Estados Unidos, la democracia que intenta que muchos ciudadanos no voten

 

Muchos estados conservadores siguen aprobando normas estrictas o confusas para votar que han afectado especialmente a minorías y a población empobrecida. Barack Obama ha dicho tras su presidencia: «somos la única democracia avanzada que desincentiva activamente el ejercicio del derecho al voto». Algunas tretas oficiales para fomentar la abstención son el cierre de colegios electorales para que estén más lejos o el rediseño constante de circunscripciones

En 1965, caminó desde Selma hasta Montgomery, en Alabama, para protestar contra las maniobras de legisladores blancos por todo el sur del país para evitar que los afroamericanos votaran. En aquella época, en Selma vivían más personas negras que blancas, pero los negros sólo constituían el 2% del censo electoral.

Más de 50 años después, en 2018, una prima de King, Christine Jordan, llegó con 92 años a su colegio electoral en Atlanta, Georgia, con la intención de votar en las elecciones legislativas como había hecho siempre. Le dijeron que no figuraba en las listas.

«Es horrible, ha organizado reuniones en defensa de los derechos civiles en su casa y ahora no aparece en las listas», señaló su nieta, Jessica Lawrence, ante lo sucedido. El caso de Jordan no es extraño. Pese a que Estados Unidos se vanagloria en la celebración de elecciones libres y limpias y aunque el derecho a voto esté consagrado como uno de los principios fundacionales de su democracia, cada vez hay más indicios de un intento sistemático por evitar que un número creciente de ciudadanos puedan ejercerlo.

Hasta hace poco, la ley que regula el derecho al voto, aprobada en 1965, garantizaba que el Gobierno federal pudiera supervisar los cambios en los sistemas de votación en aquellos estados con un historial de discriminación.

Eso cambió hace seis años, cuando el Tribunal Supremo revocó la ley y decidió que esos mismos estados ya no necesitan lograr una autorización previa de la administración federal para aprobar normas relativas al sistema electoral. En otras palabras, los estados que mostraban la peor trayectoria en cuanto a discriminación a la hora de emitir el voto quedaban libres para volver a comportamientos similares pasados.

El Centro Brennan de la Universidad de Nueva York –la principal organización no partidista en el ámbito del derecho al voto y el estudio de sus reformas– ha detectado que «a lo largo de los últimos 20 años, los estados han erigido barreras ante las urnas mediante la imposición de normas estrictas en materia de identificación del votante, disminución de los horarios de votación y límites a la inscripción en el registro y las listas del censo».

«Estas acciones, que recibieron un impulso cuando el Tribunal Supremo debilitó en 2013 la ley que regula el derecho al voto, han tenido como consecuencia que un número importante de ciudadanos con derecho a voto se ha visto alejado de las urnas», señala el instituto. «Si bien la medida ha impactado en la sociedad de manera transversal, lo ha hecho con especial intensidad en las minorías raciales, las personas con menos recursos y los votantes de menor y mayor edad».

Las medidas puestas en marcha por algunos estados afectan a millones de estadounidenses, limitan sus derechos a la hora de ejercer el voto y de ahí el término: «límites para los votantes». Dichas medidas no sólo ponen en riesgo los logros alcanzados en su momento por el movimiento en defensa de los derechos civiles, principal inspirador de la ley que regula el derecho al voto, sino que amenazan también la noción de que Estados Unidos es una de las democracias liberales más avanzadas de Occidente.

Durante una entrevista concedida el año pasado, Barack Obama dijo que «somos la única democracia avanzada que desincentiva el ejercicio del derecho al voto de manera activa».

La historiadora Carol Anderson, que ha publicado el libro One person, no vote (Una persona, ningún voto) escribió recientemente un texto titulado Voting While Black (Votar siendo negro) en el que reflexiona sobre «el reciente e importante incremento de personas bancas que llaman de manera desproporcionada y hasta el hastío a los números de emergencia para informar de personas negras que hacen barbacoas, de personas negras que entran en un Starbucks o de personas negras que duermen en Yale«.

