El uribismo al banquillo

Federico Larsen

Relaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo, amistades entre los más reconocidos criminales colombianos y vínculos con sendos hechos de corrupción son algunas de las acusaciones que hace dos semanas se formularon públicamente en el Senado de Colombia contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

La ocasión fue el debate público sobre parapolítica citado por el senador del Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda Castro, autor de la investigación “Álvaro Uribe Vélez: narcotráfico, paramilitarismo y parapolítica”, que luego de ser expuesta en el recinto terminó directamente en manos de la Justicia. “Que esto pueda llegar a futuro a una condena es asunto ahora de la Justicia”, explicó para esta nota Cepeda después de su presentación.

“Pero lo que sí puedo afirmar es que hay por lo menos cuarenta testigos, algunos de ellos capos del narcotráfico, jefes paramilitares, pero también ex funcionarios del Estado, que aseguran que Uribe de una u otra forma estuvo ligado a planes criminales.”
Los documentos recopilados por el senador dan cuenta de las vinculaciones del ex presidente con organizaciones delictivas desde sus primeros pasos en la política. Uribe fue nombrado director de la Aeronáutica Civil entre enero de 1980 y agosto de 1982.

Ante el pedido de información por parte del senador, la institución contestó que justo en ese período se habían extraviado varias de las licencias que Uribe había otorgado. Sin embargo, se pudo averiguar que una de ellas se había extendido a nombre de Alberto Uribe Sierra, padre del ex mandatario, para un helicóptero que luego fue encontrado en Tranquilandia, la zona de procesamiento de cocaína controlada por el Cartel de Medellín, comandado por Pablo Escobar.

Cepeda también culpó a Uribe de haber favorecido la compra de helicópteros y avionetas a miembros de la familia Cifuentes Villa, uno de los grupos narco colombianos más buscados en el mundo. A esto se le agrega que Dolly Cifuentes fue la pareja de Jaime Alberto Uribe Vélez, hermano del ex presidente, y que fue condenada en enero de este año como integrante del clan de los hermanos Cifuentes Villa, que operaba desde la década de los ’80 y que en la actualidad sería proveedor de cocaína y desempeñaría tareas de lavado de activos para el Cartel de Sinaloa.

“A pesar de que los hechos que yo presenté datan de la década de 1980, una de las tesis que sostengo es que estamos ante un aparato criminal que ha tenido distintas mutaciones, y que ha venido ganando una serie de espacios institucionales y políticos que han permitido que sectores muy ligados a la política descompuesta y corrupta, al narcotráfico y el paramilitarismo, tengan hoy una gran influencia en la vida política e institucional del país”, sostuvo el senador Cepeda.

Y efectivamente sólo pasaron unos días para que el grupo paramilitar Los Rastrojos volviera a amenazar de muerte a defensores de derechos humanos en Bogotá, a tal punto que la Defensoría del Pueblo pidió esta semana medidas excepcionales para proteger a estos militantes.

En su período como alcalde de Medellín (1982-1983), Álvaro Uribe y su padre Alberto aparecieron en más de una ocasión asistiendo a los hermanos Ochoa, hombres fuertes del cartel de Pablo Escobar, en diferentes corridas de toros. Según el paramilitar y narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias de Don Berna, hubo allí una fuerte colaboración entre los Uribe y Escobar a partir de las actividades de la Asociación Medellín sin Tugurios, fundada y gestionada directamente por el cartel de esa ciudad.

“Aquí hay distintos fenómenos que hay que estudiar. Hay una influencia que viene de los carteles del narcotráfico. Dineros y capitales que permitieron, mediante el lavado de activos, la compra de tierras e inversión en múltiples negocios. Otra parte es esa máquina de guerra y de muerte que son los ejércitos paramilitares, que han sufrido diferentes cambios.

Por otro lado hay sectores políticos que han estado manipulando y dirigiendo esa clase de aparatos para ganar posiciones en el poder local y en el poder nacional. No hay que olvidar que en Colombia más de setenta congresistas fueron a la cárcel en estos años por esos vínculos. Pero aquí hay que interpelar la responsabilidad del propio Álvaro Uribe en todo este proceso”, manifestó Cepeda.

