Guatemala: el Estado, ¿a quién defiende?
Marcelo Colussi |
La reciente muerte de 40 jóvenes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala, instancia pública regenteada por la Secretaría de Bienestar Social, abrió una visión crítica de la situación de la sociedad y del Estado: ¿quién mató a estas adolescentes: el fuego, un carcelero irresponsable o un Estado neoliberal ineficiente, heredero del Estado-finca que ha venido caracterizando a la nación desde sus albores, defensor de los grandes grupos agroexportadores e inexistente para las necesidades populares?
Ello lleva a preguntar: ¿por qué una sociedad es como es? En este caso: ¿por qué esta sociedad tiene 60% de su población bajo el límite de la pobreza, 20% de analfabetismo, machismo-patriarcal a la orden del día, la mitad de su niñez desnutrida, más de un 11% de su PBI constituido por remesas familiares de personas que se van irregularmente a Estados Unidos a trabajar en condiciones de precariedad, pandillas juveniles violentas, 25% de la población urbana viviendo en barrios marginalizados, 11% de la niñez urbana trabajando, más cantinas que escuelas y hospitales y centros de salud desabastecidos? Lo cual lleva a esta otra pregunta: ¿por qué un Estado “normaliza” todo esto?
El Estado es el mecanismo social que legitima una situación dada. Dicho de otro modo: el Estado constituye en ley, en ordenamiento simbólico universal, en mandato social obligado, un determinado estado de cosas. La legislación (que es siempre una construcción histórica, una convención) viene a darle valor inamovible e incuestionable a una situación determinada. En ese sentido, la ley no es necesariamente justa. Es: “lo que conviene al más fuerte”, como dijera Trasímaco de Calcedonia en la Grecia clásica. El dirigente bolchevique Vladimir Lenin lo dirá con otras palabras dos milenios y medio después: “El Estado es el producto irreconciliable de las contradicciones de clase”.
El Estado es una fiel representación de lo que es la sociedad. En Guatemala se asiste a un Estado de espalda a las necesidades reales de su población. Un Estado que reprime, que viola en la práctica lo que declara en su Constitución, que beneficia a unos pocos en detrimento de las grandes mayorías. El Estado, en ese sentido, se constituye en el principal violador de los derechos mínimos y elementales de su gente.
¿Por qué murieron calcinadas 40 jovencitas que protestaban por abusos, negocio de trata sexual del que eran víctimas, golpes y vejaciones? No por el carcelero desquiciado que no abrió la puerta: murieron por una sumatoria de causas de las que el Estado es el principal factor y su representación más cabal.
El Estado de Guatemala -al igual que el Estado de cualquier país capitalista- no atiende realmente las necesidades de su población. En los países prósperos del Norte puede que invierta mucho más en cuestiones sociales, porque su situación económica se lo permite. Pero cuando la lucha de clases se pone al rojo vivo, nunca se equivoca en relación a quién debe defender. En el Sur, en los países pobres de África, Asia y América Latina, el Estado es equivalente a ineficiencia, corrupción y represión.
En Guatemala, ese Estado puede ser groseramente abusivo, represivo, de espaldas a la población. Para ejemplo -para no repetir el de las jovencitas calcinadas- puede verse su posición con el derecho a la alimentación.
Violación del derecho de alimentación en el municipio de Camotán
El municipio de Camotán pertenece al departamento de Chiquimula, en lo que se llama “Corredor seco”. Esta es una región que cubre parte de los departamentos de Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso, Jalapa, Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa. Es un área especialmente vulnerable a las sequías, y en algunos puntos no cuenta con seguridad alimentaria. En otros términos: es una de las zonas más pobres y golpeadas del territorio nacional. La región sufre un proceso de deforestación muy grave, por lo que su cobertura boscosa es escasa, quedando hoy día solo el 22% de la cubierta original. En el Corredor seco habitan varias etnias, entre ladinos y pueblos mayas ancestrales. Una de estas etnias es la chortí. En el municipio de Camotán, uno de los más pobres del país, el 60% de la población es maya-chortí.
