Israel veta a 37 ONG y ahonda el asedio sobre Gaza
Israel confirmó la retirada de licencias a 37 ONG internacionales que operan en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluidas organizaciones médicas y de ayuda alimentaria clave. La medida, que entra en vigor desde enero y fija marzo como fecha límite para el cese total de actividades, dispara las alarmas sobre un agravamiento de la ya crítica situación humanitaria en el enclave palestino.
El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo justifica la decisión en nuevos requisitos de “seguridad y transparencia”, entre ellos la entrega de datos personales de todo el personal palestino y extranjero. Varias ONG sostienen que esa exigencia vulnera la confidencialidad de sus trabajadores y podría exponerlos a represalias o convertirlos en objetivos directos del conflicto.
Entre las organizaciones afectadas figuran Médicos Sin Fronteras, Oxfam, Acción contra el Hambre, el Consejo Noruego para Refugiados y World Vision, actores centrales en asistencia sanitaria, alimentación y refugio. La retirada de licencias implica la salida de personal internacional y la paralización de proyectos en un territorio donde la mayoría de la población depende de la ayuda externa para sobrevivir tras dos años de guerra.
“Negar la entrada a quienes llevan medicinas, agua y refugio a Gaza no es un trámite administrativo, es una decisión que condena a la población civil”, afirmó Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Naciones Unidas, la Unión Europea y gobiernos como los de Reino Unido y varios países europeos advirtieron que el veto amenaza con cortar suministros vitales y servicios médicos de emergencia. Organizaciones israelíes de derechos humanos denunciaron además una “instrumentalización de la burocracia” que, a su juicio, busca limitar la presencia de testigos internacionales sobre el terreno.
En Gaza, donde se calcula que millones de personas viven en tiendas o alojamientos precarios, las ONG hablan de consecuencias “catastróficas” si el cierre se concreta en los plazos anunciados. Analistas humanitarios advierten de un posible colapso de servicios esenciales justo cuando el invierno y la destrucción de infraestructuras aumentan el riesgo de hambrunas, epidemias y desplazamientos forzados adicionales.