Escazú alza la voz: Latinoamérica frente a su primer acuerdo ambiental
Azul Cordo
La cumbre que analizó el alcance del primer tratado ambiental de la región no estuvo exenta de debates. La participación de la sociedad civil y quiénes deberían conformarla fue uno de ellos.
«O nos salvamos juntos o nos hundimos por separado», dijo Gabriel Boric al inaugurar la primera Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú, celebrada entre el 20 y el 22 de abril en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ubicada en Santiago de Chile. Con esa frase, el presidente chileno sintetizó la expectativa que hay sobre el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, aprobado en 2018. Si bien a un año de su entrada en vigor solo lo ratificaron 12 países –entre ellos, Uruguay–, se espera que pronto lo hagan los 21 restantes.
El acuerdo lleva el nombre de Escazú porque en esa ciudad costarricense fue aprobado el texto definitivo, el 4 de marzo de 2018. Uruguay ha sido uno de los países más activos en el largo proceso de negociaciones del tratado. Como reconocimiento a esta labor diplomática y de 
promoción de derechos regionales, el gerente del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay, el abogado ambientalista Marcelo Cousillas, presidió la COP 1.
Destacó que «Escazú aborda temas trascendentes, de forma innovadora», que le permitirán al país «corregir y adecuar varias disposiciones para que seamos más activos en los tres ámbitos de aplicación: acceso a la información, acceso a la Justicia y participación pública en asuntos ambientales», para que, por ejemplo, «la información ambiental esté disponible y no sea accesible solo bajo un pedido de acceso particular».
La voz del público
Los objetivos principales de esta COP eran definir las reglas de procedimiento de la cumbre –incluyendo las modalidades «para la participación significativa del público»–, el financiamiento para la implementación del tratado y las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Al ser un texto que llevó varios años de negociaciones, no se esperaban mayores sobresaltos en los tres días de conferencia.
Pero, luego de los saludos y los mensajes de rigor de la primera jornada, el jueves 21 fue bastante agitado, después de que el gobierno boliviano propusiera quitarle participación al público en la Mesa Directiva. Esto va directamente en contra de uno de los principales propósitos del acuerdo, que es contar con las ideas, las demandas y las opiniones de la sociedad civil, casi al mismo nivel que con las de los Estados parte.
La de Bolivia era una propuesta desconocida hasta el momento de su presentación y, viniendo de un país que ratificó el tratado, causó malestar entre los presentes. «El espacio para proponer algún cambio era la pre-COP que tuvimos el 4 de marzo, no ahora», dijo Carmen Capriles, de Reacción Climática.
Para esta y otras organizaciones ambientalistas bolivianas, el gobierno no hizo una consulta transparente antes de elaborar su propuesta de quitar la participación del público en la Mesa Directiva. Finalmente, la postura regresiva del gobierno de Luis Arce no avanzó. En cambio, fue aprobado al final del día, por aclamación, que el público cuente con voz (aunque no voto) en esa instancia, como estaba previsto.
De esta manera, «las futuras COP tendrán ese piso de garantía para seguir fortaleciendo la participación directa del público», dijo la colombiana Natalia Gómez, de Earth Rights International, representante elegida por el público, en una conferencia de prensa realizada el viernes pasado con la finalidad de evaluar el encuentro.
¿Todas las voces?
Garantizada la participación del público en la COP, el paso siguiente es definir quiénes formarán parte de esa representación. En la última jornada Cousillas remarcó que el público debe tener «el mayor alcance imaginado». El comentario responde, en parte, al reclamo, que se hizo sentir estos días, de organizaciones indígenas como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), ante la falta de representación de los pueblos originarios en el evento.
Para el representante kichwa Nadino Calapucha, «no hay nada que celebrar este 22 de abril, a 50 años de la declaración del Día Internacional de la Madre Tierra en Estocolmo». El integrante de la COICA denunció en la sesión de Santiago que en la cuenca amazónica ecuatoriana matan a un defensor del ambiente cada dos días. Esto continuará, afirmó, mientras los gobiernos basen sus economías «en un modelo de desarrollo extractivista, que sigue asesinando» a defensores de la tierra.
En aparente consonancia con estos reclamos, la secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena, presente en la apertura de la última jornada, dijo que esta COP debía dedicarse a los pueblos indígenas, por ser «los silenciosos guardianes de la tierra y de la biodiversidad».
Sin embargo, también afirmó que para promover un desarrollo distinto, que garantice la participación plena de las comunidades, se debe invitar a más actores, como el sector privado. Si bien ya estaba previsto que los representantes empresariales formaran parte del público, en países como República Dominicana estos han manifestado sus resquemores con Escazú, pues temen que el tratado recorte los superpoderes que suelen tener en la instalación de megaproyectos.
«Las grandes empresas deben entender que este acuerdo es el primero que promueve la protección de defensores. Y no queremos cualquier desarrollo ni inversión, como las zonas de sacrificio que están naturalizadas y son inaceptables», dijo Bárcena en su intervención. Y remarcó: «Tenemos un compromiso mundial enorme de proteger la integridad ecológica para las próximas generaciones».