Camotán cuenta con la cabecera municipal, 29 aldeas y 78 caseríos. La mayor parte de sus comunidades está inmersa en la pobreza extrema. Los ingresos económicos se limitan a conseguir empleo precario en las plantaciones de café de la frontera con Honduras (con magros salarios que no permiten a las familias cubrir sus necesidades básicas) o depender de la agricultura de sobrevivencia, en caso de tener tierras propias (microparcelas de una hectárea, o menos, que escasamente proveen los alimentos básicos). La alimentación se reduce a maíz y frijol. En ocasiones, sus dos comidas diarias se limitan a apenas algunas tortillas de maíz. De ese modo es absolutamente imposible superar el ciclo de desnutrición que afecta no sólo a los más pequeños, sino a las familias en su totalidad. 72% de los integrantes de la etnia chortí están desnutridos.
Muchas de esas familias no cuentan con ningún tipo de saneamiento, siendo sus comunidades caldo de cultivo de parásitos y enfermedades digestivas. El acceso al agua potable, muy escasas en la región, requiere muchas veces de un largo recorrido a pie. Niñas y niños se ven obligados a trabajar con apenas diez años para completar el ingreso hogareño, en general abandonando sus estudios. Es muy común el matrimonio a una corta edad, y el promedio de hijos por mujer -empezando la maternidad a temprana edad- supera ampliamente la media nacional.
En Camotán viven Brayan, Mayrita, Leonel y las hermanas Dina Marilú y Mavelita Lucila, niñas y niñas en extrema pobreza que padecen desnutrición crónica. Las cuatro familias a las que pertenecen estos niños han presentado una demanda histórica contra el Estado, lo cual puede ser tomado como un caso paradigmático de violación al derecho de alimentación a partir de una sentencia histórica, inédita, que marca un camino.
Según el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales establecido en la cumbre de la FAO en 1996, y en cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño -instrumentos jurídicos de los que Guatemala es signatario-, además de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de Guatemala, la lucha contra el hambre y la desnutrición es una obligación que el Estado debe cumplir. Pero la realidad muestra que, lamentablemente, la obligación no siempre se cumple.
El Juzgado de Niñez y Adolescencia en Conflicto con la Ley Penal de Zacapa, declaró al Estado de Guatemala como responsable en estos cinco casos judiciales, presentados el 7 de noviembre de 2011. La sentencia dictada por el juez Elvyn René Gutiérrez Romero destaca que el Estado es responsable, por omisión, de violar el derecho a la alimentación, a la vida, a la vivienda, a la salud, a la educación y al trabajo, no sólo de los cinco niños y niñas, sino de sus familias.
Los casos fueron presentados ante el Juzgado por la Campaña “Guatemala Sin Hambre”, una entidad que aglutina a 14 organizaciones de la sociedad civil; lo que se pretendió con la iniciativa fue proteger a esas tres niñas y dos niños con desnutrición crónica, originarios de Cañón Tisipe y Lelá Chancó, comunidades de Camotán, al mismo tiempo que sentar un precedente. Es decir: promover un movimiento político. Con la sentencia que tuvo lugar se desestima lo que, en el 2011, el Estado trató de hacer, desresponsabilizándose de sus obligaciones y responsabilizando (criminalizando) a los padres de las familias de los menores de edad afectados, acusándolos de presunta negligencia y falta de precaución por su enfermedad y desnutrición crónica.
“Hay un Estado que no genera las condiciones para sacar adelante a los hijos. Hasta el final del proceso se insistió en que las familias eran las culpables, que eran unos haraganes, que trabajaban solo en determinadas épocas, muchos mitos. Había mucha crítica hacia estas personas cuando estaban demandando al Estado; sin embargo, no es un problema de cuatro familias de la región, estamos hablando de más de la mitad del país que vive en extrema pobreza”, explicaron en su momento voceros de la red de organizaciones de sociedad civil que acompañaron la demanda.
Tras varias audiencias, y con la plena implicación en el proceso de la coalición de ONG’s “Guatemala sin Hambre”, el informe antropológico determinó que “la situación que viven las familias no les permite romper el círculo de la pobreza y la desnutrición, no tienen horizontes de desarrollo humano”. En abril y mayo de 2013 se llegó a las sentencias.
“El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y realizar el derecho humano a la alimentación y no adoptar medidas que impidan o dificulten el acceso a la alimentación adecuada”, dictaminó el juez en una sentencia histórica, que “declara al Estado responsable por omisión por la violación del derecho a la alimentación, a la vida, a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo”. En la parte resolutiva, “se declara la responsabilidad del Estado al no contemplar programas, políticas, acciones y medidas eficaces que evitaran problemas de salud y desnutrición crónica y aguda sufrida por falta de alimentación adecuada, y en consecuencia y velando por el interés superior de los niños y niñas se estima que los derechos humanos violados deben ser sustituidos”.
