La Colombia del Grupo Prisa
ERIKA GONZÁLEZ|Este miércoles el diario El País organizó la jornada Invertir en Colombia que contó con la participación del presidente del gobierno colombiano, Juan Manuel Santos. Su presencia se debe a la visita oficial al Estado español, que continuará con su participación en el Foro Económico Mundial de Davos.
Además de Santos, estuvo presente una figura frecuente en los actos del grupo Prisa, Felipe González, expresidente del gobierno español y actualmente consejero de Gas Natural Fenosa. El programa del evento se completó con altos directivos de esta empresa gasista, del propio periódico El País, Ferrovial, Indra y Telefónica.
Todas ellas son compañías con una fuerte presencia e intereses comerciales en Colombia. Todas ellas han sido y son beneficiadas por las políticas de ” libre comercio ” y desregulación laboral, social, fiscal, ambiental… que los gobiernos colombianos llevan promoviendo desde la década de los noventa. No es de extrañar, entonces, que la imagen ofrecida por los reportajes, entrevistas, tribunas de opinión y hasta el editorial de El País sobre Colombia, gire en torno a las oportunidades de negocio para las empresas españolas. Ya sea por el hecho de que el Grupo Prisa es una compañía con inversiones en Colombia, bien porque los grupos empresariales presentes en la jornada financien la publicidad de esta transnacional de la comunicación, el mensaje a transmitir por este medio de comunicación se resume en una idea: lo que es bueno para las transnacionales españolas es bueno para la población colombiana.
Colombia según Prisa
Dos entrevistas en menos de un año al presidente Santos en El País reflejan un líder tranquilo, fuerte, inteligente. Transmiten el semblante de un político que ha fortalecido las políticas que favorecen el crecimiento, el desarrollo y la paz en Colombia. Y sitúan como un paso histórico la negociación con las FARC no sólo por la superación de la violencia –cuya responsabilidad achaca únicamente a la guerrilla–, sino, sobre todo, porque está suponiendo una oportunidad de negocio: dice este periódico que representa la eliminación de un aspecto que frenaba todo el potencial para atraer inversión extranjera y financiación “para la explotación de sus ingentes recursos naturales”.
Y es que, como decíamos hace siete años en una publicación sobre las 
multinacionales españolas en Colombia, la imagen de la paz es muy atractiva para los capitales. En este sentido, situar al país en un escenario de posconflicto ya fue utilizado por Álvaro Uribe en la presidencia y sin ningún viso de negociación para la paz. En 2008, el grupo Prisa hablaba de “Los dividendos de la paz en Colombia”.
Ayer, este mismo medio de comunicación titula igual un artículo suyo: “La perspectiva de paz comienza a dar sus dividendos en Colombia”. Si la perspectiva de la paz se inicia en 2014, ¿qué paso en 2008? En ese periodo El País estaba haciendo publicidad de la política de seguridad de Uribe, alabada por las grandes empresas españolas. El Santander clasificaba entonces a Colombia como “uno de los cuatro países más atractivos para invertir en Latinoamérica, junto a Brasil, México y Perú”. En cambio, no se tenía en cuenta las denuncias de organizaciones sociales y políticas sobre la sistemática violación de derechos humanos que estas políticas estaban causando.
El relato ahora, como antes, ponía el énfasis en el potencial de crecimiento, negocios y desarrollo. El aval otorgado por el Banco Mundial a la política económica neoliberal que rige el gobierno del actual presidente Santos –y que es la continuidad del modelo desarrollado por Uribe– se refleja, por ejemplo, en el informe Doing Business 2013, que establece que Colombia es el tercer país más atractivo de América Latina para hacer negocios.
No es para menos, el país suramericano ha facilitado la firma de 20 acuerdos de “libre comercio”, más de 100 zonas francas, mano de obra cualificada y a bajo coste, reforma fiscal muy favorable a las grandes empresas, promoción de las alianzas público-privadas, así como una gran “ seguridad jurídica” para los inversores. Ya lo decía hace dos años Juan Manuel Santos en el Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial entre Colombia y España “Aquí nosotros no expropiamos, presidente Rajoy”.
