Gobierno uruguayo descarta proyecto Neptuno: triunfo de la movilización popular
Luvis Hochimín Pareja
El gobierno uruguayo descartó el proyecto hidráulico pautado por la administración anterior con un consorcio con el que ahora negocia la ejecución de una planta potabilizadora entre otras obras: queda así suspendido el denominado proyecto Neptuno en Arazatí y la planta prevista en el departamento de San José que tomaría agua del Río de la Plata, con alto nivel de salinidad.
El gobierno y los representantes de las empresas privadas que impulsan el proyecto Neptuno tuvieron este miércoles una de las últimas reuniones para definir el futuro de la iniciativa.La estatal Obras Sanitarias del Estados (OSE), representado por su presidente, Pablo Ferreri, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, transmitieron a los privados el conjunto de obras que están dispuestos a llevar a cabo en lugar del proyecto Neptuno.
Una vez descartado éste, queda por definir “qué otras obras” puede llevar adelante el consorcio Aguas de Montevideo, con el que el expresidente derechista Luis Lacalle Pou firmó el contrato de construcción en plena transición de gobierno.
La obra del denominado proyecto Neptuno, que iba a construirse en la playa de Arazatí, tenía un costo estimado de 294 millones de dólares. Produciría 200 mil metros cúbicos de agua potable diarios. El consorcio privado al que le fue adjudicada la obra está compuesto por las empresas Saceem, Berkes, Fast y Ciemsa, con quienes el Estado firmó un contrato de 20 años. El modelo financiero suponía pagos por parte del Estado que llegarían a 890 millones de dólares.
En paralelo a esta negociación, las organizaciones ambientales y sociales se movilizan y llevan adelante acciones judiciales con la intención de lograr que el Ejecutivo anule el contrato con los privados. En mayo presentaron una demanda para anular el contrato de la megaobra de agua potable en Uruguay. Estas herramientas jurídicas fueron 
impulsadas por la Comisión Nacional en Defensa del Aguroa y la Vida, el colectivo Tucu-Tucu de San José y el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
Los demandantes aseguraron que estaba en riesgo el “pacto democrático que consagra el agua como bien común, y su gestión como una obligación indelegable del Estado”. Señalaron que el proyecto Neptuno “no es una mera obra de infraestructura que padece de irregularidades: es un contrato nulo desde su origen, por violar normas constitucionales”. De concretarse el proyecto, las organizaciones advirtieron que se estarían privatizando “funciones esenciales del servicio de abastecimiento de agua potable”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, valoró como un “avance positivo” que el gobierno del centroizquierdista Frente Amplio decidiera descartar el cuestionado proyecto Neptuno y propusiera al consorcio encargado de su construcción la realización de una planta potabilizadora en Aguas Corrientes. Según Valdomir, eso “destraba” la hipótesis de un juicio contra el Estado.
“El abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana necesita ser reforzado”, remarcó Valdomir y expresó que el compromiso del gobierno es avanzar en la construcción de la represa Casupá (Florida), pero aclaró que esa obra no será suficiente dado que se trata del suministro de agua potable para el área metropolitana, la más densamente poblada del país.
Insistió en que Casupá “cuenta con los avales y se v a construir”, aunque tendrá que actualizarse su costo, que según
dijo podría oscilar entre los 300 y 400 millones de dólares. Además, la construcción de esta represa “tiene un pasivo ambiental importante”, puntualizó Valdomir, porque implica el anegamiento de suelos en lugares de “fragilidad ecológica”.
Fuentes de la negociación señalaron que básicamente lo propuesto por el Estado a los privados es la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua en la zona de Aguas Corrientes, que produzca 200.000 metros cúbicos de agua potable por día, que se sumarían a los 670.000 que la actual planta produce ahora. Además de esta obra, el gobierno propuso la construcción de una conexión de tuberías de 40 kilómetros que conecte la nueva usina de tratamiento con los tanques de OSE ubicados en Cuchilla Pereira, cerca de La Paz, en Canelones.
Esta propuesta se encuentra dentro de los márgenes del contrato firmado entre la administración de Luis Lacalle Pou y los privados, ya que considera la construcción de una planta potabilizadora y los conectores. La opción de construirla en los márgenes del Río de la Plata, tal como había sugerido la propia OSE en 2013, terminó siendo descartada y el gobierno puso el foco en el río Santa Lucía como la única fuente de agua dulce destinada al consumo humano del área metropolitana.
A la salida de la reunión en OSE, Alejandro Ruibal, presidente de la constructora Saceem e integrante del consorcio de privados que impulsa el proyecto, dijo ante los medios que las partes siguen “trabajando en un muy buen ambiente de negociación”. “Estuvimos hablando muy bien, muy profesionalmente, buscando la mejor solución para resolver el abastecimiento de agua potable”, declaró.
A pocos días de abandonar el poder, el expresidente Lacalle Pou firmó el acuerdo y desde ese momento el actual Poder Ejecutivo busca remediar la situación creada con esa decisión. El gobierno entiende que el proyecto tiene varias objeciones ambientales, económicas y sociales que no lo hacen viable, mientras que pone a Casupá como la obra primordial en esta dirección.
En una rueda de prensa el 14 de abril, el presidente Yamandú Orsi señaló que lo que no le convencía del proyecto era el “lugar”. Un mes después, fue nuevamente consultado por este tema y dijo que lo que se estaba evaluando era si las “obras pueden ser otras”, en tanto existe un contrato firmado que hay que respetar. “Con eso no se juega, es un dato de la realidad. No podemos detenernos un momento, por más visión encontrada que tengamos. La conversación implica cómo seguimos, no cómo paramos y rompemos todo”, dijo.
¿Casupá?
En la reunión no estuvo arriba de la mesa la posibilidad de que estos privados avancen también en la construcción de la represa de Casupá, una de las promesas de campaña del presidente Yamandú Orsi.
Pero la obra sigue siendo prioritaria para el Poder Ejecutivo, que analiza que la construcción de una nueva potabilizadora de respaldo a la actual de Aguas Corrientes más Casupá terminará permitiendo que Uruguay se asegure el abastecimiento de agua potable hasta 2045, tal como había anunciado al asumir el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, cuando habló de un plan nacional de infraestructura hídrica.
En el Ejecutivo planean comenzar con los estudios de prefactibilidad de Casupá en las próximas semanas, lo que daría inicio al trámite formal del proyecto ante el Ministerio de Ambiente. Por otra parte, el gobierno también propuso una serie de obras en el departamento de Maldonado, en el balneario Solís, para fortalecer el suministro de agua potable en el este del país.
*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)