Haití: Ola de secuestros agrava la crisis de seguridad
Victoria Korn-CLAE
Haití enfrenta una catástrofe humanitaria con 1,4 millones de personas desplazadas internamente por el terror de las bandas criminales, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), pandillas que operan sin control estatal, obligando a comunidades enteras a huir para sobrevivir. A esta cifra se suman 23 mil ciudadanos expulsados desde el exterior y devueltos al país en enero, quedando en total desprotección.
El deterioro de la estabilidad política empeoró la vulnerabilidad de la población civil. Miles de familias abandonan sus hogares de forma abrupta, sin preparación ni documentos esenciales. Esta situación impide que los desplazados accedan a servicios básicos, profundizando el ciclo de pobreza generado por la violencia armada que asola al país caribeño.
La OIM enfatiza que la crisis alcanzó niveles críticos debido a la agresividad de los grupos criminales en zonas urbanas. Estos desplazamientos masivos transforman permanentemente el panorama social y desarticulan el tejido comunitario. La falta de autoridad permite que estructuras delictivas controlen territorios estratégicos, convirtiendo la seguridad en un privilegio inalcanzable para la mayoría.
En enero, organismos internacionales brindaron asistencia directa a unas 52 mil personas afectadas por el conflicto. Las intervenciones priorizaron el acceso a agua potable y saneamiento para evitar brotes de enfermedades en refugios improvisados. Sin embargo, la magnitud de la tragedia supera la capacidad de respuesta, dejando a miles en condiciones de hacinamiento.
Mientras, la ONU advierte de una presencia cada vez mayor de niños en las bandas de Haití: “Les están robando la infancia”, señala un informe en el que detalla cómo casi la totalidad de los grupos armados que operan en Haití utilizan menores de edad para llevar a cabo sus crímenes, que van desde el cobro de extorsiones y tareas de vigilancia a asesinatos, ataques a las fuerzas de seguridad y esclavitud sexual.
Deportaciones
En medio de un panorama político y humanitario para el cual el adjetivo catastrófico comienza a quedarse corto, en Haití el 2025 también estuvo marcado por las deportaciones. El año pasado regresaron a Haití cerca de 270.000 ciudadanos expulsados desde la vecina República Dominicana. Ahora, el país caribeño también contiene la respiración ante la posibilidad de que un retorno similar al del año pasado suceda de nuevo, pero en este caso de migrantes expulsados en masa por el Gobierno de Donald Trump.
Las condiciones humanitarias en Haití, donde una décima parte de los 11 millones de habitantes son desplazados, están ampliamente documentadas por organizaciones no gubernamentales y también por la ONU. Tras el fin de un gobierno temporal el pasado 7 de febrero que le dio el poder a regañadientes a un primer ministro que cuenta con el apoyo tácito de Estados Unidos, pero tiene poco margen de acción interna sin elecciones a la vista, Haití vive bajo la sombra e intimidación de tres buques estadounidenses que llegaron a la bahía de Puerto Príncipe días antes.
¿Sin futuro?
El futuro de más de 300.000 haitianos que viven y trabajan en Estados Unidos bajo el amparo de su Estatus de Protección Temporal (TPS) lo definirá un tribunal de apelaciones esta semana, cuando se acaba el plazo para que se presenten argumentos y los tres jueces que componen el panel comiencen a deliberar.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James — perseguida infructuosamente por la Administración Trump— lideró una coalición con otros 17 fiscales generales en la defensa de la situación jurídica de los cientos de miles de migrantes haitianos cuyo futuro está en las cortes, entre ellos muchos que han vivido y trabajado en EEUU durante más de una década. James argumenta que poner fin al TPS para los haitianos pondría en peligro la seguridad, la salud y la economía de comunidades de todo el país y trastornaría la vida de familias que llevan años en EE UU.
La decisión del panel de apelaciones no tiene un plazo previsto específico; los jueces se pueden pronunciar en cualquier momento a partir de este jueves. Pero mientras comparten su veredicto, los haitianos, tanto en su país como en Estados Unidos, aguardan con miedo e impotencia.
