Haití, ahora bajo el imperio de las pandillas
Observatorio en Comunicación y Democracia – FILA
Haití, primera república negra independiente (1804) vive hoy una de las mayores crisis de su historia debido a la inestabilidad política agravada por el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Cuatro de cada diez haitianos viven en la pobreza extrema, gracias a la colonización francesa y estadounidense.
Las bandas criminales –financiadas e instrumentalizadas por los poderes dominantes controlan gran parte de la capital, provocando miedo y desplazamientos de población. En Puerto Príncipe se registran 130.000 desplazados internos.
Haití pagó un precio muy alto por su independencia: en 1825, se vio obligado a pagar a Francia 150 millones de francos de oro para compensar, por sus pérdidas, a los antiguos colonos que habían dominado a los esclavos, a cambio del reconocimiento de su existencia como nación-estado independiente. La sanción se impuso bajo la amenaza de una invasión militar: una flota de 14 barcos de guerra se amontonaron en la costa de Puerto Príncipe, lista para intervenir para la restauración de la esclavitud en caso de insubordinación.
Después de los franeses, llegaron los estadounidenses ocupando el país desde el 28 de julio de 1915, cuando 330 marines desembarcaron en Puerto Príncipe bajo la autoridad del presidente Woodrow Wilson, para salvaguardar los intereses de las empresas estadounidenses. El 17 de diciembre anterior, instados por el National City Bank y el BNRH, marines EEUU entraron en el banco nacional y tomaron la custodia de la reserva de oro de Haití de unos 500.000 dólares estadounidenses (unos 14 millones de dólares actuales).
La violencia de las pandillas empeoró drásticamente a finales de febrero. En lugar de enfrentarse entre sí por control territorial, como lo venían haciendo durante años, las bandas criminales el G9 y el Gpèp, las más poderosas que operan en Puerto Príncipe y sus alrededores, hicieron un pacto de no agresión para establecer un frente unido contra las autoridades.
Los dos grupos rivales lanzaron ataques coordinados contra edificios gubernamentales e infraestructuras críticas. asaltaron decenas de comisarías de policía, las dos mayores penitenciarías del país (de las que se fugaron unos 4600 presos), los principales puertos marítimos y el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, que sólo ahora está reanudando muy lentamente sus operaciones.
Antes habían librado una batalla brutal por la hegemonía utilizando una violencia indiscriminada contra la población civil, incluidas violaciones colectivas de mujeres y menores.
Esta nueva federación, Viv Ansanm (“vivir juntos” en creole haitiano), también ha saqueado e incendiado escuelas, centros de salud, negocios y residencias privadas, exacerbando las profundas privaciones que ya aquejaban al país.
A medida que la crisis se fue agravando en los últimos tres años, los países vecinos del Caribe, junto con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, han presionado a los políticos haitianos para que llegaran a un acuerdo para compartir el poder y restaurar las instituciones democráticas, romper el dominio de las pandillas y hacer frente a la emergencia humanitaria del país.
En abril surgió una salida al prolongado estancamiento político. El primer ministro Ariel Henry, que había sido jefe de Estado de facto desde el asesinato de Jovenal Moïse, renunció bajo la presión de Washington, y los grupos políticos más importantes de Haití se unieron con representantes del sector privado y de la sociedad civil para formar un gobierno de transición bajo un plan ideado con apoyo internacional.
Las primeras tareas del nuevo gobierno es facilitar el despliegue de la misión de seguridad multinacional liderada por Kenia y autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de 2023 para ayudar a la policía a enfrentar a las pandillas, y preparar el terreno para las elecciones, pero las primeras semanas del gobierno de transición se han visto empañadas por discordias internas.
El gobierno de transición debe organizar elecciones generales para que las autoridades locales, regionales y nacionales puedan asumir sus cargos en febrero de 2026, casi una década después de las últimas elecciones. Antes, se debe nombrar un consejo electoral provisional, que valore el sistema de votación del país. Asimismo, debe encabezar un proceso de reforma constitucional antes de que se celebren las elecciones.
Las élites haitianas han utilizado durante mucho tiempo grupos armados no estatales como herramientas para imponer su autoridad política y económica. Incluso si la misión maneja bien esos desafíos, es poco probable que se produzca un cambio positivo a largo plazo a menos que se combatan las raíces de la expansión de las pandillas.
Han proporcionado a las pandillas fondos, armas e impunidad según fuera necesario, a cambio de lo cual éstas ayudaban a reprimir protestas, garantizar la victoria de determinados candidatos en las elecciones y proteger territorios para negocios legales e ilegales.
Pero los lazos entre las bandas y las élites se han ido desgastando, aunque las ambiciones personales de los líderes más destacados de las pandillas y la feroz competencia entre las coaliciones de pandillas, entre otras cuestiones, han obligado a los grupos a buscar nuevas fuentes de financiación tales como extorsión, secuestro y, más recientemente, el tráfico de drogas y armas.
Estados Unidos y Canadá han tratado de romper los lazos entre las pandillas y las élites haitianas, pero estas medidas han perdido eficacia con el tiempo, pese a imponer sanciones a algunos de los políticos más influyentes y poderosos empresarios, incluidos dos ex presidentes, dos ex primeros ministros y varios ex senadores acusados de haber apoyado directa o indirectamente a las pandillas.
También Naciones Unidas estableció un régimen especial de sanciones en octubre de 2022 para cortar los vínculos entre las pandillas y sus patrocinadores externos. Pero hasta ahora los miembros del Consejo de Seguridad sólo han acordado incluir a cinco líderes de pandillas, sobre quienes las sanciones financieras y las prohibiciones de viajar tienen un impacto extremadamente limitado.
La crisis de Haití es multifacética, pero el peligro más acuciante para la vida de muchas personas lo representan las pandillas criminales. Con el gobierno desestabilizado tras el asesinato de Moïse, las pandillas ampliaron sus filas y aumentaron su arsenal.
En conjunto, las coaliciones de pandillas tienen actualmente alrededor de 5000 miembros. Buscan controlar puntos estratégicos para diversos fines ilícitos, entre ellos extorsionar a empresas y residentes, establecer peajes improvisados en las carreteras y afirmar el control de áreas más grandes donde mantienen a las personas que secuestran.