Keiko, su padre y sus hermanos, investigados en Perú por lavado.

Carlos Noriega-Página 12

Aprovechando el escándalo de los sobornos pagados en el Perú por Odebrecht, que golpea a los gobiernos que lo sucedieron en el poder, el fujimorismo pretende lavar sus pecados con las culpas ajenas. Pero los pecados de corrupción de la familia Fujimori, convertida en una dinastía política, y su partido, no son solo cosa del pasado, vuelven una y otra vez.

Como una marca de familia. La investigación que esta semana la fiscalía le abrió a Keiko, hija y heredera política del encarcelado ex dictador Alberto Fujimori, por el supuesto lavado de 15 millones de dólares, y la que días antes se inició contra los otros tres hijos de Fujimori, también por lavado de activos, son los últimos capítulos -hasta ahora- de una larga historia de corrupción que rodea a los Fujimori.

Esa negra historia comenzó en 1990, cuando el patriarca de la familia ganó sorpresivamente las elecciones presidenciales de ese año, para después cerrar el Congreso y gobernar autoritariamente de la mano con los militares, hasta su estrepitosa caída y fuga del país el año 2000. Fue un gobierno marcado por el desfalco al Estado y las violaciones a los derechos humanos. Extraditado en 2007, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y varios casos de corrupción.

La investigación fiscal a Keiko por lavado de dinero, que gatilló las iras del fujimorismo, surge a partir de la declaración de un informante de la DEA, la agencia antidrogas norteamericana, quien asegura que el ex secretario general del partido fujimorista y financista de la campaña electoral de Keiko, Joaquín Ramírez, le contó que por encargo de la hija del ex dictador lavó 15 millones de dólares, a través de una cadena de estaciones de venta de combustible, para usarlos en la campaña electoral. La DEA investiga a Ramírez por sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Ramírez compró dos casas en Lima por 2,4 millones de dólares, las que puso a disposición de Keiko para su campaña electoral. La fiscalía señala que los 15 millones de dólares que Ramírez habría lavado por encargo de Keiko serían parte de lo robado al Estado durante la dictadura fujimorista. Se calcula que durante la década del régimen de Fujimori el desfalco al tesoro público bordeó los seis mil millones de dólares.

Keiko no es la única Fujimori que debe responder a la Justicia por lavado de dinero. Hace unos días también se abrió una investigación fiscal a sus tres hermanos, Kenji, quien es congresista, Hiro y Sachi, por lavado de activos en relación al sospechoso y no explicado importante incremento patrimonial de una empresa de almacenaje de su propiedad. El año 2013, en uno de los almacenas de la empresa de los Fujimori se decomisaron cien kilos de cocaína que iban a ser enviados a México. El caso nunca fue aclarado.

Hechas públicas las investigaciones fiscales a ella y a sus tres hermanos, Keiko reaccionó enviando un breve mensaje en video por las redes sociales, en el que sin responder a los temas de fondo buscó victimizarse hablando de una persecución política contra el fujimorismo y trató de desacreditar las investigaciones diciendo que la fiscalía estaba manipulada por el gobierno y los enemigos del fujimorismo y que esas investigaciones eran “una cortina de humo” para tapar el escándalo de los sobornos de Odebrecht.

Fue una defensa débil, en la línea histórica del fujimorismo de eludir responder los cargos en su contra y hablar de persecución política ante cada investigación judicial a sus miembros. El fujimorismo en bloque se alineó detrás de los argumentos de Keiko, que sus dirigentes repitieron en todos los medios, amenazando, desde su mayoría parlamentaria, a fiscales y jueces por investigarlos.

Los nuevos problemas de la familia Fujimori no quedan ahí. El encarcelado ex dictador Alberto Fujimori tendrá que sentarse nuevamente en el banquillo de los acusados. Esto después que la Corte Suprema de Chile, país desde el cual fue extraditado en 2007, aprobó ampliar la extradición para que sea procesado por el secuestro, tortura y asesinato de seis personas, y por un nuevo caso de corrupción.

Las nuevas acusaciones contra los Fujimori aparecen en momentos que el país asiste, en un ambiente de decepción, hartazgo y rabia contra la clase política y empresarial, a las revelaciones de los millonarios sobornos pagados por Odebrecht -con la complicidad de importantes empresas peruanas que fueron sus socias, según ha confesado la propia constructora brasileña- para ganar licitaciones de obras públicas y después sobrevaluar el costo de esas obras. El ex presidente Alejandro Toledo está prófugo acusado de recibir una coima de 20 millones de dólares. Varios funcionarios del régimen de Alan García están en prisión por cobrar sobornos y todos los indicios apuntan al ex presidente. Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, son investigados por supuestamente haber recibido tres millones de dólares de la constructora brasileña para su campaña electoral. El escándalo Odebrecht también salpica al actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y el fujimorismo, que es la principal fuerza de oposición y controla el Congreso, carga acusaciones de corrupción contra sus principales líderes y una pesada historia en ese sentido.

Todo esto forma un complicado escenario de crisis, cuyas repercusiones son impredecibles. La crisis política amenaza agravarse en medio del creciente desprestigio de una clase política ya bastante desacreditada. Y todavía está por verse el impacto económico que tendrá el escándalo Odebrecht, que también compromete a grandes empresas peruanas.