Las sentencias, que incluyen 26 acciones vinculadas a diez órganos de gobierno que tienen alcance individual, familiar, comunitario y nacional, sientan jurisprudencia en materia de derechos económicos, sociales y culturales por primera vez en Guatemala. Los derechos de niñas y niños deben respetarse.
De todos modos, el Estado intentó revertir esta resolución histórica por la vía de amparos, buscando así anular la sentencia. Pese a esas medidas dilatorias, la Justicia de Guatemala ha rechazado los recursos de amparo presentados por varios ministerios, y la Corte de Constitucionalidad se ha expedido a favor de los menores de edad y sus familias.
La sentencia del Juzgado propone una solución de carácter integral, en la que deben incluirse acciones de distintos organismos estatales, tales como la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-, la Comisión Presidencial para la Resolución de Conflictos de Tierra -CONTIERRA- y los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Agricultura, entre otras instancias. Por otro lado, se establecieron plazos de uno a tres meses para el cumplimiento de las medidas inmediatas.
En el marco del último Examen Periódico Universal -EPU-, llevado a cabo por el Consejo de derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 2012, 55 Estados Miembros de la ONU han formulado 111 recomendaciones referidas a la lucha contra la impunidad, el fin de la violencia contra las mujeres, el derecho a la alimentación y la reducción de la desnutrición, el acceso a la educación, la erradicación de la pobreza, la protección de los derechos de los niños, de las personas con discapacidad, pueblos indígenas, entre otras, que fueron aceptadas por Guatemala. Dado que el país asumió voluntariamente estos compromisos, organizaciones sociales de mujeres, personas con discapacidades, pueblos indígenas, niñez, adolescencia y promotoras del derecho a la alimentación, han venido dando seguimiento al desempeño del Estado y formulando propuestas para que éste cumpla con su obligación de garantizar los Derechos Humanos de todos sus ciudadanos.
Transcurridos cuatro años del examen, las organizaciones sociales reclaman ante la falta de compromiso del gobierno con los derechos de las minorías, haciendo un llamado a la población a iniciar un debate nacional sobre derechos humanos, antes que se realice el siguiente EPU, previsto para principios 2017. De hecho, la desnutrición continúa en Camotán, así como en todo el territorio nacional.
Una de las madres de estas niñas y niños que presentaron la demanda (Sebastiana, con 42 años de edad, madre de Mavelita y 12 hijos más), explicó a algunos medios de comunicación que ellos aceptaron denunciar al Estado pese a las consecuencias que esa determinación conllevó, pues las familias de estos niños eran discriminadas continuamente, incluso por sus propios vecinos de la comunidad, ya que el gobierno de turno les castigaba sin medicamentos y otros recursos básicos por haber demandado. “Me animé porque nos vinieron a buscar. Mis vecinas no lo entendían, decían que solo estaba consiguiendo alimentos para mí, pero siempre seguí en la lucha. Además, no fue por eso, porque mi lucha no es solo para mí, también para ellos”, declaró la citada progenitora.
El Estado defiende que sí ha cumplido con su obligación de garantizar el derecho a la alimentación, e incluso cuestiona que la situación de estas cuatro familias sea la peor dentro de la comunidad. El gobierno guatemalteco, bajo la administración del presidente Otto Pérez Molina (ahora preso por casos de corrupción, pero curiosamente no por genocidio), puso en marcha en 2013 el Pacto Hambre Cero, consistente en la entrega de raciones de comida, con el objetivo de reducir en un 10% la desnutrición crónica infantil en un lapso de cuatro años. Esa iniciativa, más de orden de la caridad, o de la reacción cosmética, sin profundizar en las causas estructurales, no ha logrado reducir significativamente la situación, más allá de un cambio superficial, ofrecido como un gran logro en términos políticos. Justo en el momento en que la Organización Mundial de la Salud -OMS- cambió los estándares de medición, el gobierno anunció que reduciría un 7% la desnutrición crónica; esa fue una medida oportunista, pues solo por el cambio de estándar, y sin hacer absolutamente nada más en términos reales para combatir el flagelo, logró que los números cuadraran de tal forma de mostrar una supuesta reducción de la desnutrición. Pero la realidad es muy otra.
