En Perú, el Congreso legisla a favor del crimen organizado

Mariana Álvarez Orellana

En un contexto de crecimiento sin precedentes de la criminalidad, el Congreso peruano, controlado por una coalición de derecha y ultraderecha encabezada por el fujimorismo, aprobó una serie de leyes que favorecen al crimen organizado, que también incluyen acciones contra la independencia de jueces y fiscales, lo que debilita aún más su capacidad para enfrentar a las organizaciones criminales y apuntan a la impunidad de la corrupción política.

Así lo ha denunciado en un reciente informe la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), que entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024,entrevistó a 125 personas, incluyendo fiscales, policías, jueces, defensores ambientales, periodistas, líderes indígenas y funcionarios gubernamentales, para obtener información sobre la expansión del crimen organizado en el Perú y el rol de las autoridades en permitir o facilitar su avance. También analizó 88 leyes y otras medidas aprobadas por el Congreso y el gobierno de la presidenta Dina Boluarte desde que asumió la presidencia en diciembre de 2022.

En los últimos años, sobre todo desde el golpe contra el maestro-presidente Pedro Castillo, Perú ha experimentado un alarmante auge del crimen organizado. Diversos grupos criminales han expandido progresivamente su presencia en todo el país, ejerciendo influencia sobre sectores clave de la economía, incluyendo la minería de oro y el transporte.

En 2024, el Perú registró la cifra más alta de homicidios en al menos siete años, y la mitad de estos asesinatos han sido atribuidos a sicarios. Las denuncias por extorsión alcanzaron su punto máximo en 2023 y se mantuvieron en niveles elevados en 2024. Si bien el crimen organizado también se está expandiendo en otros países de América Latina y el Caribe, en el Perú ha encontrado un Congreso disfuncional que ha tomado múltiples medidas para debilitar el marco jurídico para enfrentar a organizaciones criminales y un Poder Ejecutivo débil, incapaz o poco dispuesto a actuar.

El Congreso del Perú, con más de la mitad de sus miembros bajo investigación penal por corrupción y otros delitos, ha estado dominado por intereses personales y la búsqueda del beneficio propio, además de ser muy impopular: para marzo de 2025, el 95 % de los peruanos tenía una percepción desfavorable del organismo.

Los hallazgos de HRW indican que, en lugar de fortalecer las instituciones públicas para combatir el crimen organizado, el Congreso, con más de la mitad de sus miembros investigados por corrupción u otros delitos, ha debilitado la independencia y la capacidad de jueces y fiscales, facilitando la expansión del crimen organizado. Asimismo, el Congreso ha limitado drásticamente los mecanismos de cooperación eficaz, lo cual debilita los esfuerzos para desmantelar grupos criminales y detectar conexiones con funcionarios corruptos.

También ha modificado la definición de “crimen organizado” en el Código Penal para excluir delitos de corrupción y ha creado obstáculos a los allanamientos. Además, ha buscado regularizar la deforestación ilegal de grandes áreas, lo que impide al Ministerio Público perseguir penalmente a los responsables de la destrucción ambiental. También ha destituido arbitrariamente a jueces y fiscales de alto nivel para bloquear investigaciones sobre corrupción.

La presidenta Dina Boluarte  ha permitido que el Congreso avance, sin tomar iniciativas propias para combatir eficazmente al crimen organizado, señala la organizaicón humanitaria. Al igual que otros líderes derechistas de la región, Boluarte ha recurrido a declarar “estados de emergencia” que suspenden derechos constitucionales como principal herramienta contra la delincuencia, medidas que no han logrado reducir los homicidios.

Los actuales congresistas  Boluarte, o quienes los reemplacen tras las elecciones de abril de 2026, deberían revertir o modificar las leyes, políticas públicas y normas que han debilitado la democracia, el Estado de derecho y la capacidad de las instituciones para combatir la corrupción y el crimen organizado. Deberían cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Perú, garantizando la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, y adoptando medidas para proteger los derechos a la vida y a la integridad física de la población.

