Judicializan el PJ para fragmentar la creciente oposición y excluir a Cristina

Rubén Armendáriz|

La intervención gubernamental-judicial del principal partido opositor, el Partido Justicialista, destinada a la fragmentación del peronismo y a la exclusión de Cristina Fernández de Kirchner, es uno de los primeros pasos de la carrera hacia la reelección presidencial de Mauricio Macri en el 2019.

Luis Barrionuevo, líder del gremio gastronómico -que alguna vez quemó urnas tras perder una elección y que declaró que “tenemos que dejar de robar por lo menos dos años”- es hoy el flamante interventor del Partido Justicialista por decisión de la anciana jueza electoral María Romilda Servini de Cubría, y ya afirmó su intención de dejar afuera del PJ al kirchnerismo.

“Ellos no tienen nada que hacer en el PJ. Ellos armaron su propio partido, Unidad Ciudadana. Ellos lo que quieren es usar al PJ de madriguera”, lanzó Barrionuevo, un gremialista cercano a Macri y al expresidente provisional Eduardo Duhalde (quien quiere volver  los primeros planos), quien adelantó que intentará hablar sobre la unidad del espacio con Pichetto, Diego Bossio y Sergio Massa, referentes de la derecha peronista.

El Partido Socialista manifestó su rechazo al fallo de la jueza Servini de Cubría: “Debilita la democracia del país”, afirmaró. “Esto es una injerencia dentro de un partido político, que genera la posibilidad de divisiones internas con la idea de que no llegue a 2019 con una idea concreta para poder ser una alternativa al gobierno actual”, sostuvo el periodista Alberto Emaldi.

“Estamos viviendo un tiempo de lawfare que tiene que ver con la intromisión de la justicia en muchos asuntos de la vida política, una judicialización de la política, como lo sufrió Dilma Rousseff y luego Lula, y parece querer generarse también en Argentina. Lo cierto que este fallo se acerca mucho a la proscripción”, añadió.

Daniel Arroyo, dirigente del Frente Renovador (de Sergio Massa), dijo no estar de acuerdo con los que ponen límites para pensar la unidad. “Es necesario construir una oposición lo más amplia y unida posible. El punto clave está ahí, porque el Gobierno cree que va a crecer sólo con la soja, el sector financiero y los salarios bajos (por eso propone paritarias por abajo de la inflación), un modelo que deja a 20 millones de personas afuera”.

“Lo que tenemos que hacer es construir un mecanismo que nos permita construir una oposición que se oponga pero plantee una alternativa, con el eje en el peronismo. Lo que contribuya a eso suma, lo que no, resta. Si la intervención genera mayor dispersión, entonces sí favorecerá al gobierno. Si no se puede acordar una candidatura, se debe resolver a través de las internas”, dijo.

Los gobernadores peronistas consideraron “sorpresiva y arbitraria” la decisión de la jueza Servini de Cubría, que estimaron de “neto corte político”. Cabe recordar que el PJ cuenta con autoridades electas por los propios afiliados, mediante los mecanismos legales establecidos en su Carta Orgánica.

La decisión gubernamental –a través de una  judicial- de intervenir la conducción nacional del Partido Justicialista (peronista) desató el repudio generalizado de gobernadores y dirigentes peronistas que denunciaron la “sorpresiva y arbitraria” decisión de la jueza quien invocó “consideraciones de neto corte político coyuntural” para desplazar a las autoridades electas y nombrar a Barrionuevo al frente de la intervención.

“Se erige arbitrariamente por encima de las garantías constitucionales, poniendo en serio riesgo la institucionalidad y el proceso interno de los partidos políticos como base de nuestra democracia”, advirtieron los “gobernadores del PJ” en un comunicado, donde exhortaron al Poder Judicial a resolver la situación “de manera urgente” y “sin especulaciones políticas”.

El comunicado va en sintonía con la apelación presentada las autoridades partidarias desplazadas por la jueza federal con competencia electoral. “No se puede ordenar una medida de tal gravedad institucional sólo bajo la invocación de una supuesta crisis interna y efectuando consideraciones de neto corte político coyuntural, como los resultados electorales obtenidos, sin detener su análisis en el entorno jurídico de procedencia”, afirman los gobernadores.

Gustavo Menéndez, intendente de Merlo y titular del PJ bonaerense, le apuntó a la anciana jueza de 81 años: “Fue un caso de justicia exprés. Los argumentos del fallo son políticos, no jurídicos. Se expresó como una militante y no como una jueza… no tomó ninguna medida previa. Fue irregular. Le toca al peronismo pero le puede pasar a cualquier partido. Es un golpe contra el sistema democrático argentino”, sentenció.

Martín Soria, intendente de la sureña General Roca, puso el hecho en el marco de una situación de degradación institucional. “Deciden intervenir al peronismo con una jueza de bolsillo, pero no intervienen porque cantamos muy fuerte la marcha peronista, ni porque perdimos una elección como dice la jueza, la intervienen porque saben que venimos trabajando ya en la unidad”, agregó el titular del PJ rionegrino.

El palmarés de Barrionuevo

Sus primeros intentos de encumbrarse en el poder comienzan en 1975, cuando asaltó a mano armada la sede de la Unión de Empleados Gastronómicos a su legítimo conductor de entonces, Ramón Elorza, a quien tuvo que devolver el lugar usurpado obligado por la Justicia, tan solo 48 horas luego de haber irrumpido en el mismo. Como presidente del club Chacarita Juniors utilizó  su barra brava como fuerza de choque en el congreso de la CGT, el 10 de octubre de 1989, para arollar violentamente a los partidarios de Saúl Ubaldini.

En la década del 90 cobró notoriedad por negocios espurios en PAMI, la obra social de jubilados y pensionados, junto al dirigente radical Enrique “Coti” Nosiglia, denunciados por ser dueños de prestadoras de salud del instituto y en distintos UGP (asociaciones de clínicas y sanatorios). Fue investigado por sobornos en el PAMI,

En 2003 envió a quemar urnas en las elecciones por la gobernación de Catamarca, tras conocer que los resultados de la misma no le eran favorables. Posteriormente compró una mansión al empresario Abraham Awada (padre de la primera dama Juliana Awada), a nombre de su segunda esposa, la entonces diputada Graciela Camaño, ya que él era investigado por enriquecimiento ilícito.

En 2017 la jueza Sandra Arroyo ordenó más de 20 allanamientos en busca de facturas apócrifas pertenecientes al sindicato conducido por Barrionuevo, con las cuales se defraudó al fisco por 1.000 millones de pesos durante 2014 y 2015. La investigación detectó un conjunto de empresas de apariencia real pero en verdad ficticia, vinculadas entre sí, con idénticos domicilios, personal y accionistas, cuyas facturas eran ofrecidas en el mercado para fines espurios.

* Periodista y politólogo uruguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)