«Esta dinámica abre un debate necesario sobre las normas de vigilancia que se aplican en el espacio público y ello permite reflexionar sobre otro lugar de gran relevancia en el que la racialización está siendo controlada y sobre el que ya se ha guardado demasiado silencio: las urnas».

«En 2016, debido al impacto de los límites impuestos sobre los votantes en más de 30 estados, el voto negro cayó en más de siete puntos. Lo que para el Partido Republicano supuso una ventaja crucial fue, en realidad, un ataque letal a la democracia estadounidense», afirma.

La pelea por el sufragio

El combate por el derecho a votar es tan antiguo como la existencia del país. En 1789, después de ratificar la Constitución, sólo los hombres propietarios y blancos podían votar. Tras la abolición de la esclavitud en el siglo XIX, las personas negras fueron autorizadas a votar pero, tras un breve periodo en el que los negros comenzaron a ganar elecciones, la mayoría blanca comenzó a instaurar las restricciones contra las que Martin Luther King se manifestaría mucho más tarde en Alabama.

El ejercicio de los sistemas políticos comparados muestra cómo la limitación al ejercicio del derecho al voto es una mancha en la democracia estadounidense. En Australia el voto es obligatorio. En Suecia, como en España, todos los votantes quedan registrados para poder votar de manera automática. Ambos países figuran en las mejores posiciones del índice de integridad electoral que elaboran las universidades de Harvard y Sidney. Estados Unidos no figura a la altura de las democracias más importantes de occidente, sino a la de países como Kosovo o Rumanía.

Algo que preocupa especialmente respecto a la situación en Estados Unidos según Sarah Repucci, directora de Freedom House, una organización con sede en Washington, «son los mecanismos dirigidos contra una minoría de votantes (sobre todo negra) instaurados en estados controlados por el Partido Republicano». «Otros países que han atacado los derechos electorales de las minorías son, por ejemplo, Camerún o Kosovo, países que pocos estadounidenses considerarían a la misma altura que el suyo», añade.

No sorprende que Estados Unidos figure detrás de otras democracias en cuanto a participación electoral, pues en torno al 55% de las personas con derecho a voto lo ejercieron en 2016, en comparación con el 87% de Bélgica o el 78% de Corea del Sur.

Funcionarios partidistas

En cada uno de los pasos para ejercer el derecho al voto, los estadounidenses se enfrentan a obstáculos que vienen marcados por su lugar de residencia. La ley electoral se define en acuerdos alcanzados en los parlamentos estatales, administrados por departamentos de Interior controlados por miembros de los partidos políticos.

En varios estados de mayoría republicana, las dificultades a las que se enfrentan los votantes comienzan con los documentos que deben presentar para ejercer su derecho al voto. Varios poderes legislativos a lo largo de todo el país han endurecido los criterios respecto a los documentos válidos para identificarse. En EEUU, el 7% de los ciudadanos no tiene un documento de identificación válido con foto y esa cifra aumenta cuando se trata de ciudadanos negros o hispanos.

En 2016, Wisconsin instauró una norma de identificación previa y muy estricta para combatir posibles fraudes a la hora de votar, algo que los expertos han calificado de problema inexistente.

Por este motivo, de cara a las elecciones presidenciales de 2020, una mujer, Anita Johnson, ha recorrido tres condados en el Sureste del Estado. Forma parte de un nutrido grupo de activistas que trata de incrementar el número de personas que ejerce su derecho al voto.

Cuando Johnson, abogada y trabajadora de una organización sin ánimo de lucro llamada VoteRiders, recorrió comunidades de mayoría negra como Racine o Kenosha, tuvo que desmontar rumores y bulos que confunden a los votantes sobre qué documentos deben llevar consigo para votar. Decidió entonces acompañar a varios de ellos a las oficinas en las que se emiten los carnets de conducir para descubrir en qué direcciones estaban censados para poder registrarse para votar. Le quedó claro que las autoridades estatales estaban desincentivando a posibles votantes.

«Llevo haciendo esto desde las elecciones de 2018 y no veo dónde detenerme», explica. «Habrá mucha confusión durante las elecciones de 2020 porque no todo el mundo le presta tanta atención a la democracia», añade.

