Empresas de maletín: ¿causantes del desfalco cambiario en Venezuela?
Luis Salas Rodríguez |
Parece evidente el compromiso del fiscal general con respecto a hacer justicia, aclarar y reparar lo concerniente al escandaloso desfalco generado a la nación a través de la especulación y corrupción generada en torno al control cambiario y a la política de asignación de divisas entre 2003 y el presente. La rueda de prensa ofrecida el día de ayer, 27 de septiembre, así lo reafirma. Sin embargo, en el espíritu de contribuir con este propósito, me permito hacer algunas observaciones al enfoque que se le está dando al asunto, enfoque que, valga aclarar, no es el del fiscal sino el de la mayoría de los medios de comunicación y formadores de opinión, quienes, cada vez que se toca este tema, más que aclarar buscan desviar la atención de los principales responsables de lo ocurrido.
A este respecto, la acción de dichos medios y opinadores “expertos” recuerda al viejo chiste aquel del borracho que está una madrugada buscando las llaves en la acera alumbrada contraria a la oscura donde las perdió, argumentando que las busca en esa porque allí hay luz y en la otra no. Y lo digo porque mi punto a este respecto siempre ha sido que con este tema del desfalco cambiario se busca donde no es, pues por más cierta que sea la existencia de las llamadas empresas de maletín y por más plata que se haya robado con ellas, por más que deba aclararse cuáles son esas empresas y tomar acciones al respecto, no puede desviar ese asunto la atención donde siempre he considerado está el lomito del asunto: no en las empresas de maletín, sino en las de verdad verdad, transnacionales y no, a través del mecanismo de los precios de transferencia y la sobrefacturación.
Este es un punto sobre el cual vengo insistiendo al menos desde 2013, cuando se destapó el robo generalizado del cual estaba siendo víctima la población y que quedó ejemplificado en el célebre dakaso. Y de hecho esta nota es una versión de otra que escribí en enero de 2015. Por otra parte, trabajos publicados por Luis Gavazut por aquellos años llegan a conclusiones similares a las nuestras.
Las razones que me permitan dudar de la hipótesis de las empresas de maletín como principales responsables del desfalco a la Nación son fundamentalmente dos: una de orden técnico-contable y otra de orden político.
En cuanto a la primera, dadas las cifras consideradas –estamos hablando de miles de millones de dólares– no luce viable que sea por el mecanismo de empresas fantasma, sobre todo cuando los casos considerados implican montos significativamente mucho menores que ni sumados cuadran.
Y en cuanto a la última, siempre me pareció demasiado sospechosa la manera como la oposición, sus medios y “expertos” compraron la noticia y la divulgaron inmediatamente. Todo sabemos lo imposible que resulta que posicionen algo que no les conviene. Así las cosas, ¿por qué posicionaron tan inmediatamente la hipótesis de las empresas de maletín?
A mi modo de ver lo hicieron porque sirve para responsabilizar al gobierno de lo ocurrido, especialmente cuando se complementa con la especie según la cual tales empresas pertenecen a funcionarios públicos. Pero además, porque oscurece y desvía la atención sobre toda la ingeniería financiera, toda una institucionalidad de consultoras, asesores contables, bufetes, operadores bancarios e integraciones comerciales que, desde el sector privado, se ha montado desde hace décadas para operar centrífugas de captación de recursos públicos y desviarlos al exterior y evadir impuestos. Esto, desde luego, no quiere decir que piense que funcionarios del gobierno no tengan ningún tipo de responsabilidad – de hecho la tienen y mucha–. Lo único que quiere decir es que dicha responsabilidad no puede hacer pasar por alto la que tienen los empresarios y empresas realmente existentes, desde aquellas dedicadas al sector alimenticio hasta el farmacéutico, pasando por las de vehículos y autopartes, aerolíneas, etc.
El mecanismo clásico –mas no el único– inventado para esto, es el de los precios de transferencia. Dicho rápido, los precios de transferencia son aquellos utilizados en la venta de productos o servicios entre empresas vinculadas económicamente y situadas en países con diferentes legislaciones en materia de impuestos. Es decir, son precios utilizados en la compra y venta de productos o insumos a lo interno de un mismo grupo comercial, lo cual significa que son precios donde vendedor y comprador son el mismo, por más que se encuentren en países distintos, motivo por el cual quien compra y quien vende fija los precios de la transacción.