HRW señala que la comunidad internacional también puede desempeñar un rol clave en la reconstrucción del marco institucional peruano. El Perú se encuentra en proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un grupo de países, en su mayoría de ingresos altos, que promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo. La OCDE debería exigir compromisos concretos al gobierno peruano para abordar los múltiples problemas de gobernabilidad democrática e inseguridad detallados en este informe.

La organización instó a Boluarte a desarrollar e implementar una estrategia de seguridad respetuosa de los derechos humanos, dirigida a desmantelar los grupos criminales y a proteger a la población de sus abusos, garantizando, entre otros, que la policía disponga de los recursos, la formación y el equipo necesarios para realizar los análisis forenses adecuados y trabajar en colaboración con el Ministerio Público, y evitar la declaración de estados de emergencia durante periodos prolongados.

Asimismo, recomendó trabajar en la colaboración con otros países, en particular con los limítrofes, para hacer frente al crimen transnacional y sus consecuencias, incluyendo mediante el intercambio de información sobre actividades ilícitas y la asistencia mutua, además de apoyar la iniciativa de Colombia de desarrollar un acuerdo internacional vinculante destinado a garantizar trazabilidad, transparencia y rendición de cuentas en toda la cadena de valor de los minerales.

En el pronunciamiento de un reciente Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras Ambientales, comunidades indígenas de todo el país denuncian el abandono del Estado y la impunidad con la que actúan las mafias que asesinan a sus dirigentes. “El Estado ha dejado de garantizar derechos y se ha convertido en un agresor”, se dice en el pronunciamiento.

Los pueblos originarios exigen que se les deje de criminalizar, se sancione a las mafias que atacan a sus comunidades y a las autoridades que las protegen, la derogatoria de las leyes que favorecen la minería y la tala ilegales y la depredación de sus territorios por las actividades extractivas legales. Convocan a “las fuerzas democráticas, progresistas y no corruptas” para “conformar una gran coalición antimafia” para las elecciones de 2026: “No podemos permitir que este régimen criminal se consolide”.

Contexto

La presidenta Boluarte asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022, luego de que el expresidente Pedro Castillo intentara, sin éxito, cerrar el Congreso y “reorganizar” el Poder Judicial.] El anuncio de Castillo y su posterior destitución por parte del Congreso desencadenaron protestas que pedían elecciones anticipadas, entre otras demandas. La policía y las fuerzas armadas respondieron con un uso excesivo de la fuerza: cuarenta y nueve manifestantes y transeúntes murieron y miles resultaron heridos.[

 Una comisión del Congreso inició una investigación sobre el rol de la presidenta Boluarte y de miembros de su gabinete en cuarenta y cuatro de las muertes. Hasta marzo de 2025, no se había producido ningún avance en la investigación.[14] Al momento de redacción de este informe, el expresidente Castillo permanecía en prisión preventiva, acusado de “rebelión” y de delitos de corrupción. El Congreso y la presidenta Boluarte finalmente rechazaron avanzar con elecciones anticipadas. Las elecciones presidenciales y legislativas se celebrarán en abril de 2026, y se espera la participación de más de 50 partidos políticos.

Según las encuestas, el índice de aprobación de la presidenta Boluarte ha estado por debajo del 40 % desde que asumió el cargo; para marzo de 2025, rondaba el 4 %, la cifra más baja de su presidencia. Boluarte ha cambiado su gabinete más de siete veces, a menudo en respuesta a escándalos de corrupción. En sus dos primeros años de mandato, ha nombrado a más de 60 ministros.

En marzo de 2025, el Congreso aprobó un proyecto de ley que amplía significativamente el poder del gobierno sobre las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas que reciben fondos desde el extranjero. La ley fue aprobada en un momento en el que la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda extranjera ha afectado a organizaciones no gubernamentales peruanas y a medios de comunicación independientes.

Mientras, la criminalidad se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos y desde mediados de 2023 figura de manera constante entre las tres principales inquietudes ciudadanas. Desde octubre de 2024, diversos sectores de la población, incluidos sindicatos y empresarios, han salido a las calles en distintas ciudades del país para protestar contra los altos niveles de criminalidad.