No todos los habitantes del Estado pueden contar con una activista como ella para que les ayude. Cuando Donald Trump ganó las elecciones en Wisconsin por 22.000 votos, los analistas descubrieron que sólo en la ciudad de Milwaukee la participación había descendido en un 3%. Eso significaba 44.000 votos menos que en las elecciones celebradas cuatro años antes.

Para Jay Heck, Director de Common Causa, una organización no partidista que trabaja en defensa de la rendición de cuentas por parte del Estado, «la mayor limitación al derecho a votar y la participación electoral en Wisconsin está en lo restrictivo de la norma que exige un documento de identificación con foto».

Ese mismo año, en Texas, se calculaba que unas 600.000 personas no contaban con un documento de identificación que permitiera votar según las estrictas normas del Estado. Virginia aprobó también ciertas restricciones al trabajo de las organizaciones que registran votantes. Este año, Tennesse trató de aprobar una norma que convertía los errores en los que pueden incurrir estas organizaciones en delitos penales.

Excusas falsas

Para muchos estadounidenses, encontrar una cabina de votación se convierte en un reto. Un informe publicado hace pocos meses por la organización de derechos civiles The Leadership Conference Education Fund demuestra que, desde 2012, se han cerrado 1.688 colegios electorales. El cierre de los mismos ha sucedido en lugares que ya presentaban trayectoria de discriminación racial durante procesos electorales. 214 de esos cierres pertenecen a un solo Estado, Georgia.

Sean Young, el director en Georgia de la Unión Estadounidense por las libertades civiles (ACLU), una de las organizaciones más importantes del país, dijo al periódico Atlanta Journal Constitution que «se supone que nuestras autoridades electorales deben defender y proteger nuestra democracia. En su lugar, muchos se han dedicado a cerrar colegios electorales en comunidades de mayoría aforamericana de manera agresiva y lo han hecho con excusas falsas».

El 10% de los condados de Georgia se quedaron sin un solo colegio electoral. Algunos ciudadanos deben desplazarse largas distancias para emitir su voto. La situación de Texas, con 760 colegios electorales anulados, o la de Arizona, con 320, es aún peor que la de Georgia.

Los cierres de colegios electorales son resultado directo de las modificaciones realizadas en 2013 a la ley que regula el derecho al voto. Antes de que se aprobaran, Georgia era uno de los estados que tenía que recibir autorización federal para cerrar un colegio electoral o modificar su ley electoral. Ahora ya no tienen que pedirla.

Limpieza del censo

Como si la aprobación de normas que dificultan la identificación de los votantes o el cierre de colegios electorales no fueran suficientes para limitar el número de votantes, se han aprobado otras normas. Una de ellas es la «limpieza del censo», y es lo que le sucedió a la prima de Martin Luther King, Christine Jordan.

Jordan creía que estaba registrada para votar cuando acudió a las urnas. No había cambiado de nombre ni de dirección, pero la habían borrado del censo, como a 17 millones de personas más entre 2016 y 2018, según datos del Centro Brennan.

«Limpieza del censo» significa que las autoridades depuran nombres de las listas para garantizar que nadie vota dos veces o que quienes han fallecido o se han mudado quedan, efectivamente, fuera del censo. La justificación es legítima, pero resulta más común que eso suceda en zonas y estados que con anterioridad no podían hacerlo sin autorización. Es decir, en los lugares en los que hay registro histórico de discriminación.

Y como explica el informe del Centro Brennan, «los problemas surgen cuando los estados sacan del censo a votantes que aún tienen derecho al voto. Los estados utilizan datos incorrectos que pueden mostrar que el votante se ha mudado».

En estados grandes, como California o Texas, muchas personas pueden compartir el mismo nombre y fecha de nacimiento, lo que dificulta estar seguros de que se borra de la lista al votante correcto si los datos disponibles no son correctos.

Uno de los peores mecanismos es el sistema que cruza los registros de votos entre diferentes estados, que ha sido utilizado por docenas de estados desde su puesta en marcha en 2005. Destinado en teoría a localizar personas registradas en más de un lugar, un estudio realizado en 2017 demostró que tiene un 99% de posibilidades más de borrar a personas con derecho a voto que a votantes inadmisibles.