La participación de empresarios o empresas como parte del público no tiene un apoyo claro entre las organizaciones que actualmente promueven la implementación de Escazú: «No podemos tener representantes del público que vayan en contra del bien común o de la representación de grupos afectados por empresas; tampoco de grupos que atentan contra los ecosistemas y los medios de vida de ciertas comunidades”. dijo Gómez.
“ El acuerdo es en favor de una agenda ambiental. Lo que tiene que primar es eso», opinó Capriles. Para participar, cualquier persona u organización puede registrarse en el Mecanismo Público Regional del Acuerdo de Escazú, que figura en el sitio web de la CEPAL. Para agosto de este año se prevé una nueva elección de representantes. Será una elección «abierta» y se espera que haya «diversidad de candidaturas (indígenas, jóvenes, feministas)», añadió.
Como el tratado es el primero en el mundo que tiene disposiciones específicas sobre defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, las organizaciones sociales propusieron profundizar en el análisis y la denuncia sobre la situación de estas personas.
Para eso, en esta COP lograron establecer un grupo de trabajo sobre defensores que cuenta especialmente con pueblos indígenas y comunidades locales, así como con grupos o personas en situación de vulnerabilidad. Este grupo hará un foro anual sobre defensores ambientales con especialistas en el tema, del que saldrán insumos para el plan de acción que se presentará en la COP 2, que se realizará en abril de 2024 en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile.
Mujeres defensoras
En tanto, para que el acuerdo tenga una perspectiva de género, la iniciativa mexicana Ecofeminaria hizo llegar a la cancillería de su país –que encabezó la delegación que fue a Chile– su posicionamiento como defensoras, con un análisis del texto del tratado, que destaca: «Las mujeres somos el primer espacio donde los megaproyectos impactan». «Ya no tenemos donde estar, donde vivir con dignidad», dijo al portal mexicano Pie de Página Bettina Cruz Velázquez, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.
Como defensora binnizá o zapoteca, Cruz cuestionó la manera intensiva en la que las autoridades de su país permiten la apertura de nuevos parques eólicos, prometiendo «progreso y desarrollo». Y se pregunta: «¿Progreso para quién? ¿Desarrollo para quién?». Según ella, estos proyectos se llevan adelante «con contratos leoninos, corrompiendo, deforestando, con consultas amañadas».
«En la región del istmo [en el sur de México] hay más de 500 mil hectáreas de la Selva de los Chimalapas. También tenemos la Selva Lacandona. Hay una gran riqueza ambiental. Tenemos fauna, flora, agua. Y todo lo quieren. Hay varias concesiones mineras en esta región, donde pretenden abrir proyectos de oro, plata y cobre. También están las autopistas y el tren.
Quieren cambiar lo que somos. Lo que están haciendo es romper nuestros lazos y nuestras costumbres, donde las mujeres somos protagonistas. Somos muy importantes en la reproducción de nuestra identidad indígena, pero, cuando llegan los empresarios, para tomar decisiones hablan solamente con hombres», dijo Cruz.
México es uno de los diez países donde se cometen más asesinatos contra personas defensoras, según el último informe de Global Witness, organización que en 2020 registró 227 crímenes de este tipo en todo el mundo. Aunque ratificar el acuerdo no garantiza detener las amenazas ni los asesinatos, brinda un marco específico al que los defensores pueden apelar.
Otros países que también tienen altos índices de estos crímenes aún no se adhirieron, como Brasil, Colombia y Honduras. Chile tuvo sus vaivenes, pero está próximo a ratificar el acuerdo. De esto no quedaron dudas después de que Boric sumara la firma del país días antes del comienzo de la COP y afirmara, en el discurso inaugural de la conferencia, que cree que el Acuerdo de Escazú «apunta a la idea de salvarnos juntos, de trabajar juntos».
«Hoy día Chile participa de esta conferencia como observador y anfitrión. Y espero que pronto nos convirtamos en un Estado parte. Hoy, con este acuerdo, la región avanza en su tarea de asegurar un crecimiento y un desarrollo en condiciones de estabilidad sustentables. […] Con nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos vamos a trabajar en conjunto para enfrentar la crisis climática provocada por la acción del hombre, con criterios también de justicia climática», dijo.
Próximas COP
Las distintas ediciones de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú se celebrarán cada dos años, pero, para seguir motorizando la implementación del tratado, se hará una COP extraordinaria en abril de 2023 en Buenos Aires. Se espera que allí siga tomando forma la conformación del Comité de Apoyo y Cumplimiento, «para asegurar el funcionamiento y apoyar la aplicación del tratado, señalar incumplimientos y garantizar la rendición de cuentas», detalló la representante Natalia Gómez.
Será un comité autónomo, con miembros independientes e imparciales, a los que los representantes del público podrían hacer llegar denuncias y demandas de protección para defensores ambientales.
*Analista del semanario Brecha, Uruguay