Haití: Crisis humanitaria tras deportaciones masivas ordenadas por Trump
Victoria Korn
Las deportaciones masivas de migrantes haitianos impulsadas por la administración de Donald Trump continúan generando una grave crisis humanitaria, tras el arribo de vuelos semanales al aeropuerto internacional de Cabo Haitiano que dejan a decenas de personas en el total desamparo, sin sus pertenencias y sin un lugar seguro a donde ir.
Desde mediados de agosto han retornado a más de 400 migrantes. Las operaciones se producen luego de que la Corte Suprema estadounidense decidiera en junio poner fin al Estatuto de Protección Temporal (TPS), medida que deja a más de 330.000 haitianos vulnerables a una deportación inminente tras perder su garantía de permanencia y trabajo.
Esta ofensiva migratoria se suma al cierre previo del programa humanitario CHNV —que permitía el ingreso legal y temporal de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela— en marzo de 2025, y del Programa de Reunión Familiar en diciembre de ese mismo año.
«Están deteniendo a las personas en la calle, en el trabajo, en cualquier lugar […], y llevándolas a un centro de detención», denunció Katia Bonté, coordinadora del Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR), señalando que los ciudadanos son despojados de sus teléfonos celulares y efectos personales antes de ser expulsados.
El desembarco de los migrantes ocurre en un territorio nacional profundamente deteriorado por la crisis de seguridad. Tras el terremoto de 2010, bandas paramilitares tomaron el control de extensas zonas de Puerto Príncipe y de las principales carreteras del país, bloqueando la libre circulación e incrementando los desplazamientos forzados.
Los ciudadanos deportados, que abandonaron sus hogares en Estados Unidos tras residir allí durante 5, 10 años o más conservando únicamente la ropa de prisionero proporcionada por las autoridades estadounidenses, reciben del gobierno haitiano la suma de 80 dólares, monto que resulta insuficiente para costear un pasaje seguro hacia el sur de la isla.
Ante este panorama, GARR exige al Estado lacreación de un fondo de emergencia para cubrir los traslados y gestionar un diálogo intergubernamental que establezca protocolos de llegada dignos.
Racismo institucional e impacto económico
En el ámbito político y legal, la confrontación persiste mientras bufetes especializados buscan alternativas para la permanencia de los migrantes y legisladores demócratas defienden en el Congreso la restitución del TPS. Figuras como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, han cuestionado públicamente las medidas de la Casa Blanca, confrontando directamente la agenda migratoria federal.
Inseguridad
Haití atraviesa una crisis en todos los aspectos, marcada especialmente por la inseguridad a manos de las bandas armadas, que controlan la mayor parte de la capital con ataques y secuestros constantes que han obligado a miles de personas a desplazarse. Según datos de Naciones Unidas, la violencia en el país causó solo en los primeros seis meses del año al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos.
Al menos 164 personas fueron asesinadas y otras 23 resultaron heridas en dos masacres perpetradas en julio y agosto en la comuna de Kenscoff, a las afueras de Puerto Príncipe, según un informe de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (Rnddh) difundido en las últimas horas.
Las matanzas ocurrieron las noches del 7 de julio y del 23 de agosto. Durante los ataques, la coalición criminal Viv Ansanm secuestró a 71 personas y dejó decenas de desaparecidos, detalla el documento: 36 Mujeres entre las víctimas mortales, 21 Adultos mayores asesinados, siete niños y niñas fallecidos y 71 personas secuestradas durante los ataques. La organización denunció además varios casos de violencia sexual cometidos durante los hechos, entre ellos el sufrido por una niña de 12 años.
El informe señala que la masacre de agosto fue objeto de una «preparación minuciosa» y que tuvo como objetivo principal la penetración de las bandas en Kenscoff, localidad a la que sumieron en el terror.En esa ocasión, según el documento, los atacantes utilizaron drones de vigilancia que les permitieron seguir los movimientos y posiciones de las fuerzas del orden para actuar con total libertad.
Desplegaron también un número importante de exploradores sobre el terreno, encargados de obtener información en tiempo real sobre los desplazamientos de las fuerzas de seguridad y la configuración del dispositivo de defensa de la ciudad. Mientras las fuerzas del orden fracasaron lamentablemente en proteger a la población, la respuesta judicial aportada a estas dos masacres sigue siendo, por su parte, ampliamente insuficiente en relación con su magnitud, señaló la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH )
Las dos matanzas provocaron asimismo pérdidas materiales que la organización califica de enormes en los sectores agrícola y ganadero de la zona, que quedaron en manos de las bandas armadas.
La RNDDH considera urgente que las autoridades adopten «todas las medidas necesarias» para garantizar la protección efectiva de la población haitiana en general y de la de Kenscoff en particular, entre ellas el refuerzo «sostenible» de los dispositivos de seguridad en la comuna. Exige además esclarecer las circunstancias que rodearon ambas matanzas y determinar las «responsabilidades individuales e institucionales», con el fin de identificar y procesar a los autores y cómplices de los crímenes.
*Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)