«Hemos encontrado que una de las estrategias del sistema elimina 300 registros que parecen legítimos por cada registro utilizado para emitir un voto doble», señalaron los autores.

Privación del voto a personas que han cometido delitos

Al ponderar el impacto combinado de leyes de identificación más estrictas, cierre de colegios electorales y limpieza de censos no se llega aún ni a estar cerca de estimar el número de personas que en realidad sufren medidas encaminadas a limitar su derecho al voto en Estados Unidos.

Otros 4,7 millones de ciudadanos no tienen permitido votar. Es el número de personas condenadas por delitos de todo tipo. Desde aquellos que han cometido asesinatos, violaciones o robos hasta quienes se han puesto al volante bajo los efectos del alcohol.

48 estados tienen algún tipo de norma que evita que las personas condenadas por delitos voten. Tres de ellos, Iowa, Kentucky y Virginia, privan del derecho al voto de por vida. El impacto de medidas de este tipo es desproporcionado. Uno de cada 13 afroamericanos no puede votar por este motivo en comparación con uno de cada 56 ciudadanos blancos, según datos del Sentencing Project.

Jevon Gerrard Stevens trabaja en una planta de procesamiento de aguas en Miami, Florida. En 1998 fue condenado por robar un vehículo. Pasó tres meses en prisión. Hace 21 años que no puede votar. Dice que «de este modo el poder controla a quienes han tenido menos suerte. Una vez que eres condenado, caes dentro de esa categoría».

En todo caso, hay señales de cambio en la opinión pública del país. Hasta hace poco, Florida tenía una de las leyes más estrictas para evitar que las personas condenadas por un juzgado votaran, pero en 2018 los votantes del estado decidieron devolver el derecho de sufragio a quienes han cumplido su pena. Stevens no podría sentirse más satisfecho.

La decisión, a la que se opusieron los republicanos, permite votar a 1,4 millones de personas que hasta ahora no podían hacerlo. No son pocos, si se tiene en cuenta el estrecho margen de votos que separó a Hillary Clinton de Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales. Apenas un 1,2% de los votos.

Gerrymandering (Diseño de distritos electorales)

Hay otros muchos modos en los que políticos y militantes se han conjurado para diluir el poder electoral de los ciudadanos estadounidenses. Muchos estados permiten la modificación de los distritos electorales a través de un sistema que por un lado agrupa y por otro diluye a los votantes dibujando líneas cambiantes en zonas concretas en función del histórico de sus preferencias electorales. De esa manera, se controlan los resultados.

En julio sucedió algo digno de reseña: El Tribunal Supremo decidió no tomar una decisión concreta sobre esta práctica en una votación ganada por cinco votos a cuatro. Al no tomarla, evitó afirmar que fuera inconstitucional.

Elena Kagan y el resto de jueces de tendencia liberal emitieron un voto particular que ha levantado ampollas. Acusaron a la mayoría de no cumplir con su deber: «En estos casos, la modificación de los distritos electorales privó a ciudadanos del más fundamental de entre sus derechos constitucionales: El derecho a participar en pie de igualdad en el proceso político para sumarse a los demás en el avance de las creencias políticas y la elección de sus representantes».

Tanto Stacey Abrams, candidato a gobernador de Georgia para 2018, como Eric Holder, quien fuera fiscal general de la administración Obama, se han comprometido con el tema. Al mismo tiempo, organizaciones como Black Votes Matter (Los votos negros importan) y Voto Latino desarrollan estrategias para llevar más gente a las urnas.

Incluso algunos estados están comenzando a adoptar registros automáticos de votantes y registros en el mismo día. En opinión de Chapman Rackaway, profesor de Ciencia Política de la Universidad de West Georgia, «después de una década de aprobación de normas electorales restrictivas como las relativas a la identificación de los votantes, el momento político comienza a virar hacia uno de pequeñas adaptaciones legislativas que modernizan los sistemas de votación estatales. Es el péndulo comenzando a cambiar de dirección».