Europa: Las críticas no inmutan la xenofobia institucionalizada
Refuerza sus muros contra la inmigración
Sergio Ferrari
Nuevas normas migratorias votadas este mes en el Parlamento Europeo mueven aún más el cursor de la pantalla política continental hacia la extrema derecha. En la mira de esta radicalización se encuentran los inmigrantes, uno de los sectores más vulnerables en todo el mundo.
El combate anti-inmigratorio se ha convertido en las últimas décadas en la principal bandera y eje ideológico de los partidos y movimientos conservadores a nivel planetario. Estos pregonan el miedo y la desconfianza “hacia el otro” o el que es “diferente” y el desprecio por seres humanos banalizados por el color de su piel o simplemente por estar huyendo de crisis bélicas, climáticas o causadas por la miseria.
Con este discurso, el discurso de la derecha ha ido ganando simpatías y votos entre sectores sociales que en cada país se sienten víctimas de la competencia desleal de los que vienen “de afuera”. Aunque preocupante, esta actitud defensiva de los “locales” no es sorprendente: ante la reducción sistemática y, en algunos casos, incluso, el desmantelamiento del Estado social, al inmigrante se lo presenta como una competencia de riesgo para los ciudadanos locales más marginalizados o que dependen de la asistencia social.
Voto para excluir
El pasado 10 de febrero, el Parlamento Europeo, el cuerpo legislativo de la Unión Europea (UE), aprobó dos cambios fundamentales en sus normas migratorias a implementar a partir de mediados de este año. Los eurodiputados votaron de esta manera: 408 a favor de la denominada “lista de países de origen seguro”, 184 en contra y 60 abstenciones. Para la UE, un país fuera de su propio bloque se considera “seguro” si no representa una amenaza contra sus propios ciudadanos.
Si ese país no entraña riesgos jurídicos, persecución, sanciones económicas o algún otro daño grave contra sus nacionales, estos prácticamente quedan sin derecho alguno a asilarse como refugiados en alguna de las veintisiete naciones de la UE. Tal es el caso, a partir de la nueva normativa, de Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez, que hasta ahora se consideraban “inseguras”. Además, son también “seguras” las naciones que actualmente tramitan la integración a la Unión Europea: Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania .
El Parlamento también aprobó el segundo pilar de esta nueva normativa: el concepto de tercer país seguro. Esta norma establece criterios muy amplios y permisivos de Estados a donde pueden ser expulsados aquellos que soliciten el asilo en uno de los países de la Unión Europea. Como informa Europa Today, tal normativa significa que los Estados tienen la potestad de declarar inadmisible/inaceptable una solicitud de asilo si la persona puede ser expulsada a un país no perteneciente a la UE considerado seguro.
A todas luces, una gran victoria de la “propuesta Albania” de Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. En 2024, la dirigente italiana firmó un acuerdo con Albania para expulsar hacia allí a demandantes de asilo que golpearan a sus puertas. También es una victoria de una propuesta británica, aunque la misma por el momento no haya prosperado. Pese a no formar parte de la UE, Gran Bretaña se alinea con sus principios migratorios y propuso en su momento externalizar y ubicar en Ruanda, a más de seis mil kilómetros de distancia, a los solicitantes de asilo que quisieran entrar en el Reino Unido.
Como era de esperarse, la nueva normativa migratoria de la UE produjo fuertes reacciones. Olivia Sundberg Diez, responsable de Amnistía Internacional ante la Unión Europea para cuestiones de migración y asilo, considera que el 10 de febrero fue “un día muy sombrío para los derechos humanos en la UE”. Este ataque contra el derecho de asilo tiene lugar mientras se sigue negociando una amplia variedad de medidas punitivas de deportación. Con esta votación, denuncia Sundberg Diez, “el Parlamento Europeo capitula ante una campaña que dura ya decenios para privar de derechos humanos a la gente, empezando por los derechos de solicitantes de asilo, refugiados y migrantes”. Se trata, según ella, de un “preocupante cambio político que golpea el núcleo de los principios fundacionales de la Unión Europea”.
Días más tarde, 70 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), convocadas por Médicos del Mundo y la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM) -red internacional que nuclea a más de 150 colectivos de migrantes en 31 países- criticaron frontalmente la nueva normativa votada por el Parlamento Europeo.
Pone en cuestión la coherencia entre el discurso europeo en derechos humanos y las políticas internas de control migratorio, señalan, al tiempo que denuncian sus posibles efectos.
Puede ampliar las redadas migratorias en espacios públicos y privados, refuerza el uso de tecnologías de vigilancia y podría obligar a servicios públicos a colaborar con las fuerzas de seguridad. «Las redadas migratorias no son nuevas en Europa, pero este reglamento ampliará y normalizará el perfilado racial, la vigilancia en los servicios públicos y operaciones similares a las del ICE en Estados Unidos, incluso en hogares privados», advierten las ONG denunciantes.
Los responsables políticos
¿A quiénes representan, políticamente hablando, esos más de 400 eurodiputados que apoyaron la reciente legislación anti- inmigratoria del Parlamento Europeo? Esencialmente, a la derecha clásica y las fuerzas de extrema derecha que, unidas, constituyen mayoría en ese órgano legislativo. La batuta la llevó el Partido Popular Europeo que con 188 escaños constituye la primera fuerza del Parlamento y que se unió con las diversas fuerzas de extrema derecha. Por la oposición, fundamentalmente, se pronunciaron La Izquierda (46 votos), Los Verdes (53 votos) y una parte importante de los diputados socialdemócratas (136 votos).
