Grupo de Puebla: La Amazonia es nuestro futuro común

Dirigentes políticos progresistas, agrupados en el Grupo de Puebla, sostuvieron en una declaración que “bajo el gobierno de jair Bolsonaro, Brasil se ha convertido en un villano ambiental que atenta a sus propios intereses, su soberanía y los anhelos de la humanidad. (…) La señal de la catástrofe ambiental que se está desarrollando actualmente principalmente en la Amazonía, con un aumento incontrolado del 67% en las áreas quemadas, fue dada por las actitudes hostiles del nuevo gobierno hacia el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas”. A continuación, la declaración:

El brutal retroceso ambiental que se observa en Brasil con la llegada de Bolsonaro al poder, cuya cara más dramática es la actual devastación de la Amazonia por vastos y criminales incendios, constituyen una agresión innombrable a un patrimonio incalculable de aquel país y su soberanía nacional, así como compromete el futuro de las generaciones jóvenes de brasileiros y no brasileiros

En efecto, antes de llegar al poder, Bolsonaro dio declaraciones demostrando su clara intención de promover retrocesos sustanciales en la agenda ambiental de Brasil. Prometió no dar un “centímetro más de tierra para indígenas y quilombolas” y afirmó que la Amazonía tenia que ser explorada comercialmente con la ayuda de los Estados Unidos

Además, él y su canciller pre-Ilustrado, emulando a la administración Trump, cuestionaron el calentamiento global, a pesar de la sólida evidencia científica disponible, y amenazaron incluso con eliminar a Brasil del Acuerdo de París.

En este sentido, la agenda anti-ambiental del gobierno de Bolsonaro es una clara manifestación de sumisión geopolítica a la agenda regresiva del gobierno de Trump y encarna el evidente deseo de entregar el inmenso patrimonio fitogenético, zoogenético y mineral de Brasil a la búsqueda depredadora de empresas extranjeras, en detrimento del uso soberano y  sustentable de sus vastos recursos ambientales y de los derechos de los pueblos indígenas en la preservación de sus culturas y de la población en general a un medio ambiente equilibrado.

Este antiambientalismo precientífico, irracional y entreguista del gobierno de Bolsonaro se contrapone a los grandes avances civilizatorios realizados en esta área en gobiernos brasileños anteriores, particularmente en los de Lula y Dilma.

En esos gobiernos, con el establecimiento de la Política Nacional sobre Cambio Climático, las áreas de protección ambiental fueron ampliadas considerablemente y los niveles de deforestación se redujeron sustancialmente, especialmente en la Amazonía.

Los resultados fueron dramáticos. En 2012, en el gobierno de Dilma, Brasil tuvo la tasa de deforestación más baja en su historia documentada. La reducción de la deforestación en Brasil alcanzó el 76,27%, en comparación con los niveles practicados hasta principios de este siglo. Como resultado, las emisiones de CO² se desplomaron de 3.453 billones de toneladas en 2004 a 1.368 billones de toneladas en 2015, el último año del gobierno del Partido de los Trabajadores.

Estos avances internos, entre muchos otros, permitieron un cambio notable de posición de Brasil en el escenario internacional. Así, en las Conferencias de la ONU sobre el Cambio Climático (Río + 20 y COP 15), Brasil salió de una posición histórica eminentemente defensiva y llevo en su equipaje propuestas concretas: una Política Nacional sobre Cambio Climático, un Fondo para financiar acciones de mitigación y  adaptación al cambio climático, y  más importante aún, el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 36,1% a un 38,9%, junto con el compromiso de reducir la deforestación de la Amazonia en un 80%, una meta que  ya se había sido prácticamente logrado en 2012.

Brasil se convirtió así, de manera coherente con sus intereses nacionales, en uno de los líderes mundiales en la lucha contra el efecto invernadero y los desequilibrios ambientales. Los otros países latinoamericanos también se sumaron a este esfuerzo.

Ahora, bajo el gobierno de Bolsonaro, Brasil se ha convertido en un villano ambiental que atenta a sus propios intereses, su soberanía y los anhelos de la humanidad. De ser una solución, Brasil se convirtió en un gran problema.

La señal de la catástrofe ambiental que se está desarrollando actualmente principalmente en la Amazonía, con un aumento incontrolado del 67% en las áreas quemadas, fue dada por las actitudes hostiles del nuevo gobierno hacia el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.

