Fujimori y la esterilización forzada de 300 mil mujeres: ¿la hora del juicio?
Mariana Álvarez Orellana|
Condenado en 2009 a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, y con otras sentencias por cargos de corrupción, el exdictador Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de cárcel por su autoría mediata en los asesinatos de 25 peruanos, incluyendo a un niño de 8 años, a manos de un grupo clandestino de militares, y ahora deberá responder por las esterilizaciones forzadas practicadas durante su régimen.
Suma otras tres condenas, dos de ellas por corrupción y ahora deberá responder ante los tribunales por las esterilizaciones forzadas. Unas 300 mil mujeres, en su mayoría campesinas quechuahablantes de las zonas más pobres y excluidas del país, fueron esterilizadas contra su voluntad como parte de un siniestro programa para reducir la población de los sectores más pobres.
El caso esterilizaciones forzadas es uno de las más emblemáticos de Perú, donde desde el poder político a fines del siglo XX se buscó frenar la natalidad de los humildes e indígenas sin reparar en sus derechos y como estrategia para disminuir la pobreza del país, según el Ministerio Público.
Las mujeres esterilizadas lucharon dos décadas para empujar a la fiscalía a denunciar al expresidente Fujimori. La investigación preliminar a nivel de la fiscalía peruana sufrió varios intentos de quedar archivada en 2009, 2014, 2016 y 2018, de acuerdo con defensores de las víctimas.
Por dos décadas las activistas que denuncian las esterilizaciones a la fuerza se han manifestado con las faldas y piernas manchadas con tinta roja. También mostrando dibujos de trompas de falopio ensangrentadas. Presidentes de todos los espectros políticos les han dado la espalda.
El caso también toma interés porque el actual ministro de Salud, el doctor Hernando Cevallos, denunció en 1997 a la fiscalía, junto con otros médicos, que les obligaban a operar hasta 60 mujeres por día en las campañas de esterilizaciones.
El poder judicial dijo a través de su cuenta oficial de Twitter que el juicio también incluye a tres exministros de Salud de Fujimori, uno de ellos es el actual legislador del partido fujimorista Alejandro Aguinaga, presidente de la comisión de fiscalización del Parlamento. Fujimori, quien fugó en 2000 a Japón acosado por escándalos de corrupción, llegó a Chile en 2005 donde fue capturado y luego extraditado a Perú.
El juez Rafael Martínez precisó que el nuevo juicio contra Fujimori quedará suspendido hasta que Chile otorgue permiso para juzgarlo por esta acusación, debido a que Fujimori fue extraditado de Chile en 2007 y la justicia de ese país autorizó que Perú lo juzgue por otros casos. La fiscalía anunció que pedirá a Chile ampliar la extradición contra Fujimori para que sea procesado por el caso de las esterilizaciones forzadas.
Especialistas estiman que el proceso de extradición podría durar alrededor de un año. Los ministros de Salud que serán juzgados como responsables de haber planificado, organizado y dirigido, junto a Fujimori, las esterilizaciones forzadas, son Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong.
En marzo, después de un cuarto de siglo de ocurridos los hechos, un fiscal en representación de más de 1.300 esterilizadas a la fuerza denunció ante la justicia a Fujimori y los exministros de salud. La decisión judicial avanzó de forma lenta desde el 14 de septiembre cuando el juez Rafael Martínez empezó a leer su decisión. Pasaron casi tres meses de audiencias interrumpidas y en otros casos postergadas porque el juzgado señaló que lleva otros procesos.
El fiscal Pablo Espinoza afirmó que entre 1996-2000 se organizaron innumerables “festivales de salud” en pueblos alejados que incluían fuegos artificiales y bandas de música para atraer a mujeres y luego, mediante engaños y coerción, esterilizarlas sin consentimiento informado.
La política ordenada por el gobierno de Fujimori también premiaba con tres boletos de viaje a los funcionarios sanitarios que acumulaban el mayor número de esterilizaciones, pero también los amenazaban con despedirlos si no lograban los objetivos. Según la fiscalía, se realizaron unas 273.684 esterilizaciones y se produjeron 1.599 complicaciones.
El mandatario Pedro Castillo también prometió justicia a las mujeres esterilizadas días antes de una ajustada segunda vuelta presidencial en junio cuando venció a Keiko Fujimori. Castillo recordó que su propia familia campesina también sufrió las esterilizaciones y comentó que “el dolor de las víctimas de las esterilizaciones forzadas es el mío”.
El proceso que se le iniciará a Fujimori y sus exministros, que se temió qu quedara en la impunidad, incluye solo a una parte de las víctimas, a 1.300 mujeres, cinco de las cuales murieron como consecuencia de las intervenciones. “Esta decisión nos devuelve la vida al alma, nos da esperanza de justicia, es un aliciente para nosotras”, señaló María Elena Carbajal, una de las víctimas de las esterilizadas forzadas. Reclama justicia desde 1996, cuando fue esterilizada contra su voluntad.
Las mujeres eran engañadas para ser esterilizadas. Los trabajadores de salud aprovechaban cuando alguna mujer iba a un centro de salud para someterla sin su consentimiento informado a una esterilización, a otras las engañaban ofreciéndoles alimentos para que vayan a los puestos de salud y ahí las operaban, las presionaban, las amenazaban con quitarles la ayuda social o diciéndoles que ellas o sus esposos irían a prisión o que les podían quitar a sus hijos si no aceptaban la intervención quirúrgica. 
A la mayoría quechuahablante y les daban un documento en español para que lo firmen como autorización a la intervención que nunca les explicaron de qué se trataba, y muchas de las que no firmaban igual eran operadas. La acusación fiscal precisa que las autoridades del gobierno daban incentivos a los médicos para que realicen la mayor cantidad posible de esterilizaciones y se sancionaba, incluso con el despido, a los trabajadores de salud que no esterilizaban a la cantidad de mujeres ordenada.
A pesar de la gravedad de sus delitos, el exdictador es un preso privilegiado. Cumple condena a 25 años por crímenes de lesa humanidad en un amplio espacio acondicionado especialmente para él en un cuartel de la Policía en las afueras de Lima, donde es el único detenido y tiene una habitación, una salita para recibir visitas, un estudio para pintar, cocina y un pequeño huerto para sembrar.
El actual ministro de Justicia, Aníbal Torres, ha dicho que Fujimori debería ir a una cárcel común… pero Fujimori sigue allí.
* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)