Histórico: Fiscalía de Brasil acusa a Bolsonaro de intento de golpe de Estado contra Lula
Juraima Almeida
La Fiscalía General de Brasil presentó una denuncia formal contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusándolo de liderar una conspiración para dar un golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2022. La denuncia también incluye a otras 33 personas, entre ellas militares de alto rango y exministros.
Según el documento presentado ante la Corte Suprema, Bolsonaro y sus allegados están acusados de delitos graves, como “tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho”, “organización para delinquir armada” y “golpe de Estado”.
El fiscal general, Paulo Gonet, afirmó que el expresidente y el exministro Walter Braga Netto, general retirado, fueron los “líderes” de la trama golpista, la cual buscaba mantener a Bolsonaro en el poder y evitar la investidura de Lula, quien asumió la presidencia el 1 de enero de 2023.
Una conspiración meticulosa
La denuncia se basa en una extensa investigación de la Policía Federal, que reveló la existencia de un plan detallado para anular los resultados de las elecciones de 2022 y declarar un “estado de sitio”. Entre las pruebas encontradas se incluyen borradores de decretos que buscaban intervenir en la Justicia Electoral y anular los comicios. Además, testigos afirmaron que Bolsonaro revisó y modificó personalmente los documentos que habrían consumado el golpe.
Uno de los aspectos más alarmantes de la investigación es la revelación de un plan elaborado por militares disidentes para asesinar, mediante envenenamiento, a Lula y otras figuras políticas clave. Aunque este plan no se materializó, la investigación señala que Bolsonaro tenía “pleno conocimiento” de estas intenciones.
El asalto a las instituciones
El intento de golpe de Estado culminó el 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes radicales de Bolsonaro invadieron violentamente las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia: el Palacio de Planalto (Presidencia), el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal. Los manifestantes, que exigían la intervención de las Fuerzas Armadas, causaron destrozos y sembraron el caos en un intento por revertir los resultados electorales.
Aunque el gobierno de Lula logró restablecer el orden, los eventos de ese día dejaron una profunda cicatriz en la democracia brasileña y pusieron en evidencia la fragilidad de las instituciones frente a los intentos de desestabilización.
¿Qué sigue?
La Corte Suprema deberá ahora decidir si acepta la denuncia presentada por la Fiscalía y procede a enjuiciar a Bolsonaro y los demás acusados. Si el caso avanza, el expresidente podría enfrentar graves consecuencias legales, incluyendo la posibilidad de prisión.
Este proceso judicial no solo es un desafío para el sistema de justicia brasileño, sino también una prueba para la estabilidad política del país. Mientras Lula busca consolidar su gobierno, el juicio contra Bolsonaro podría reavivar tensiones y polarización.
Reacciones y repercusiones
La denuncia ha generado reacciones encontradas. Los partidarios de Lula celebran la medida como un paso necesario para garantizar la justicia y la rendición de cuentas. Por otro lado, los seguidores de Bolsonaro han calificado la acusación como una “persecución política” y un intento de silenciar a la oposición.
El próximo capítulo de esta historia dependerá de cómo las instituciones brasileñas respondan a este histórico desafío.