De hecho, en pocos meses, el gobierno de Bolsonaro:

1. a) debilitó al Ministerio del Medio Ambiente al trasladar la Agencia Nacional del Agua al Ministerio de Desarrollo Regional y el Servicio Forestal de Brasil al Ministerio de Agricultura;
2. b) anunció la revisión de las 334 Unidades de Conservación brasileñas, amenazándolas de reducción o extinción;
3. c) coloco un freno en la fiscalización ambiental, lo que provocó una caída del 34% en el número de multas impuestas por IBAMA
4. d) comenzó el desmantelamiento de la Política Climática, con declaraciones posteriores contra esta política global, incluido el Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, quien define el tema como “académico” y “no prioritario”;
5. e) atacó el Fondo Amazonia y sus principales financiadores, como Alemania y Noruega, recurriendo incluso, a acusaciones falsas;
6. f) atacó y debilitó a los órganos de control ambiental, en particular IBAMA e ICMBio, y cuestionó los datos de monitoreo INPE, lo que resultó en la renuncia de su responsable;
7. g) trató de vaciar FUNAI cambiando la función de demarcación de tierras indígenas al Ministerio de Agricultura; y
8. h) se negó a albergar la COP-25.

Al contrario de lo que dice el gobierno de Bolsonaro, esta no es una agenda de protección de la soberanía; esto es una agenda para promover la fechoría económica, social y ambiental.

Brasil, que tiene el 20% de la biodiversidad internacional y el 13% del agua dulce del planeta, la mayor potencia ambiental del mundo, quiere preservar y ampliar sus compromisos ambientales, de forma de hacer una contribución decisiva para evitar que el cambio climático llegue al punto de no – retorno, lo que afectará por igual la vida de los brasileños y de los demás pueblos de la tierra.

Bolsonaro y su locura depredadora no representan a Brasil ni a los demás países de América Latina.

En nuestra opinión, la mejor manera de asegurar la soberanía de Brasil, especialmente en la región amazónica, es promover la explotación sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales. Nuestra generación y las futuras generaciones obtendrán muchos más ingresos y podrán contar con más y mejores empleos a través de esta estrategia sensata y moderna.

Este es el camino racional, justo y soberano de Brasil, América Latina y el mundo. Los otros países de la cuenca del Amazonas, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam, entienden que esta es la forma de cuidar bien este jardín que comparten con Brasil.

Ya el mal camino piromaníaco que propone Bolsonaro significará, para Brasil, aislamiento diplomático, represalias comerciales, pobreza, escasez, sufrimiento para los pueblos originarios y la población más pobre, así como la erosión de su soberanía sobre el Amazonas y sus recursos naturales. Un mal camino que avergüenza a ese país ante el mundo.

Para el planeta, la locura ambiental de Bolsonaro, que miente sobre su respeto a los compromisos asumidos, es una amenaza global que debe ser contenida. Por lo tanto, entendemos las iniciativas para abordar el problema, como la que lleva a cabo el G7.

Bolsonaro no solo está incendiando el Amazonas, sino que está quemando la soberanía de Brasil, la soberanía de los demás países de la cuenca del Amazonas y el futuro de toda la humanidad.

Firman: Fernando Haddad, ex ministro de Educación y ex candidato presidencial, Brasil; José Luis Rodríguez Zapatero, ex Presidente, España; Rafael Correa, ex Presidente, Ecuador; Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial y fundador del PRD, México, Karol Cariola, diputada, Chile; Leonel Fernández, ex Presidente, República Dominicana; Julián Andrés Domínguez, ex Diputado y ex Ministro, Argentina;  Miguel Barbosa Huerta, Gobernador de Puebla, México; José Miguel Insulza, ex Secretario General OEA, actual senador, Chile; Camilo Lagos, presidente Partido Progresista de Chile.

Asimismo, Guillaume Long, ex Canciller, Ecuador; Clara López Obregón, ex Ministra del Trabajo y ex Candidata Presidencial, Colombia; Esperanza Martinez, ex Ministra de Salud, actual senadora, Paraguay; Daniel Martínez Villamil, ex ministro y senador, actual candidato presidencial, Uruguay; Aloizio Mercadante Oliva, ex ministro de Educación y ex Jefe Gabinete Presidencial, Brasil; Alejandro Navarro, senador, Chile.; Carlos Ominami, ex ministro de Economía y ex Senador, Chile; Yeidckol Polevnsky, Presidenta de Morena, México; Gabriela Rivadeneira, Asambleísta Nacional, Ecuador.

Entre los signantes también están Ernesto Samper, ex Presidente, Colombia, Felipe Carlos Solá, diputado nacional, Argentina, Carlos Sotelo García, ex Senador, México, Jorge Enrique Taiana, ex Canciller, Argentina, Carlos Alfonso Tomada, ex Ministro del Trabajo, actual Legislador Federal, Argentina, Beatriz Paredes, senadora, México, Celso Amorim, ex canciller, Brasil, Carol Proner, jurista, Brasil,  y Marco Enríquez-Ominami, ex Candidato Presidencial, Chile.