Juristas internacionales denuncian lawfare en caso Glas
El proceso judicial contra el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas por el caso “Reconstrucción de Manabí” ha generado una ola de críticas internacionales. Juristas de renombre, como Baltasar Garzón y Eugenio Raúl Zaffaroni, firmaron un comunicado donde denuncian la falta de sustento jurídico en la acusación de peculado. Según estos expertos, no se cumplen los requisitos legales para imputar ese delito: Glas no administró recursos públicos, no autorizó pagos ni suscribió contratos, y no se ha probado perjuicio económico al Estado.
El pronunciamiento subraya que existe una confusión entre responsabilidad política y penal. Los juristas advierten que presidir un comité colegiado no implica autoría penal individual, especialmente cuando no se tienen competencias para ordenar gastos o contratar obras. Además, denuncian una persecución selectiva, ya que de más de cien funcionarios involucrados en la reconstrucción, solo Glas y otro exfuncionario han sido procesados penalmente.
Organismos internacionales, incluidos siete vinculados a la ONU y al Sistema Interamericano, han cuestionado el proceso y exigido respeto al debido proceso y a los derechos humanos de Glas. El expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Sacha Llorenti, reiteró que las instituciones ecuatorianas deben cumplir la Constitución y las normas internacionales, y advirtió que Glas no puede ser utilizado como “trofeo político”.
La defensa de Glas y los juristas internacionales sostienen que el caso refleja un patrón de lawfare, es decir, el uso instrumental del derecho penal con fines políticos, en contravención a los principios de igualdad ante la ley y objetividad procesal. El Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glas exige su liberación inmediata y el cese de la persecución judicial, señalando que el proceso sienta un precedente jurídicamente insostenible al criminalizar la respuesta estatal ante una emergencia nacional.
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador anunciará su fallo el 30 de junio. Mientras tanto, la presión internacional aumenta y el caso de Jorge Glas se consolida como un ejemplo emblemático de lawfare en América Latina.