En Ferguson, un fiscal impide que se haga justicia

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El agente de policía Darren Wilson, de la ciudad estadounidense de Ferguson, nunca fue presentado a juicio por haber matado al joven afrodescendiente Mike Brown, pero contaba con uno de los mejores abogados que cualquiera en su situación podría esperar. El fiscal del condado de San Luis, Robert McCulloch no solo ayudó a Wilson en los procedimientos legales, sino también demostró ser un hábil gestor de relaciones públicas. En un caso que tanto cautivó la atención nacional, eso contribuyó de modo importante a que Wilson nunca fuera imputado por un crimen.

El primer paso exitoso de McCulloch, en cuanto a las relaciones públicas, fue crear la impresión entre muchos de que había sido el gran jurado que decidió no imputar a Wilson. En realidad, fue McCulloch quien tomó esa decisión; como es el caso para casi todos los grandes jurados en EEUU, el fiscal decide lo que se le presenta al gran jurado y cómo hacerlo, con el fin de obtener el resultado deseado. En un proceder poco habitual, Wilson fue el primer testigo y dio su testimonio durante cuatro horas, lo cual ayudó a fijar el relato, a costa de otras versiones que lo contradecían.

Tal y como lo destacó The New York Times, “los fiscales raramente hacían preguntas escépticas del agente Wilson y con frecuencia dejaban pasar los testimonios a su favor sin cuestionamiento alguno, mientras que se empecinaban en abatir las declaraciones de los testigos cuyos relatos estaban en conflicto con el del agente”. Claro está que la consulta al gran jurado no es un juicio, y su propósito no es determinar la culpa o inocencia de nadie. Se trata de decidir si existen causales suficientes para imputar a alguien –en este caso a Darren Wilson– de un crimen. Dado el bajo umbral, por lo general, no pareciera que fuera difícil alcanzarlo en un caso como este.

De los 18 testigos que respondieron a la pregunta, 16 aseguraron que Mike Brown tenía sus manos en alto cuando se le disparó.

En cuanto a la historia de Darren Wilson, no solo fue objetada por varios testigos, sino que no es fácilmente creíble. Para aceptarla, es necesario creer que Mike Brown, quien se fue corriendo del carro de policía para evitar la muerte, de pronto se volteó y se lanzó a una misión suicida. Como los bombarderos suicidas de los que ocurren casi semanalmente en Irak o Afganistán, había decidido morir arremetiendo contra una ráfaga de balas, aun cuando algunas ya lo habían herido. De lo que sabemos, no existe nada en su pasado que apunte a impulsos suicidas o alguna enfermedad mental, tampoco disponía de los explosivos con los que normalmente cuentan los atacantes suicidas, para por lo menos causarles daño a sus enemigos mientras que sacrifican sus vidas por una causa de convicción profunda.

La presentación que hizo McCulloch de la decisión del gran jurado también fue un hábil esfuerzo de relaciones públicas. Probablemente convenció a millones de personas que no están familiarizadas con el sistema legal de Estados Unidos de que los procedimientos del gran jurado constituyeron una especie de juicio. Independientemente de lo que uno piense acerca del tema de dejar que un grupo de ciudadanos comunes determinen la culpabilidad o inocencia de uno de sus iguales, por lo menos en un proceso criminal esto se lleva a cabo mediante un procedimiento de contrarios, con una serie de mecanismos diseñados para ayudar al jurado a llegar al fondo de los hechos. En este caso, no fue así en absoluto, y el jurado –habiendo ya trabajado junto a McCulloch– estaba predispuesto a alcanzar el resultado que este buscaba: evitar una imputación, y todo lo que se requería era que cuatro de los 12 miembros del jurado votaran en ese sentido; nueve de los cuales eran blancos.

McCulloch fue criticado por anunciar el veredicto en la noche, con lo que hizo más probables los disturbios. Pero esa fue para él una buena jugada, también para su cliente, pues la cobertura mediática del resto de la noche se enfocó en las quemas y en los saqueos, no en la decisión del jurado.

La entrevista de Wilson con el presentador de televisión George Stephanopoulos también fue bien ejecutada y ayudó a establecer su relato de los hechos como la narrativa dominante en los medios. Fue evidentemente exagerada, como cuando dijo que se sentía como “un niño de 5 años agarrándose con Hulk Hogan”, en el momento en que lidiaba con Brown en su carro. Lo que es peor: Brown parecía un “demonio”.

Wilson tenía la misma estatura que Brown, y con sus 97,5 kg, junto con su formación policial, no era exactamente alguien indefenso. Cuando le preguntaron por qué decidió usar su pistola en vez de usar su paralizante, dijo que no lo cargaba consigo porque era abultado y poco cómodo.

Otro ejemplo de lo mal que fue llevado el caso puede observarse en las instrucciones originales entregadas al gran jurado. Como lo resaltó Laurence O’Donnell, de Msnbc, a los miembros del jurado se les dio inicialmente un estatuto del estado de Misuri del año 1979, diciendo que un agente de policía podía usar la fuerza que él o ella “considerara razonablemente necesaria para lograr una detención”.
Esa ley fue calificada de inconstitucional por la Corte Suprema de EEUU en 1985, y con buena razón, puesto que le daba efectivamente a la policía una “licencia para matar” cualquier delincuente sospechoso que se diera a la fuga, ya sea que esa persona presentara o no una amenaza para los demás. Tres meses más tarde, el fiscal asistente retiró el estatuto inconstitucional, pero no queda claro qué tanto el jurado comprendió ese cambio de instrucción.

La instrucción original coincide con la manera en que la policía y sus defensores –incluido McCulloch– imaginan ese caso. En su mente, Brown fue responsable de su propia muerte, y los detalles importan poco. Si no fuera por la enorme indignación pública y las manifestaciones en ciudades a lo largo y ancho del país, Mike Brown habría sido apenas uno más en una larga lista de jóvenes hombres negros abatidos con impunidad por un agente de policía. Pero este caso no se esfumará tan fácil, aunque McCulloch haya logrado impedir que se admitan cargos penales. Existen decenas de millones de estadounidenses –de todas las razas– que pueden darse cuenta de que ese proceso fue una farsa.

*Codirector del Center for Economic and Policy Research, en Washington, DC  . También es presidente de la organización de política exterior, Just Foreign Policy