Efectivamente, la profundización de las reformas para atraer capitales –como también la dura represión para acallar las protestas sociales que suscitaban– de los últimos gobiernos colombianos han dado como resultado el crecimiento de la inversión extranjera directa (IED). En los tres últimos años, la inversión se destina fundamentalmente a hidrocarburos y minería – 82% de la IED–.
Este patrón se repite en el resto de Suramérica, en parte por el crecimiento del precio de las materias primas. Estados Unidos se configura como el principal inversor mientras que el Estado español es cuarto mayor inversor –si se hace un promedio de inversión del año 1994 a 2012–. Por cierto, algo que han obviado los diferentes reportajes de El País es que dentro de los principales países inversores en Colombia hay tres paraísos fiscales: Panamá, Suiza y Anguila. También es cierto que señalar el origen de la inversión, cuando la sede matriz está en territorios donde se ampara la evasión fiscal y la opacidad en la procedencia de los capitales, no encaja bien en las loas a los beneficios que aparejados la inversión extranjera para toda la población.
Colombia y las multinacionales españolas
El desembarco de las transnacionales españolas en Colombia tuvo lugar a finales de la década de los noventa, cuando se ponían en marcha las privatizaciones de las grandes compañías estatales de servicios. Los capitales españoles han llegado a tener mucho poder en los sectores donde desarrollan sus actividades, por ejemplo: Telefónica está situada en el puesto catorce de las mayores empresas en Colombia. El BBVA es uno de los principales bancos y Endesa ya se configuraba como la mayor productora de electricidad privada antes de ser comprada por Enel.
La inversión que aportaron en este proceso las multinacionales españolas ha sido, fundamentalmente, la compra de compañías ya existentes. Por esta razón, una vez realizadas las grandes privatizaciones, el monto de inversión se ha reducido sustancialmente. Pero no ha desaparecido, cerca de 300 empresas de capital español están presentes en Colombia y las grandes multinacionales siguen ampliando su presencia y su poder a través de diferentes vías. Una de las principales son las alianzas público-privadas entre el gobierno colombiano y las corporaciones en diferentes sectores, entre ellos la telefonía. El propio presidente de Telefónica Latinoamérica ha señalado en el foro Invertir en Colombia que una muestra de la relación tan estrecha entre el gobierno colombiano y su empresa es el hecho de que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, forma parte de la Junta Directiva de Telefónica Colombia.
En la actualidad, si hay que resaltar un sector donde se está reclamando la entrada de capitales extranjeros en alianza con el Estado colombiano, ese es el de las infraestructuras. La presencia de Ferrovial en este evento indica el enorme interés de las constructoras por seguir haciendo negocios en Colombia. Y no es extraño, porque el gobierno colombiano ha señalado continuamente su déficit en infraestructuras.
Así ocurrió en la primera visita oficial de Santos al Estado español, cuando los medios de comunicación difundían titulares como los siguientes: “Colombia busca desesperadamente inversores en construcción e infraestructuras” y “El presidente de Colombia viene a por las constructoras españolas”. La demanda se ha concretado por la invitación del gobierno colombiano a la participación de Sacyr, OHL, Ferrovial, Isolux y ACS en su plan “Autopistas para la Prosperidad”. Los medios de comunicación como Prisa, marcados por los intereses de sus accionistas y la publicidad, hacen referencia a la gran experiencia y profesionalidad de las empresas de la construcción para garantizar su buen hacer en el ámbito internacional.
Fuera del retrato, los impactos
La imagen de los negocios en Colombia se completa con la referencia a las mejoras en indicadores sociales impulsadas por esta apertura comercial y por la estabilidad en las reglas del juego. Se habla, especialmente, de la reducción de la pobreza extrema, la creación de empleo y la clase media emergente con gran potencial consumidor. Así lo dice Santos en una tribuna de opinión en El País: “Colombia hoy es líder en proyectos de infraestructura, en conectividad digital, en reducción de pobreza e inequidad, en creación de empleo”.
