EMTRASUR: Absoluciones masivas, pero sigue el escándalo
La justicia argentina y la dirección de la comunidad judía se resisten a reconocer lo que ya aparece obvio: la causa contra la tripulación del avión venezolano de EMTRASUR varado desde junio en Buenos Aires es una excursión de pesca en busca de supuestas responsabilidades que no existen, y también otro peligroso caso de carta blanca para el lawfare 2.0 cuando sobrevuela la palabra terrorismo.
Marcos Salgado |
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, resolvió el sobreseimiento de 14 de los 19 tripulantes del avión carguero de EMTRASUR, filial de la estatal venezolana Conviasa, secuestrado desde junio en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. Son doce venezolanos y dos iraníes, sobre los que no se hizo imputación formal alguna, una clara muestra de la debilidad de toda la causa judicial.
El juez cumplió así parcialmente con la orden de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que a principio de mes le dio un plazo perentorio para resolver la situación de la tripulación retenida en un hotel sin sus documentos de viaje y con prohibición de salida del país. Con la nueva resolución, los doce que ya volaron a Venezuela la semana anterior quedan desvinculados definitivamente de la “investigación”, junto con otros dos, un venezolano y un iraní, que ya están habilitados para abandonar la Argentina.
Distinta es la situación de los otros cinco tripulantes, los pilotos instructores iraníes Gholamreza Ghasemi, Saied Vali Zadeh y Abdsolbaset Mohammadi; junto a los directivos de EMTRASUR Mario Arraga Urdaneta y Víctor Pérez Gómez. Sobre ellos el juez hizo lugar a un pedido de la querella de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), acompañado por la fiscalía, que otra vez jugó en línea con los acusadores, para que se les tome declaración indagatoria, es decir, que se los encause en calidad de sospechosos.
Los dos tripulantes venezolanos ya fueron indagados, y según varias versiones de prensa local aportaron más elementos para demostrar que no hay nada irregular en las operaciones de EMTRASUR y su único avión, durante el vuelo a Buenos Aires y en las operaciones anteriores. Sobre los tripulantes iraníes, el tribunal solo dejó trascender que no fueron indagados por unas inasibles “condiciones de seguridad”.
Para los tripulantes venezolanos ya corre el plazo para que el juez defina la situación procesal, es decir, que los procese o -como ya ocurrió con la mayoría de sus compañeros- los desvincule de la causa. Para procesarlos, el juez debería -por fin- imputarles algún delito. Por ahora, en el expediente no figura ninguno, solo presunciones afiebradas de que todo la operación de EMTRASUR podría ser una operación de vigilancia de grupos terroristas.
¿En qué se basa tal afirmación? Simplemente en que parte de la tripulación es iraní, y que en el expediente por el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994 figuran iraníes como supuestos promotores del atentado. Algo que -es importante recordar- no fue probado, casi 30 años después.
El juez Villena dice en su última resolución que Argentina “ha ratificado catorce instrumentos universales de lucha contra el terrorismo”, como si esto otorgara una carta blanca para excursiones de pesca y lawfare potenciados al extremo de impulsar causas por averiguación de algún delito.
¿Durará el impulso comunitario-judicial contra los cinco de EMTRASUR todavía en Buenos Aires? (el costado mediático ya parece desinflarse). O por el contrario caerán las máscaras en el último acto y se revelará lo que ya se sabe, que no hay delito ni delincuentes.
Pronto se sabrá. Lo que sí está claro, es que todos los venezolanos vinculados a empresas estatales de su país y todos los iraníes por simple portación de nacionalidad deben evitar viajes a la Argentina, para no quedar rehenes de excursiones de pesca judicial. Es que para la justicia argentina, para la DAIA y para los medios concentrados son culpables (de algo o de todo) hasta que demuestren lo contrario.