Interferencia externa en comicios venezolanos de 2024

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Leopoldo Puchi | 

A mediados de septiembre, la comisión de relaciones exteriores del Senado de Estados Unidos celebró una audiencia de evaluación de la política hacia Venezuela en la que intervinieron Brian Nichols, del Departamento de Estado, y Marcela Escobari, de la la agencia federal Usaid.

El eje central de las presentaciones giró en torno a los argumentos y modalidades de intervención en la vida política y electoral de Venezuela para lograr que los puntos de vista de Estados Unidos se concreten al interior de Venezuela.

Como base de estas actuaciones está el interés de Washington de alcanzar el reingreso de Venezuela a su zona influencia, en particular en el nuevo período de enfrentamiento con China y Rusia. Pero, como ha ocurrido a lo largo de la historia, se invocan otros motivos como justificación, en este caso la democracia y los derechos humanos.

Brian Nichols (Flickr)

La causa justa

Ahora bien, se sabe que ni siquiera una causa justa permite, en un orden mundial basado en reglas, que un país sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU se proponga arreglar por medio de una intervención los problemas de otro país. Un asunto es opinar sobre acontecimientos en otros territorios y otro distinto es una intervención directa o indirecta.

Así lo establece la declaración de la ONU sobre “La inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y la protección de su independencia y soberanía”. Allí se establece que “ningún Estado tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, por cualquier motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro Estado”. Un principio heredado de la constitución francesa de 1793 que declaraba que el pueblo francés “no interferirá en los asuntos internos de otras naciones y no tolerará la injerencia de otras naciones en sus asuntos”.

Por supuesto, prácticamente ningún país respeta ese principio ni lo establecido por la ONU y de manera permanente presenciamos actuaciones en todo el mundo que violan todas las reglas. Este es el caso de las políticas explicadas en la sesión del Senado estadounidense por Brian y Escobari.

El papel manifiesto

El senador Bob Menéndez, presidente de la comisión, inició la sesión señalando que su país tiene “el papel y la responsabilidad de empoderar” a la población de otro país, Venezuela. Por su parte, Brian informó que se mantiene la intervención por medio de la política de sanciones y el desconocimiento del gobierno de Venezuela. Y Escobari describió los pasos más concretos que se están dando en relación a los procesos electorales pautados para 2024 y 2025.

Senador Bob Menendez.

En este sentido, Escobari dio a conocer que Usaid está enfocada en esos procesos electorales y que dará apoyo a una parcialidad política interna: “la oposición democrática en su trabajo para convertir el resentimiento generalizado del público hacia el régimen de Maduro en presión por un cambio democrático”.

También la Usaid intervendrá en el suministro de ayuda a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación “para la difusión de información imparcial y basada en hechos”.

Campo desnivelado

La participación directa desde el exterior en las elecciones presidenciales de 2024 y las legislativas de 2025, con apoyo político, logístico y financiero a una de las corrientes que competirá, en detrimento de otras, es un asunto muy delicado, no solo porque lesiona la independencia del país, sino porque esa interferencia desequilibra los resultados que puedan emanar de las urnas de votación.

Esto se suma a la distorsión que generan las sanciones, que actúan como mecanismo de presión sobre los electores al lesionar las capacidades de desempeño de políticas públicas de uno de los actores en la competencia electoral, lo que crea un campo de juego desnivelado para los comicios.

Libres y justas

Juan González, de la Casa Blanca, y otros voceros han advertido sobre la necesidad de acelerar los acuerdos. Al mismo tiempo se ha conocido que han continuado las negociaciones por diferentes vías.
Pues bien, este asunto de la interferencia extranjera en las elecciones de 2024 y 2025 es un asunto que debe ser incorporado a la agenda, junto a los indispensables acuerdos para las condiciones y garantías electorales que ya se han venido discutiendo entre Gobierno y oposición.

De mantenerse esa intervención externa, por medio de las sanciones y la interferencia electoral, será muy difícil considerar que las elecciones presidenciales y legislativas previstas para 2024 y 2025 serán libres y justas.