Emergencia energética y social en Bolivia
Crece la inflación, faltan combustibles
Boris Acosta Reyes
Este miércoles a través del Decreto Supremo 5517, el Gobierno de Bolivia, declaró una “emergencia energética y social” debido a la crisis económica por la que atraviesa el país, principalmente marcada por una inflación acumulada en 2025, que según cifras oficiales supera el 20%, la escasez de dólares y la falta de combustible y establece medidas de forma excepcional con el fin de garantizar el abastecimiento de combustibles, reactivar la producción para “garantizar la reconstrucción integral de la economía boliviana”.
Entre lo más destacable del Decreto Supremo 5517 se encuentran dos artículos, uno de ellos permite la importación y comercialización de combustible y otro elimina de forma temporal el diésel de la lista de sustancias controladas, con el fin de garantizar el abastecimiento de este combustible. Asimismo, la norma autoriza a personas naturales o jurídicas para importar o comercializar combustible.
“Se autoriza a cualquier persona natural o jurídica privada la importación, venta y comercialización de productos derivados de petróleo a Precio de Importación y/o Pre-Terminal (a la entrada de una Terminal de Almacenamiento) siempre y cuando cuente con capacidad de almacenaje propia o alquilada, en el marco del libre acceso no discriminatorio”, señala la norma.
Mientras, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, para sostener reuniones con autoridades y empresarios. En su visita al país Goldfajn comprometió un “paquete” financiero de hasta 4.500 millones de dólares, que incluye créditos e inversión con el fin de apoyar al país en la estabilización de la economía.
El presidente del BID se reunió con el presidente Rodrigo Paz y con la administración del Banco Central de Bolivia (BCB) pero además estuvo presente en una conferencia junto al mandatario donde brindó detalles sobre su misión en Bolivia. La visita se constituye en un hito, pues es la primera misión oficial en 15 años. Goldfajn se refirió a los 4.500 millones de dólares comprometidos para el impulso de la economía boliviana, y afirmó que el BID llegó a Bolivia para mostrar la confianza en este momento de transición.

«Estamos construyendo un paquete de hasta 4.500 millones (de dólares) para el periodo 2026-2028, es casi seis veces más que el periodo anterior. Nosotros combinamos préstamos, pero mucha inversión, inversión privada, movilización y traer el mundo junto con nosotros a Bolivia», dijo Goldfajn. Dijo que ésto se logrará a través de “un programa que genere confianza, atraiga inversión y mejore la vida de los bolivianos”. Es así que señaló que se establecerá un plan que convine estabilidad, crecimiento, responsabilidad y empleo formal.
La derogación del Decreto Supremo 5503 constituye una victoria popular, aunque el camino sigue siendo complejo frente a un gobierno que pretende beneficiar únicamente a los sectores con mayor poder adquisitivo: los agronegocios, las cooperativas, la banca y los políticos prebendalistas.
El gobierno de Rodrigo Paz, subestimó la fuerza de los sectores sociales organizados. Intentó pisotear derechos conquistados y avanzar sobre decisiones estratégicas sin consenso, despertando la indignación legítima del pueblo, que salió en defensa de la justicia social y de sus materias primas estratégicas.
El diálogo entre el gobierno derechista y la Central Obrera Boliviana (COB), en El Alto, se acercó a un preacuerdo. para redactar un nuevo decreto supremo, que contempla la derogación parcial del DS 5503, manteniéndose los aspectos referidos a la eliminación de la subvención a los hidrocarburos, el incremento del salario mínimo nacional y la vigencia de los bonos sociales.
No lograron apresar a Evo

Mientras, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba denunció este lunes 12 de enero la existencia de una orden de operaciones denominada “Operación Gema”, cuyo objetivo sería capturar al expresidente Evo Morales en El Chapare. La ofensiva contra el movimiento popular y el Evo se produce luego de que el derechista Rodrigo Paz asumiera la presidencia del país el 8 de noviembre de 2025.
El vicepresidente del Estado Plurinacional, Edman Lara, confirmó el operativo fallido de la Policía, por instrucción del gobierno, para aprehender al expresidente, Evo Morales Ayma, el mismo que debía ejecutarse este 12 de enero. Lara reveló que el operativo fallido de la aprehensión de Evo Morales, estaba a cargo del mayor Ruben Moscoso, actual director de la Escuela Garras y del capitán Cristian Rodríguez, alias el “Rambito” y el mayor Marcelo Ferrufino promotor del curso “Dragones” y la mano derecha y hombre de confianza del exministro Jhonny Aguilera.
Según el mensaje del vicepresidente y a decir de la clase subalterna de la misma Policía, estos tres oficiales son una “vergüenza institucional”, una mancha para la Policía boliviana, toda vez que sus cargos y conexiones “no los han hecho dignos de la institución a la que representan”.
El dirigente popular Leonardo Loza calificó la acción como “ilegal e inconstitucional” y declaró estado de alerta y emergencia en toda la región. Aseguró que el documento filtrado — por “policías honestos”— incluye cronogramas, recursos humanos, armamento y despliegue territorial “como para una guerra”. Advirtió que el verdadero propósito es “sembrar luto y sangre” en el Trópico y afirmó: “Como si fuéramos enemigos de Bolivia, organizan operativos para capturar a Evo Morales; en el fondo es para asesinar a mis hermanos”.
Loza atribuyó la medida al “fracaso del Gobierno” tras el conflicto por el Decreto Supremo 5503 y denunció injerencia externa, señalando: “Esto es una operación de la DEA; no tenemos miedo a los gringos”. Comparó la situación con eventos recientes en Venezuela y acusó al Ejecutivo de actuar por “miedo y nerviosismo”.
Finalmente, convocó a las seis federaciones, organizaciones de las 16 provincias y los 9 departamentos a mantenerse en alerta permanente, reafirmando que “vivimos en un país regido por la Constitución” y que no permitirán “atrocidades ni vulneraciones a los derechos humanos” en el Trópico.
*Sociólogo y periodista boliviano, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)