Piénsese en el caso de una transnacional cualquiera: P&G. P&G vende una serie de productos en Venezuela, algunos de los cuales fabrica acá y otros importa, siendo que para el primer caso importa buena parte de los insumos que necesita para producir el producto final. Así las cosas, ¿a quién le compra P&G Venezuela los productos P&G que importa o los insumos? Pues a P&G Brasil, P&G Colombia, P&G Panamá o P&G Cincinnati o alguna otra empresa no necesariamente llamada P&G pero que está vinculada a ella (muy probablemente le opera con exclusividad). Adicionalmente, P&G desarrolla sus propios mecanismos de distribución y almacenamiento, de manera tal que quien traslada la mercancía, quien la almacena y hasta la aseguradora que la cubre de alguna manera u otra se relaciona con P&G. Ahora bien, estamos claros que por estar relacionada no quiere decir que todas esas cosas se las haga a sí misma de gratis, y es allí donde está el detalle: pues al cobrarse, todos los precios que paga P&G se los está pagando y cobrando a sí misma.
En razón de esto, si P&G por meras razones económicas –sin entrar en el componente conspirativo político– está interesada en sacar más ganancias de un país, lo que tiene que hacer es subirse el precio de las mercancías que importa, lo que terminará redundando en un aumento del precio de los productos que consumen los pobladores del país en cuestión. En el caso nuestro, P&G argumenta ante las autoridades que dado el aumento de los costos requiere más divisas: pero estamos hablando de costos que ella se sube a sí misma. Luego, el Estado le da más divisas y P&G saca más divisas por concepto de importación. Pero después vuelve a sacar por concepto de repatriación, pues las ganancias extraordinarias obtenidas en razón de los precios más altos de los productos las trasladan a su casa matriz por concepto de repatriación de capitales.
No faltará quien diga que esto es paranoia o un ataque injustificado a la noble iniciativa privada. Pero, de hecho, este ejemplo “hipotético” está inspirado en dos casos muy reales: la causa judicial abierta por el gobierno argentino en 2014 a P&G por fuga de capitales y evasión fiscal. Y la denuncia hecha por el periodista Víctor Hugo Majano contra esta misma empresa a comienzos de 2015. En aquella oportunidad, Majano llamaba la atención sobre el siguiente hecho: en 2014, CENCOEX le otorgó a P&G casi 407 millones de dólares, el triple con respecto al promedio anual adjudicado entre 2004 y 2012. Pero, “contradictoriamente”, durante el año 2014 se agudizó la escasez de los productos y marcas fabricados y/o comercializados por P&G, como pañales Pampers, toallas sanitarias, máquinas rasuradoras Gillette y detergentes en polvo como ACE y Ariel, entre otros.
En el blog de Majano se pueden ver los detalles del caso y las sorprendentes similitudes con el procedimiento detectado y sancionado en Argentina.
En días recientes, este mismo periodista hizo pública una lista de asignaciones de divisas a empresas durante el año 2015, en la cual se observa el mismo patrón: empresas grandes y plenamente constituidas –no de maletín pues– a las cuales se les asignaron grandes cantidades de divisas sin que esto se tradujera materialmente en abastecimiento, sino más bien lo contrario. De tal suerte, a este respecto habría que investigar si fue que efectivamente sobrefacturaron, o si trajeron los productos pero los desviaron al contrabando y/o acapararon, o más bien –lo que parece más seguro– aplicaron una mezcla de ambas cosas. Pero sea como sea que haya sido, lo cierto es que no puede seguir pasándose por alto este hecho dadas las graves consecuencias que ha tenido para la población venezolana.
Valga comentar, ya para terminar, que esta semana fue noticia en España un caso que involucró a la empresa Polar y que tiene que ver con esto mismo que estamos hablando. Se trató del rompimiento del contrato que el gigante de los supermercados Mercadona había suscrito con la mencionada empresa para la distribución de la harina de maíz marca PAN en España. La razón del rompimiento fue la queja de los consumidores con respecto al elevado precio de la misma, problema que, Mercadona identificó, se debía al uso por parte de Polar de dos intermediarias –una en Estados Unidos y otra en España– pertenecientes a ella misma, lo que elevaba ficticiamente sus costos. Ante la negativa de la gente de Lorenzo Mendoza a prescindir de dicha intermediación fraudulenta, Mercadona contactó con una molinera italiana que hizo una versión del producto casi 40% más barata, pero de igual calidad, que ahora vende en lugar de la harina PAN.