En cambio, la información que ofrecen sindicatos, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos es bien diferente. Sin duda, hace falta completar la imagen con más información sobre la realidad social; sobre todo, de la ausencia de garantías para el respeto a los derechos humanos, mientras sí se impulsan las medidas para atraer la inversión extranjera y las actividades de las transnacionales.
Colombia es una de las naciones más desiguales del planeta, la cuarta de Suramérica después de Argentina, Brasil y Chile. El 10% más rico de la población colombiana se queda con la mitad del PIB, mientras el 10% más pobre sólo tiene el 0,6%. Las diferentes reformas laborales que flexibilizan y modernizan el mercado de trabajo han dado como resultado que, en 2012, el 68% de la población trabajadora colombiana se encontraba en el sector informal, y sólo una tercera parte de las personas empleadas cuenta con una relativa protección social.
En relación a los derechos humanos, como señala Amnistía Internacional, el conflicto sigue vivo. Es cierto que las estadísticas reflejan una reducción de la violencia en el país, pero no ha desaparecido: 19 sindicalistas fueron asesinados en 2012 y, hasta finales de septiembre de 2013, se asesinó a 52 defensores y defensoras de derechos humanos. Queda así patente cómo la seguridad para los negocios del gobierno colombiano no se traslada a la seguridad para las personas.
El principal rubro de atracción de inversión extranjera, la industria extractiva, está directamente relacionada con la violación sistemática de los derechos humanos, como afirma la Contraloría General de la República de Colombia. Los territorios donde las compañías de hidrocarburos y minería localizan sus inversiones están sometidos a una fuerte militarización y represión que persigue, criminaliza y asesina a líderes sociales y sindicales.
En este contexto, las transnacionales españolas no han estado exentas de denuncias por la violación de los derechos políticos, laborales, sociales y ambientales. Telefónica, sin ir más lejos, es una de las empresas que más ha utilizado la subcontratación en Colombia; los sindicatos denuncian cómo se da un trato de “segunda clase” al personal tercerizado. Gas Natural Fenosasigue siendo denunciada por los impactos que genera su actividad eléctrica en los barrios más empobrecidos de la costa atlántica: cortes de luz continuos, tarifas elevadas y muertes por electrocución derivadas del mal estado de las redes, entre otros.
Repsol y Cepsa son responsables junto con otras transnacionales petroleras del deterioro ambiental, de la violación de los derechos de los pueblos indígenas, de impactos laborales y de ser cómplices en la criminalización de las protestas sociales y militarización de los territorios. Estos ejemplos se repiten también para las multinacionales constructoras en Colombia y en otros países de América Latina: Sacyr dejó sin terminar una autopista en el Magdalena Medio por un problema de sobrecostes y, tras la polémica en las obras de ampliación del Canal de Panamá, ha quedado en evidencia las irregularidades cometidas por esta compañía.
También ha quedado fuera de todo este relato que hace El País la oposición popular a las políticas neoliberales del gobierno de Santos y al creciente poder de las corporaciones transnacionales. En agosto de 2013, multitud de agricultores y agricultoras se levantaron en el Paro Nacional Agrario, denunciando cómo los tratados de libre comercio estaban dejando en la ruina al campesinado. La militarización de la protesta y la dura represión –que dejaron 12 muertos y más de 500 heridos– no frenó el apoyo de amplios sectores de la población. Y se reivindicó con fuerza la protección frente al libre comercio, el acceso a la tierra y un cambio en la política minera que está destruyendo el territorio colombiano y las posibilidades de avanzar hacia otros modelos de desarrollo.
No aparecerán en los foros y reportajes de los grandes medios de comunicación, pero miles de mujeres y hombres de Colombia no se rinden en su lucha diaria por la defensa de los derechos humanos, por la reivindicación y construcción de otro modelo que no priorice los intereses de las empresas transnacionales y por construir una sociedad basada en la justicia social y el respeto al territorio. Como decían las comunidades locales que el pasado 12 de octubre protestaban por los impactos de la filial colombiana de Endesa en la región del Huila, “o se van las multinacionales del territorio, ¡o las echamos!”.
*Investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). Publicado en eldiario.es