Mwiti Mungania, el director para Haití de la ONG humanitaria International Rescue Committee (IRC), advierte de lo que se podrían enfrentar los posibles deportados desde Estados Unidos si es que se acaba el TPS. “Hay un solapamiento de violencia, desplazamiento y hambre. Los servicios básicos están muy limitados, desde el agua, las provisiones, salud y comida. Además, las comunidades viven en miedo porque no saben cuándo vendrán las pandillas por ellos o sus vecinos”, explica Mungania.
La experiencia de los deportados desde República Dominicana da una idea de lo que podría estar por venir. Dado el control del territorio por las pandillas, el aeropuerto de la capital no está operativo de manera confiable y los expulsados llegan al norte del país, por lo que deben encontrar la manera de trasladarse al sur, donde está Puerto Príncipe y la mayor parte de la población.
La escasez y la inseguridad hacen de ese viaje un periplo en el que se está a la merced de los grupos criminales que tienen retenes de extorsión en las carreteras. Y, una vez en sus lugares de origen, muchos se encuentran sus casas tomadas y se convierten así en desplazados internos. Tampoco es fácil encontrar un trabajo y casi toda la población depende de las ayudas humanitarias. Mungania asegura que, en muchos casos que ha visto, la gente ha preferido volver a República Dominicana, aceptando como menor el riesgo de una nueva deportación que el de intentar reconstruir una vida en Haití.
Los primeros mil deportados desde Estados Unidos en el último año se enfrentarían a esto, pero también serían blancos más atractivos para las pandillas. “Si se percibe que tienes dinero, estás más en riesgo de extorsión y otros riesgos de seguridad, augura Mungania.
Violencia
La capital de Haití, Puerto Príncipe, enfrenta desde hace varias semanas un incremento sostenido de secuestros, modalidad delictiva utilizada por bandas armadas para obtener recursos económicos mediante el cobro de rescates. De acuerdo a Le Nouvelliste, estos hechos se han intensificado sobre todo en sectores del municipio de Delmas, entre ellos Delmas 19, Delmas 31, Delmas 33 y Delmas 75, zonas que registran una fuerte presencia de grupos armados. La defensora de derechos humanos Marie Yolène Gilles, integrante de la Fundación Je Klere, confirmó el incremento de los casos y advirtió que Delmas «se está convirtiendo en una zona roja”.
«No se puede hablar de un resurgimiento. Las familias simplemente se negaban a declarar, pero los secuestros no han disminuido», afirmó Gilles, al subrayar que el fenómeno ha persistido incluso cuando no siempre se formalizan las denuncias. Según la publicación, la mayoría de las víctimas estarían retenidas en Fontamara, barrio ubicado en la zona sur del área metropolitana, señalado en reiteradas ocasiones por la presencia de bandas armadas. Testimonios recogidos por el diario indican que entre los rehenes se encuentran un sacerdote, un abogado y un magistrado, mientras los secuestradores exigen sumas elevadas de dinero para su liberación.
La Embajada de Estados Unidos en Haití informó sobre la publicación de una recompensa de hasta un millón de dólares por información que conduzca a la identificación o localización de Johnson André, alias «Izo Lucifer», líder de la pandilla haitiana Baz 5 Segond por el secuestro de un estadounidense. Es señalado como uno de los jefes de pandillas más influyentes del país y mantiene el dominio territorial en Village de Dieu, una región considerada estratégica para las estructuras criminales en la capital haitiana.
Según el anuncio, el programa «Recompensas por la Justicia» (RFJ) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, administrado por el Servicio de Seguridad Diplomática, ofrece hasta un millón de dólares y la posibilidad de reubicación a quienes proporcionen información sobre André. «Andre y su banda de criminales están pidiendo rescates; familias están sufriendo. Detengamos estos crímenes», reza un mensaje colocado en la cuenta de X del programa RFJ. La embajada exhortó a cualquier persona que disponga de datos sobre André a comunicarse con el programa «Recompensas por la Justicia» a través de las plataformas Signal, WhatsApp o Telegram.
En las imágenes, publicadas el pasado 3 de febrero en su propia cuenta de TikTok, se observa a Izo cantando sobre un camión frente a decenas de personas durante una celebración callejera, en lo que aparenta ser una comparsa carnavalesca realizada en la zona que controla el grupo armado.