}La mayoría de las protestas se han centrado en la demanda de medidas contra las extorsiones perpetradas por grupos criminales y representaron las primeras movilizaciones masivas desde las protestas de diciembre de 2022 a febrero de 2023, que fueron reprimidas con violencia. La información preliminar del Ministerio de Salud para 2025 indica que el país podría alcanzar un récord de homicidios. En diciembre, la policía informó que más de la mitad de los homicidios cometidos en 2024 (1.125 de 2.126) fueron perpetrados por sicarios, un indicio de que muchos fueron llevados a cabo por grupos criminales.

Grupos criminales extorsionan regularmente a trabajadores del sector transporte, como conductores de autobuses y mototaxistas, y en algunos casos recurren a sicarios para asesinar a quienes se niegan a pagar. Asimismo, la  minería ha sido históricamente uno de los sectores económicos más importantes del Perú, con un rol destacado a nivel mundial. La industria minera peruana, que incluye la extracción de cobre, oro, zinc, plomo y hierro, entre otros minerales, representó el 65 % del valor total de las exportaciones del Perú en 2024.

El Instituto Peruano de Economía, un centro nacional de investigación económica, estimó que la minería ilegal, en su mayoría proveniente de operaciones a pequeña escala, representó aproximadamente la mitad del valor de las exportaciones de oro en 2024, es decir, más de 6.800 millones de dólares, y  fue la principal fuente del lavado de dinero, con casi 6.300 millones de dólares de un total aproximado de 11.500 millones en transacciones ilícitas detectadas (55 % del total).

El gobierno de la presidenta Boluarte ha recurrido a los “estados de emergencia” como su principal herramienta para enfrentar la criminalidad en el Perú. Durante estos periodos, pueden suspenderse derechos constitucionales como la libertad de tránsito, de reunión pacífica y la inviolabilidad del domicilio. Sin embargo, los homicidios, que  Boluarte ha citado como razón principal para justificar estas medidas, han seguido aumentando en las principales bajo estados de emergencia.

En un contexto de crecimiento sin precedentes de la criminalidad, el Congreso peruano, controlado por una coalición de derecha y ultraderecha encabezada por el fujimorismo, ha aprobado una serie de leyes que favorecen al crimen organizado. Las medidas parlamentarias también incluyen acciones contra la independencia de jueces y fiscales que debilitan su capacidad para enfrentar a las organizaciones criminales y apuntan a la impunidad de la corrupción política.

La mayoría parlamentaria que ha dado estas leyes también aprobó recientemente una amnistía para los represores acusados de violaciones a los derechos humanos. Por un lado, el Congreso legisla a favor del crimen organizado y la impunidad, y por otro restringe derechos y debilita la institucionalidad democrática. La misma derecha que da leyes que afectan el combate legal contra la criminalidad, utiliza el incremento de la delincuencia, sostenido en esas leyes, para promover acciones autoritarias de “mano dura”.

Esta política parlamentaria favorable al crimen organizado, indica HRW, avanza con la complacencia del gobierno de Dina Boluarte, acusada de violaciones a los derechos humanos y corrupción, sostenida en el poder por esa mayoría parlamentaria. Una complicidad con el crimen organizado y la impunidad de la corrupción por parte de la coalición que gobierna el Perú -llamada “coalición mafiosa”- que también han adviertidio distintos sectores dentro del país. Actividades criminales como la extorsión, el sicariato, la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal y otras, se han fortalecido con esta legislación.

El Congreso, controlado por bancadas interesadas en bloquear las investigaciones fiscales por corrupción a sus principales drigentes y legisladores -el caso de Keiko Fujimori es emblemático-, ha aprobado leyes, promulgadas por el Ejecutivo, que reducen la posibilidad de acusar por organización criminal retirando de esta tipificación delitos como la corrupción de funcionarios y otros, que modifican la ley de colaboración eficaz haciendo más difícil que la Fiscalía consiga la colaboración de acusados que den información clave para avanzar en las investigaciones.

Asimismo, restringen la capacidad fiscal para realizar allanamientos, que reducen los tiempos de prescripción penal, que cambian la ley de extinción de dominio trabando el decomiso de los bienes producto de un delito, que protegen las operaciones de la minería ilegal, que permiten legalizar la deforestación ilegal, entre otras normas que han facilitado el incremento delictivo.

*Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)