No sorprende tampoco que en las últimas semanas desde las instituciones comunitarias se alzaran voces muy críticas contra la propuesta española de normalizar la situación legal de 500 mil inmigrantes. Dicha propuesta va contra los vientos políticos xenofóbicos dominantes en el continente.
Un reciente editorial del cotidiano progresista suizo Le Courrier subraya que esta alianza de la extrema derecha con la derecha “clásica” aprobó las leyes que “endurecen de manera sustancial la política migratoria”. Y que, en concreto, “sobre la base de estas dos [resoluciones legislativas] será posible para los Estados miembros de la Unión Europea devolver a los solicitantes de asilo a países de los que no son nacionales pero que se considerados “seguros”.
En otras palabras, algo así como “la puerta abierta a la creación de centros de expulsión” fuera de la Unión Europea. En consecuencia, “los refugiados se verán enviados a países con los que no tienen ningún vínculo”. Y si bien estos países donde se externalizará el asilo deben respetar los derechos fundamentales, “se sospecha que la UE no será muy exigente” en el control de esa cláusula.
Este mismo editorial presenta además la paradoja de fondo que refleja este avance de la mano dura contra la inmigración: mientras “miles de personas se ahogan en el Mediterráneo, la UE cierra un poco más sus fronteras. Difícil encontrar en esta política la más mínima pizca de humanidad”. Por otra parte, señala, “políticamente, se constata que la frontera entre la derecha y la extrema derecha se ha vuelto cada vez más porosa. Ya no se habla de un frente republicano; es mucho más fácil revolcarse en el populismo de bajo nivel”.
Según Le Courrier, “Sabemos cómo termina esto: una de las fuerzas va a devorar a la otra. Estamos asistiendo a un final de ciclo: el del liberalismo moribundo y exánime que da a luz monstruos. Por el momento, el rayo cae sobre los más vulnerables. ¿Pero quién asegura que se va a detener en ellos?”.
Control demográfico
Una variante específica de este giro hacia la extrema derecha en el continente europeo la ofrece la Confederación Helvética. En efecto, el 14 de junio próximo los electores suizos se pronunciarán en referéndum sobre la iniciativa “No a los 10 millones de habitantes”. La misma propone limitar la población del país, que ya supera los nueve millones, de tal manera que no pase los diez millones antes del año 2050.
Esta iniciativa proviene de la conservadora Unión Democrática del Centro (UDC), que con el 30,4% del electorado constituye desde hace cinco lustros la primera fuerza electoral del país. Aunque parcialmente “neutralizada” por el hecho de que forma parte del Gobierno, contando con dos de los siete consejeros federales (ejecutivo colegiado), circunstancia que la obliga a acuerdos de consenso multipartidista en la gestión del Estado, lo que en Suiza se conoce como “la fórmula mágica”.
Si se superara el límite de nueve millones y medio de habitantes antes de 2050, esta iniciativa propone que, llegado ese momento, el Gobierno y el Parlamento tomen las medidas necesarias para evitar el desborde del umbral de los diez millones. Básicamente, mediante la restricción del asilo y de la reunificación familiar. En el caso de que durante dos años la población suiza superara el techo de los diez millones, la Confederación deberá anular el Acuerdo sobre Libre Circulación de Personas (AFMP) entre Suiza y la Unión Europea (https://www.fedlex.admin.ch/
Una situación extrema de esta índole desencadenaría una ruptura total de todos los acuerdos bilaterales vigentes y futuros con la UE, principal socio económico (casi el 50% de las exportaciones helvéticas), cultural y en materia de seguridad-defensa de la Confederación.
Con esta iniciativa este partido de extrema derecha no solo reactualiza sus históricos enunciados xenofóbicos. También lanza sus dardos nacionalistas, soberanistas y antieuropeos, esenciales a su programa electoral. Usando para ello argumentos reduccionistas de la realidad pero que incide en importantes sectores del electorado. Por ejemplo, que “con tanta gente no se encuentran viviendas”, que “los precios de los alquileres son inaccesibles debido a la presión demográfica”, que “la atención médico-sanitaria se deteriora porque hay mucha presión de usuarios en particular de no-suizos”, que “la caída de calidad en la educación se debe al exceso de estudiantes inmigrantes”, entre otros.
Amnesia colectiva
La sociedad europea pareciera ser un continente sin memoria, donde penalizar al inmigrante, al que solicita asilo, al “extranjero”, se ha convertido casi en una moda política para ganar votos. Con grupúsculos más radicales que hacen de la xenofobia y la agresión violenta a los extranjeros su práctica cotidiana. Todo esto a pesar de ser un continente esencialmente de migrantes.
Sólo pensar, por ejemplo, en la historia del siglo pasado de Italia y España, con millones de sus ciudadanos empobrecidos huyendo del hambre hacia los más diversos rincones del planeta, en particular las Américas. O el caso específico de Suiza, con una población que en su momento empobrecida se habituó a migrar, al punto que un 11% de su ciudadanía, la denominada “Quinta Suiza”, está radicada en el extranjero.
Las históricas migraciones europeas han constituido siempre un
antídoto contra la miseria que padecieron importantes sectores de su población. La actual decisión de reforzar la fortaleza europea significa negar un componente de su propia existencia e identidad. Anomalía histórica que, por el momento, al poder político que hoy dirige los destinos de Europa no le interesa ni reconocer, ni asumir, ni rectificar.
*Periodista, investigador y analista argentino, radicado en Suiza. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)