Fue su período como senador de la república (1986-1994) donde los vínculos criminales habrían hecho un salto de calidad, según denunció Cepeda. Durante la discusión de la reforma constitucional en 1989, Álvaro Uribe y su primo Mario Uribe protagonizaron un caso de amplia repercusión al defender un artículo que sometía a referéndum la extradición de jefes narcos.

Como recompensa, el mismo Escobar habría financiado la campaña de varios dirigentes del Partido Liberal de Antioquia en 1990, entre ellos el mismo Uribe. Llegado a la gobernación de Antioquia en 1995, el ex mandatario se convirtió en el principal promotor de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la autodefensa agraria, conocidas como Convivir, que rápidamente se transformaron en grupos paramilitares cometiendo todo tipo de delito, a tal punto que fueron desmanteladas luego de dos años de existencia.

De este período son los encuentros entre Uribe y Salvatore Mancuso, comandante del más importante grupo paramilitar de los ‘90, las Autodefensas Unidas de Colombia. Durante su período al frente de la gobernación, las masacres de paramilitares en la región se dispararon en un 341%. Un dato que muchos años después llevó a Uribe a pedir secretamente una pausa en las acciones de estos grupos para que no afectaran su campaña a presidente de 2002.

“El uribismo sigue siendo una corriente política muy fuerte”, explicó Cepeda. “Su líder está en el congreso y tiene una bancada de unos veinte senadores y otros tantos representantes a la cámara. Pero ¿sobre qué está erigido su poder? Ese es justamente el debate que yo considero debería hacer el país y pensar qué fuerza representa exactamente Uribe”.

El ex presidente fue elegido senador en las elecciones de este año por el Partido del Centro Democrático. En mayo, auspició la candidatura a presidente de Oscar Ivan Zuluaga, quien perdió en el ballottage con el actual presidente Juan Manuel Santos. Según informaciones divulgadas por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, grupos terroristas venezolanos esperaban un triunfo del uribismo en esos comicios para comenzar un plan de ataques contra el gobierno de Caracas.

“No es lo mismo a tirarse a ese juego con Zuluaga que estando Santos, ¿me entiendes?”, dijo en una grabación Lorent Gómez Saleh, terrorista venezolano –que ostenta una foto con el mismo Uribe en su perfil de Facebook– con respecto a los planes desestabilizadores que pergeñaba desde Colombia.

“Hay sectores de nuestros países vecinos y hermanos que ven en Álvaro Uribe y su movimiento político una acción tendiente a acabar con las buenas relaciones con los países vecinos y mover a una intervención y el derrocamiento incluso de gobiernos de países de la zona andina”, explicó al respecto Cepeda.

El ex mandatario se presentó al debate parlamentario, pero antes que el senador Cepeda comenzara su discurso anunció su voluntad de retirarse para “radicar pruebas” en la Corte Suprema “en relación con este nuevo evento difamatorio promovido por el grupo terrorista de las FARC, sus aliados de siempre, los paramilitares, sus nuevos secuaces, sus antiguas víctimas”. Según Uribe, el debate estaba “publicitado por Telesur y Canal Capital, medios de comunicación serviles del terrorismo, coordinado por el presidente de la República”.

“Uribe tenía un gran temor a enfrentar el debate”, analizó luego de la sesión Cepeda. “Y creo que es un temor fundado. Porque yo presenté una cantidad muy considerable de elementos probatorios, entre documentos, testigos, que no me los he inventado, sino que están en los procesos que se han llevado en la Justicia colombiana y en algunos estrados internacionales.

Así que Uribe no quería escuchar unas cuantas verdades que se le dijeron en el Senado de la República”. Y acerca de la mención a las FARC, y la oposición del uribismo a los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana, el senador afirmó que “esa fuerza tiene como propósito político acabar con el proceso de paz que se está dando. Por una sencilla razón, y es que muchos de esos sectores están dedicados a hacer de la guerra su modus vivendi. Y precisamente por eso son tan enemigos y tienen tanta animadversión a un proceso de paz exitoso”.