Genocidios

El 29 de diciembre de 2023, juristas de Sudáfrica presentaron ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya una demanda contra Israel por la comisión de actos tipificados en la Convención de Naciones Unidas para la prevención y sanción de crímenes de genocidio, adoptada por la Asamblea General de dicha organización en 1948.

Según el artículo II de la citada norma, “En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

En Gaza, si atendemos a los  datos de la Oficina de Comunicación Social del gobierno de Palestina, desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 17 de enero de 2024  las fuerzas armadas de Israel perpetran los actos prohibidos en el artículo ll de dicha Convención “con la intención de destruir, total o parcialmente, al grupo nacional, étnico, racial y religioso” de los pobladores originarios palestinos.

Tales actos consisten en A) Matanza o desaparición de 31,620 inocentes, de los cuales 10.800 son niños y 7.258 mujeres, obviamente no combatientes. B) Lesiones graves a la integridad física y mental del grupo, en virtud de las cuales  24.620 civiles requieren hospitalización; 11.000 están en  tal estado de gravedad que para tratarlos deben salir de Gaza y  61.830 presentan  infecciones en heridas. C) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, pues el bloqueo de agua, energía y alimentos, más los bombardeos y asaltos contra núcleos de población y su ocupación violenta han causado el desplazamiento forzoso de cerca de dos millones de personas; de las cuales 400.000 presentan enfermedades infecciosas y 350.000 pacientes crónicos y 10.000 afectados de cáncer están en estado de riesgo por falta de medicinas y equipos. D) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo: 60.000 mujeres embarazadas están en riesgo por carencia de viviendas,  alimentos y medicinas y falta de acceso a atención médica, pues los  invasores destruyeron 30 hospitales, 53 centros de salud, y  asesinaron 337 médicos y personal del área de la salud y 45 miembros de protección civil.

Acompañan estas atrocidades físicas  actos de agresión cultural que evidencian “ la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”. Una nación es el acuerdo de un grupo humano sobre un conjunto de valores y rasgos culturales: destruirlos es aniquilarla.  No otra finalidad puede tener la demolición  de 157 mezquitas y el desmantelamiento parcial de 246 de ellas, así como la   de tres iglesias cristianas. La aniquilación cultural está asimismo detrás de la destrucción total de  138 oficinas gubernamentales y 97 escuelas y universidades, así como del desmantelamiento parcial de 295 centros de enseñanza y de dos centenares de sitios arqueológicos y patrimoniales.

La responsabilidad por dichos actos genocidas abarca asimismo la asociación, la instigación directa y pública, la tentativa y la complicidad. Juzgue el lector si una sola de estas variantes está ausente en la premeditada, despiadada y sistemática aniquilación de un pueblo que avanza en Gaza.

Dolarización en Ecuador

Vemos en Ecuador el fatal proceso  que tarde o temprano sufre cuanto gobierno  se vende a las políticas neoliberales. Desde el año 2000 en dicho país la moneda oficial es el dólar. Lenin Moreno aprovechó el prestigio acumulado por la brillante administración progresista de Rafael Correa para hacerse elegir como su sucesor; una vez en la presidencia traicionó a su antecesor, se pasó al neoliberalismo y enfrentó una sublevación popular que lo hubiera derrocado de no ser por la defección de la CONAIE (Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador).

Elegido  Presidente el banquero Guillermo Lasso, aplicó un programa de intensiva privatización y corrupción  que lo llevó al borde de un juicio político al cual contestó disolviendo la Asamblea Nacional y convocando a nuevas elecciones. Antes de ser obligado a dejar el cargo,  en 2023 logró aprobar una “Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19”, la cual incluye mecanismos para la regularización de activos en el exterior que posibilitan el lavado de capitales.

Su sucesor interino Daniel Noboa   declaró que “El narcotráfico es uno de los elementos que favorece al narcoterrorismo, porque no tienen que cambiar billetes, entran dólares y salen dólares, no queda rastro cambiario”. Al respecto el economista  Juan Pablo Jaramillo declaró para La Política Online que:”La dolarización es uno más de los factores que hacen atractivo que las bandas criminales operen en Ecuador, porque hace que sea más sencillo lavar dólares”  (https://agenciapacourondo.com.ar/patria-grande/ecuador-la-dolarizacion-favorece-al-narcotrafico) .

Ello intensificó el narcotráfico, el sector bancario se transformó en el de más alto crecimiento; la tasa de homicidios, que en tiempo de Rafael Correa bajó a 5 por cien mil habitantes, se quintuplicó hasta 25;  las bandas criminales se agigantaron hasta protagonizar un conjunto de motines carcelarios; el gobierno declaró primero el “estado de excepción”, luego el “conflicto armado interno” y  Estados Unidos envió a la jefa del Comando Sur, Laura Richardson y a un grupo de generales para preparar la “colaboración” militar con Ecuador, en base a  un acuerdo  con el gobierno de Lasso de octubre de 2023 que con la excusa del narcotráfico permitiría la intervención extranjera. Espejo en el cual deberían mirarse quienes predican privatización y dolarización como panaceas milagrosas a las cuales hay que sacrificar soberanías.