El Tribunal de Acción Común da eco al lawfare de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández

María Iglesias-Nodal

El constitucionalista Eduardo Barcesat, presidente del Tribunal de Acción Común creado en noviembre en Madrid para casos de “lawfare” (hostigamiento judicial de opositores políticos), considera que en el juicio oral a la vicepresidenta electa “se empieza a resquebrajar el “lawfare” por la falta de consistencia de las pruebas”. Barcesat, consejero de la UNESCO, anticipa un clima propicio al enjuiciamiento del “lawfare” con el cambio de gobierno y advierte “que debe ser con máximas garantías para que quienes quebrantaron la ley no ganen la batalla cultural”.

El descargo de la vicepresidenta argentina coincide con absoluciones de los ex presidentes brasileños Lula da Silva y Rousseff y con la petición del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia a las autoridades de Ecuador del cese de la criminalización de la oposición.

La expresidenta argentina y actual vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner había pedido que su testimonio en el Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires el lunes 2 se retransmitiera en directo. Aspiraba, explicó, a defenderse en iguales condiciones de las sesiones donde fue acusada de corrupción en la concesión de obra pública : de forma televisada. El tribunal denegó la petición. Y ello fue calificado por Fernández como “una clase práctica de “lawfare”. ¿Qué es “lawfare”?”, planteó y luego repuso: “Es la articulación de los medios de comunicación y el poder judicial para perseguir a dirigentes políticos”.

La vicepresidenta subió a youtube las tres horas y media de su descargo –con resumen de 7 minutos – y lo compartió en Twitter con el mensaje “Esto es lo que no querían que vieras ni escucharas”. Un alegato de declaraciones tajantes: “Este es un tribunal del “lawfare”. Que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar”; “El gobierno que se va (presidido por Mauricio Macri) tenía una mesa judicial que decidía quién iba preso, quién no” o “Venían a decir que nos robábamos todo mientras endeudaron al país en un PBI con comisiones (…) Había que traer al FMI y los argentinos no tenemos ni qué comer”.

Ante ello, el constitucionalista argentino Eduardo Barcesat, que preside el Tribunal de Acción Común (TAC), creado en Madrid el 24 de noviembre, a instancia del Think Tank Common Action Forum (CAF) y que en 2020 se centrará en casos de “lawfare” y de whistleblowers (desveladores de secretos como Julian Assange o Jamal Khashoggy), declara que “el TAC no va a juzgar un posible caso de “lawfare” hasta tanto se dicte sentencia”.

Sin embargo, ve justificado el contenido de las tres horas de descargo de la vicepresidenta. “Actores jurídicos y mediáticos coordinados le armaron varios procesos para destruirla políticamente y el que llegó a juicio público le ha permitido hacer lo que Jaques Verges llama un ejercicio de proceso de ruptura donde imputó al tribunal el ofender la ley”.

A juicio de Barcesat, que presentó el TAC, un tribunal internacional no vinculante sino ético, con juristas como el ex magistrado español Baltasar Garzón, la abogada guatemalteca Renata Ávila, la relatora de Naciones Unidas para Ejecuciones Sumarias Agnes Callamard y los abogados del ex presidente brasileño Lula da Silva, Valeska Teixeira y Cristiano Martins, “hasta la sentencia, que puede ser en primavera, se está en persecución”.

Pero, precisó, “en esta fase oral el “lawfare” empieza a resquebrajarse, con grietas en la verosimilitud de las pruebas”. Siendo, a su criterio, lo principal “que tanto los peritos de la Corte Suprema como los de parte estén estableciendo que los proyectos de obra pública de la provincia de Santa Cruz los ganó la empresa que ofertó a precios razonables para la época, sin perjuicio al erario público y que el constructor, además, concluyó las obras y lo hizo con los estándares requeridos”.

En su alegato de defensa, Cristina F. Kirchner contextualizó el fenómeno de “lawfare” como una estrategia de persecución “de los líderes políticos de los gobiernos las últimas décadas en la región” y dos días después, el miércoles 4, llegó la absolución de los ex presidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Roussef, por el juez de Brasilia encargado de uno de los casos de corrupción contra ellos y el Partido de los Trabajadores. El magistrado Marcus Vinicius Reis Bastos sentencia que “la denuncia no cuenta con los elementos demostrativos del delito de asociación para delinquir” y que el proceso sólo buscaba “criminalizar la actividad política”.

En opinión de Eduardo Barcesat “detrás del “lawfare” en Argentina, Brasil, Ecuador, como detrás del golpe en Bolivia, hay una estrategia impuesta por los poderes fácticos, la academia militar de Estados Unidos y esos intereses económicos que ellos protegen para apropiarse de las riquezas y recursos nacionales e imponer que la obra pública vaya a empresas estadounidenses en vez de a competidores como empresas e inversores de China aunque ofrezcan precios y condiciones de pagos más ventajosas que los estadounidenses”.

Barcesat lamentó que “medios de comunicación hegemónicos sean otro pilar clave9 del “lawfare” al seguir dando por hecho el relato acusatorio de dinero defraudado sin informar del criterio contrario de los peritos en fase oral” así como “la colaboración que hubo, de juristas a servicio de intereses transnacionales, para validar estos procesos y generar el relato ficcional”.

