La batalla cultural: Milei impuso su veto al financiamiento universitario
Claudio della Croce
En una votación muy ajustada, el gobierno del libertario Javier Milei, con el apoyo de neoliberales macristas y votos de pocos legisladores radicales y peronistas consiguió salvar el veto que desfinancia a las universidades nacionales, mientras más de 60 instituciones permanecen tomadas por estudiantes.
El gobierno festejó haber ratificado el ajuste a las universidades y lograr un piso de 80 diputados que acompañan las medidas del presidente. El proyecto político ultraliberal y (neo) fascista de Milei busca destruir la universidad pública en Argentina, objetivo central en su batalla cultural. Las universidades son calificadas como “antros marxistas” y lxs universitarixs somos consideradxs como “la casta”.
Estas decisiones políticas evidencian claramente el proyecto represivo de Milei, su intención de reconfigurar el Estado en beneficio de los privilegiados de siempre y su guerra contra la educación pública.
Antes de que el Congreso decidiera aprobar el veto a la ley de financiamiento universitario, Ricardo Gelpi -rector de la Universidad de Buenos Aires, la mayor casa de estudio del país- leyó una carta sobre la situación que atraviesa al sector: “Llegamos a un punto que no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país y, de seguir así, estaremos en un punto sin retorno donde todo el sistema deje de existir tal cual hoy lo conocemos”. “Miles y miles salimos a las calles a decir una vez más que el veto al financiamiento educativo es un veto al futuro”, recordó
El sistema universitario argentino está compuesto por más de dos millones y medio de estudiantes. Desde 1983 hasta 2022, la matrícula universitaria aumentó un 500%. Entre el 2012 y 2021, casi se duplicó el ingreso de nuevxs estudiantes: creció de 423.920 a 710.699. El 80% estudia en las 57 universidades públicas nacionales y seis provinciales que se encuentran diseminadas por todo el país. Además, un 80% de estxs estudiantes es la primera generación de su familia en acceder a estudios universitarios.
En lo que va del gobierno de Milei, el presupuesto se redujo en un 23,1% para el funcionamiento, los salarios docentes cayeron un 30,4% y lxs no docentes un 26,7%. Ante esta situación, el Congreso aprobó una Ley de Financiamiento Universitario con el objetivo de recomponer los salarios, que el presidente vetó.
Miriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda, señaló que: «Milei está aprendiendo rápido que, a veces, ganar es perder. En todo el país, las y los estudiantes se organizan en asambleas y toman sus facultades, enviando un mensaje a este gobierno: esto recién empieza. ¡Abran paso a la juventud! ¡La educación pública se defiende!»
No hay explicación económica: el costo fiscal del proyecto que Milei decidió vetar, representa apenas el 0,14 por ciento del Producto Interno Bruto. No es un problema de falta de dinero, sino la misión de Milei es terminar con la enseñanza pública y gratuita, base de movilidad social. La batalla es, en definitiva, cultural, Y si la universidad pública no le costase al tesoro un centavo, él encontraría otra excusa para dar la pelea.
El rector de la Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer, afirmó que «Vetar acciones conducentes a la movilidad social de un pueblo es algo inaudito, antidemocrático y antirrepublicano”.
El Gobierno celebró la decisión de los 84 diputados que voltearon definitivamente la ley de financiamiento universitario. El bloque de Propuesta Republicana (PRO), del expresidente Mauricio Macri, algunos radicales y los gobernadores peronistas de Tucumán y Catamarca, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, fueron la llave para bajar el proyecto. Aunque la oposición logró reunir 160 votos, no llegó a los dos tercios necesarios para insistir con la ley.
Tras acompañar el ajuste a los jubilados y las universidades públicas, distintos sectores de la Unión Cívica Radical pidieron acelerar la expulsión de los diputados radicales «con peluca», como se los conoce a quienes apoyan el proyecto libertario.
El apoyo al veto aceita un poco más la relación del gobierno y La Libertad Avanza de Milei con el PRO de cara a las elecciones del año próximo. Desde la Casa Rosada (de gobierno) señalaron que «Nos están ayudando un montón. Sabemos que no es por amor al arte. Queremos ser parte del mismo espacio y es importante esto si queremos estar juntos en 2025».
El 2 de otubre, la calle ya había hecho oír su voz en la masiva movilización en defensa de la universidad pública en todo el país . También se produjeron represiones muy duras llevadas adelante por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, incluyendo las detenciones y el traslado de personas a cárceles federales con acusaciones insólitas y otras represiones que dejaron a personas que perdieron un ojo o fueron gaseadas recurrentemente como los jubilados
El Congreso volverá a estar en la mira de la lucha universitaria, pero esta vez con el debate por el Presupuesto de 2025, en el que el gobierno asignó un 0,4% del Producto Bruto Interno del PBI a la educación superior, casi la mitad del 0,7% que recibían las universidades dos años atrás.
La educación
La ofensiva liberatia se caracteriza por un ejercicio de poder fascista, que construye enemigos. En su discurso inaugural en el Foro de Madrid, Milei afirmó: “La casta también son los supuestos científicos e intelectuales, que creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores y por ende todos debemos subsidiarles la vocación”.
Como señala Alberto Kornblihtt —uno de los científicos más reconocidos del país—: “Nos ha tomado como chivos expiatorios de los males que aquejan a nuestro pueblo. Tal como los nazis hicieron con los judíos, los gitanos, los homosexuales, los comunistas y los discapacitados, nos considera población sobrante y quiere eliminarnos del mapa, para lo cual debe convencer al resto de la población de que la culpa de sus penares es nuestra”.
La educación en Argentina es reconocida como un derecho y el Estado, tanto nacional como provincial, debe asegurar la igualdad, gratuidad, laicidad y el acceso a todos los niveles del sistema educativo en el ejercicio de este derecho para toda la población que vive en el país, señala aún hoy el portal del ministerio de Relaciones Exteriores.
Añade que, en este sentido, las personas migrantes y refugiadas que viven en Argentina tienen el mismo derecho que los nacionales a acceder a la educación y a ser admitidas en instituciones de todos los niveles educativos, sean de gestión estatal o privada.
“Cabe destacar que a partir del año 2006 la educación en Argentina es obligatoria desde los cuatro años hasta completar el nivel secundario. El Estado argentino asegura la gratuidad en el acceso a la educación desde el nivel inicial hasta el universitario a través de las instituciones educativas de gestión pública”, asegura la cancillería.
Obviamente, es una nota que quedó en el portal, de gobiernos anteriores, y de lo cual no tenía conocimiento el actual gobierno libertario
*Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)