Esequibo: Corte Internacional, desinformación y sobornos

Ahora bien, esta actividad se lleva a cabo de manera ilegal, dado que estas aguas carecen de delimitación, es decir, la frontera marítima no ha sido establecida mediante acuerdos entre Guyana y Venezuela. Esta explotación unilateral en una zona en disputa ha sido el principal desencadenante de tensiones entre ambos países.

Además, la actuación de la Corte Internacional de Justicia ha añadido un nuevo componente de conflicto al cerrar el proceso de negociaciones y desconocer el Acuerdo de Ginebra, concebido para resolver de manera pacífica y satisfactoria para ambas partes la disputa territorial sobre el Esequibo.

En su reciente dictamen, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tuvo que reconocer la sólida argumentación legal de Venezuela respecto a su derecho constitucional a llevar a cabo un referendo. Por lo tanto, la CIJ no aprobó la solicitud de Guyana que pedía suspenderlo.

No obstante, la CIJ mostró una clara inclinación hacia los intereses de Guyana al fundamentar sus medidas provisionales en un fallo arbitral írrito y nulo, el laudo arbitral de 1899, sin tomar en consideración la existencia del Acuerdo de Ginebra. De este modo, la CIJ estima como un asunto “grave” el posible ejercicio del control y administración del territorio en disputa por parte de Venezuela, mientras valida dicho control por parte Guyana.

Antes de las recientes medidas provisionales, la CIJ había decidido comenzar el juicio sin el consentimiento previo de Venezuela, un acto contrario a sus propios estatutos. Asimismo, de manera sorprendente, la CIJ rechazó la solicitud de Venezuela para que el Reino Unido hiciera parte del juicio, a pesar de su participación en el laudo arbitral y de ser signatario del Acuerdo de Ginebra.

La explotación de petróleo en el Esequibo actualmente representa el 7% de la producción diaria de ExxonMobil y se prevé que alcance el 15% para el año 2027. Estos números cobran relevancia en el panorama global, especialmente en un momento de tensiones en Europa, el Medio Oriente y las sanciones aplicadas a Rusia, que han perturbado el suministro energía.

Las reservas petroleras del Esequibo se han vuelto parte fundamental de la ecuación geopolítica mundial, lo que posiblemente explique la actuación de la CIJ para favorecer sin mucho recato los intereses de las corporaciones petroleras.

Desde 2015, cuando se anunciaron los descubrimientos petroleros en las profundidades de las aguas del Esequibo, la ExxonMobil optó por utilizar la CIJ para regularizar sus inversiones en esa zona en disputa. La opción de una negociación bajo el Acuerdo de Ginebra, se vislumbraba como un proceso prolongado y además involucraba a Venezuela, un país con el que existían tensiones debido a las nacionalizaciones.

Para lograr que el caso saliera de las negociaciones del Acuerdo de Ginebra y pasara a la CIJ, en 2017, la ExxonMobil transfirió 18 millones de dólares a Guyana con el objetivo de presionar a las Naciones Unidas (“to press the United Nations to bring this matter of Venezuela’s claim”), según revelaciones del exministro guyanés de recursos naturales Raphael Trotman.

Ese mismo año, Rex Tillerson, quien en ese entonces era el director de ExxonMobil, fue designado Secretario de Estado de Estados Unidos, un nombramiento promovido por Dick Cheney, ex vicepresidente estadounidense vinculado a varios casos de soborno durante el tiempo que estuvo al frente de Halliburton.

En el siglo XIX, el Reino Unido se anexó el Esequibo con el respaldo de su poder militar.

En el siglo XXI, tras casi dos siglos, los grandes medios de comunicación han emprendido la construcción de una narrativa, una especie de bulo, que sugiere que Venezuela pretende anexarse el Esequibo, un territorio que ha sido parte suya desde que se estableció como República.

Al mismo tiempo, estos medios insisten en que Venezuela debe aceptar la jurisdicción de la CIJ, conformar “el mejor equipo legal” y acatar “respetuosamente” sus decisiones. Este es un ejemplo claro de cómo las corporaciones desinforman y moldean la opinión pública.