A criterio del presidente del TAC “algunos de los juristas que han favorecido al gobierno de Macri manifiestan ahora temor de pasar de perseguidores a perseguidos”. Ante lo cual, dice, “hay que garantizar, como hicimos al pasar de la dictadura al estado de derecho, que todo proceso de denuncia hoy a jueces y fiscales que quebraron la ley tendrá máximas garantías, pues si incurriéramos en lo que ellos, ganarían la batalla cultural y sería el peor resultado”.

Los procesos judiciales para hostigamiento de opositores políticos, conocidos como ““lawfare”” nada tienen que ver, a criterio de Eduardo Barcesat, con juicios contra la corrupción de gobiernos de distinto signo como los recientes en España del caso Gürtel del Partido Popular o del ERE que involucra al Partido Socialista Obrero Español. “De hecho, esos casos legítimos, con respeto del proceso, con legalidad en la incorporación de pruebas, deben ser modelo a seguir para juzgar la corrupción de los partidos y sus dirigentes que, justo, los medios de comunicación hegemónicos en vez de destapar, encubren”.

Juristas contra la persecución política en Ecuador

El lunes 2, mientras la vicepresidenta argentina declaraba, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) difundía la carta de una quincena de juristas, adscritos al foro de líderes progresistas latinoamericanos Grupo de Puebla, dirigida a las autoridades de Ecuador, el presidente Lenín Moreno, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Carmen Maldonado, la fiscal general del Estado, Diana Salazar y el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión denunciando la represión “de la movilización social de octubre con, al menos 11 fallecidos, 1507 heridos y 1382 detenidos”, y pidiendo el fin de la persecución judicial a los críticos con el gobierno.

Un hostigamiento que, según CLAJUD, “comenzó antes del paro nacional” e incluye la prisión provisional de laprefecta de Pichincha Paola Pabón en aquellos días y el refugio de hasta ocho asambleístas de Revolución Ciudadana, como Carlos Viteri y Gabriela Rivadeneira, en la embajada de México en Quito desde el 14 de octubre, pero también los procesos judiciales previos contra el ex presidente Rafael Correa, el encarcelamiento del ex vicepresidente Jorge Glas, que cumple 25 meses en la cárcel, y la orden de detención del ex canciller Ricardo Patiño, radicado en México desde abril de 2019.

Una de las firmantes de la carta es la hispano-ecuatoriana Adoración Guamán, profesora de derecho del trabajo y de la seguridad social en la Universitat de València, España, y de la Facultad Latino Americana Ciencias Sociales (FLACSO) en Ecuador. “Lo que diferencia el uso del poder judicial contra adversarios políticos, el “lawfare”, de la legítima persecución judicial de la corrupción es el respeto del debido proceso”.

Según Guamán “lo que, en América latina se está viendo es una dinámica que la nueva política de derecha busca extender al mundo, basada en el uso neofascista del derecho y del aparato judicial y mediático para perseguir al enemigo político con falsas acusaciones de corrupción”. Una praxis que, según la jurista, “acaba con la separación de poderes y la independencia del poder judicial” y busca “una guerra híbrida que incluye, la represión, la interposición de demandas, el allanamiento de morada, la interceptación de comunicaciones, la prisión preventiva y la cárcel por el hecho de ser militante o dirigente de un partido de oposición o un movimiento social”.

A criterio de Guamán, experta en la relación empresas transnacionales y derechos humanos y el impacto de los Tratados de Comercio en los derechos laborales, “la voluntad de las élites económicas globales por evitar un giro a la izquierda se plasma en una represión que sube de nivel”.

Y, según ella, alcanza un escalón superior de represión en Ecuador, hoy, al pasar “de la falsa acusación de corrupción a Lula, Dilma, Cristina o Correa a acusar a los líderes sociales y políticos progresistas que se manifestaron en octubre contra las imposiciones del FMI y las derechas, de protagonizar rebelión e intentos golpistas. Así, con la excusa de proteger la democracia, aplican prisión preventiva a políticos como Paola Pabón, Christian González y Virgilio Hernández sin prueba, por un tuit”.

Guamán, que asesoró al Parlamento europeo como autora del estudio jurídico sobre el caso Chevron-Texaco, prevé que la presión seguirá subiendo “ante la fuerte contestación social a las imposiciones fondomonetaristas en Ecuador, Chile, Haití…” y apunta el golpe de Estado en Bolivia como “la ofensiva extrema de las élites para cambiar la agenda económica y apropiarse del poder”.

Frente a ello destaca como positivo que “cada vez encontramos más aliados entre juristas, con independencia de su posición política, contrarios al uso del poder judicial como arma política”. Así como también entre instituciones como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que ya instó a investigar el desproporcionado uso de la fuerza en las protestas de Ecuador o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “que trajo una misión y cuyo pronunciamiento esperamos”.

*Periodista freelance del diario público.es y eldiario.es del Reino de España, premio de la Comunicación de la Asociación de la Prensa de Sevilla (2016) – @MariaIReal