre lo que denominan el terrorismo internacional y la cuestión de las drogas. Como un adelanto siniestro a esta perspectiva en mayo del año 1974, al término de un Encuentro Internacional contra el Tráfico de Drogas presidido por el embajador estadounidense –Roberto Hill- y José López Rega, prominente funcionario de aquel gobierno argentino, este último –en un exceso verbal- “batió la justa” diciendo que “el combate contra las drogas forma parte de un plan político, de lucha contra el narco-terrorismo”.

Esta es “la verdad de la milanesa” y eso explica gran parte de lo ocurre con el tema drogas. Al mismo objetivo fue integrado el FMI. En 1989 los principales países de Occidente crearon el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) destinado a “combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo” y elaboraron unas “recomendaciones” a tales fines. Con posterioridad, la Asamblea General de las Naciones Unidas tomó esas “recomendaciones” y las trasladó a sus países miembros, para poner en marcha un marco legal para su aplicación.

Cada país se llevó una copia de esas “recomendaciones” y –los dóciles parlamentos- aprobaron, las llamadas “leyes antiterroristas” que tienen por función meter miedo en la sociedad y fortalecer los controles sociales. En nuestro país ello se expresó en la ley 26734 (año 2007) y reformas posteriores (año 2011) que merecieron críticas de amplios sectores de la sociedad, entre ellos el premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel y Eugenio Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia. Para la mayoría de los juristas se trata de desvaríos punitivos.

Así es como la droga, el maligno cáncer que nos carcome, avanza en el mundo entero. En la región el crecimiento parece incontenible y -según los datos oficiales del 2022- nosotros somos el país que más creció durante este último año.

Varios lugares, con la ciudad de Rosario a la cabeza (a 300 quilómetros de Buenos Aires) , saben lo que eso significa. Allí hubo 282 asesinatos en el 2022, estableciendo el récord histórico desde que esa ciudad existe. Son varios los grandes factores que permiten este desarrollo sin límites de uno de los fenómenos más graves y corrosivos de la sociedad actual.

Ellos son la naturalización del fenómeno, para gran parte de la sociedad. Allí las “buenas conciencias” ceden ante la ajenidad de algo que imaginan lejano e incontenible. Por último, la impotencia que se despliega a la vista de todos porque, la mayoría de la sociedad, ha sido convencida que nada se puede hacer frente a una situación donde diversas expresiones del Estado -con sus vergonzosas complicidades- resulta que están más cerca de ser parte del problema que de aportar a alguna solución.

*Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)