La entrega de comida no es un remedio real a la situación estructural; ello, en definitiva, pasa a ser parte de la ideología de la beneficencia, alimentando una cultura del paternalismo que no remedia nada a mediano y largo plazo. Un remiendo circunstancial, que no soluciona los problemas de fondo. Por otro lado, ese mismo remiendo no es suficiente, pues en cada saco el Estado proporciona un quintal de maíz, 30 libras de frijol y 17 de harina, cantidad que el gobierno calculó suficiente para un mes. Pero según la FAO, la cantidad de alimentos que una familia de 5 miembros necesita son 35 quintales de maíz y de 6 a 7 quintales de frijol, por lo que la ayuda entregada es escasa, teniendo un valor más político-cosmético que otra cosa (independientemente del negocio corrupto que pudiera haber habido en sobrecotizaciones y negociados turbios). Por lo pronto, muchas de las familias chortí que recibieron los sacos de alimento han sido amenazadas con dejar de recibir las ayudas si llevan a sus hijos a centros de recuperación nutricional.
El propio Estado estimó que no llega al 100% de las familias con su ayuda, pero considera que con esta iniciativa se ha reducido el índice de desnutrición. No obstante, la red de organizaciones “Guatemala sin hambre” llama a no dejarse engañar por el gobierno y cita el Informe alternativo del derecho a la alimentación en Guatemala, que recoge 116 casos de niños fallecidos por desnutrición en 2013.
Guatemala es el segundo país de América Latina, detrás de Haití, con mayores índices de desnutrición infantil, y se ha convertido en el quinto país del mundo con mayor desnutrición infantil severa según datos de UNICEF. El 48% de los niños guatemaltecos padece este mal (¡recordemos que Cuba tiene 0% de este flagelo!), y esta violación del derecho a la alimentación se agrava en el caso de los niños indígenas, en los que la desnutrición alcanza al 80% de ellos, según la citada agencia de Naciones Unidas.
De los 22 departamentos del país, 12 presentan alto o muy alto riesgo de desnutrición, según el mapa de vulnerabilidad nutricional 2015 de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional del gobierno.
Distintas organizaciones sociales que trabajan por los derechos de la niñez y adolescencia recientemente, en el año 2016, hicieron un llamamiento al presidente Jimmy Morales para que cumpla los compromisos adquiridos por el Estado en octubre de 2012, durante la presidencia de Pérez Molina, cuando Guatemala recibió recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, resultado del EPU llevado a cabo por el Consejo de derechos Humanos de Naciones Unidas.
“El Presidente Morales debería acelerar el cumplimiento del compromiso de establecer un órgano de seguimiento que esté integrado por el Gobierno, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y posiblemente representantes de los países donantes que estén de acuerdo, con el fin de aplicar plenamente las recomendaciones internacionales de Derechos Humanos, incluidas las formuladas en el marco del EPU”, manifestaron estas organizaciones.
La solución del hambre, esta grave violación a los derechos de la niñez con consecuencias letales en el mediano y largo plazo, sigue siendo una agenda pendiente, más allá de las administraciones de turno que ocupan el gobierno.
A modo de conclusión
Está claro que el aparato de Estado es un mecanismo que cambia sus funcionarios cada cierto tiempo, pero que más allá de esos personajes circunstanciales, cumple una misión transpersonal: mantener las cosas tal como están. El presidente de turno, en Guatemala como en cualquier país con economía de mercado, es un mero administrador. Administrador -obligado es decirlo- que recibe órdenes al oído de los grupos de poder (¿poderosos grupos económicos?, ¿embajada de Estados Unidos?, ¿de Dios quizá?), pero nunca de la población de a pie.
Todo ello se puede evidenciar en cómo se mueven las relaciones políticas reales: la población, aunque ejerce su voto cada cierto de tiempo, es un absoluto convidado de piedra en la real toma de decisiones de las cosas que definen su vida.
¿Por qué murieron calcinadas 40 mujeres jóvenes en Guatemala? ¿Por qué en el municipio de Camotán hay hambruna crónica? ¿Por qué en el mundo se gasta más en armamentos que en alimentación o educación? ¿Decide la gente algo de todo eso? ¡En absoluto! Los Estados son los mecanismos a través de los cuales los grupos poderosos (clases dominantes) mandan a la totalidad de la población. No se trata de la corrupción de algún funcionario venal puntual; eso es solo un accidente anecdótico. La causa real de las penurias sociales está en la forma en la que está armada la sociedad, justificada por eso que llamamos Estado. ¿Será hora de ir pensando en otra forma de organizar todo eso entonces?
[email protected]
https://www.facebook.com/marcelo.colussi.33