Estado de sitio en Guatemala por ola de violencia
Guatemala vive un estado de sitio nacional por 30 días, decretado por el presidente Bernardo Arévalo tras una violenta ofensiva de pandillas y motines carcelarios. La medida abre la puerta a un mayor despliegue del Ejército y la Policía, y ha encendido el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos en el país.
El anuncio se produjo luego del asesinato de ocho agentes de la Policía Nacional Civil y de motines simultáneos en al menos tres cárceles, atribuídos a maras y pandillas. El Gobierno sostiene que estos hechos responden a la presión estatal sobre estructuras criminales que disputan el control de las prisiones y zonas urbanas estratégicas.
“Quiero ser claro: no negociamos con criminales ni toleramos actos terroristas”, afirmó el presidente Bernardo Arévalo en cadena nacional.
El decreto, emitido mediante el Acuerdo Gubernativo 8-2026, tendrá vigencia inicial de 30 días y deberá ser conocido y ratificado por el Congreso, conforme a la Constitución y a la Ley de Orden Público. El estado de sitio permite arrestos sin orden judicial y la prohibición de reuniones o manifestaciones, aunque el Ejecutivo afirma que la vida cotidiana y la movilidad ciudadana se mantendrán sin mayores cambios.
En su mensaje a la nación, Arévalo aseguró que la prioridad es contener a las pandillas y proteger a la población, en un contexto regional marcado por respuestas cada vez más duras al crimen organizado. Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos advierten, sin embargo, sobre el riesgo de abusos y piden que las operaciones se ajusten estrictamente a la legalidad y a los estándares internacionales.
El Gobierno decretó también tres días de luto por los policías asesinados y prometió reforzar el control en los penales más conflictivos del país. Mientras tanto, la ciudadanía observa con expectativa si esta respuesta de fuerza logrará reducir la violencia sin profundizar la desconfianza en las instituciones ni vulnerar derechos fundamentales.