El Tren de Aragua y la geopolítica de Trump

En la geopolítica, es natural que los países impulsen una agenda en función de sus intereses, y esto implica, muchas veces, la construcción de una narrativa basada en manipulaciones y medias verdades. Son muy pocas las ocasiones en las que se juega de forma limpia. Esto es lo que está ocurriendo en el caso venezolano.

En función del interés estadounidense de reinsertar, a como dé lugar, a Venezuela en su dispositivo económico y militar, Washington está adelantando una serie de movimientos tácticos destinados a justificar ante la opinión pública una política de cerco económico, presión política y descalificación mediática.

Desde hace años, Washington ha venido sosteniendo un discurso sobre una supuesta amenaza de Venezuela a la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahora, esa narrativa ha encontrado en el gobierno de Donald Trump un nuevo eje: el Tren de Aragua. Esta pandilla ha pasado a ocupar un lugar central en el relato de Trump y se ha convertido en la justificación para la política de presión al país.

Según Trump, el gobierno venezolano estaría utilizando de forma deliberada a los miembros de esta banda como una herramienta para desestabilizar a Estados Unidos. Se trata de una acusación de gran peso, no solo por lo que implica en términos de seguridad interna, sino por las posibles consecuencias que podría tener.

Durante un reciente mitin en Míchigan, Trump describió casos de crímenes atribuidos a miembros de la banda, pero ninguna de estas historias ha aparecido en los medios, que a diario cubren hechos de violencia de las decenas de bandas criminales estadounidenses. Por el contrario, investigaciones periodísticas han mostrado que los hechos han sido exagerados o inventados con el objetivo de generar miedo y justificar políticas migratorias de línea dura.

Una evaluación del National Intelligence Council concluyó que no hay evidencia de coordinación entre el gobierno venezolano y el Tren de Aragua. Analistas como Geoff Ramsey, del Atlantic Council, han calificado esta conexión como “absurda”.

Trump ha utilizado al director del FBI, Kash Patel, como instrumento para validar su narrativa. Patel es conocido por su asociación con las teorías conspirativas y está completamente alineado con el enfoque supremacista en temas migratorios y de seguridad nacional, Bajo su dirección, el FBI ha producido informes que sostienen, sin pruebas, que funcionarios venezolanos estarían facilitando el ingreso de miembros de la banda a Estados Unidos con fines desestabilizadores.

Estas afirmaciones han servido de base a una serie de medidas que han generado alarmas en el poder judicial y entre defensores de derechos humanos. Pero, para la base electoral trumpista, Patel es un funcionario que defiende la seguridad nacional y enfrenta al “Estado profundo”.

¿Qué busca realmente Estados Unidos con esta narrativa alejada de los hechos? Más allá de la retórica, lo que hay es una estrategia de dominación geopolítica. Se busca construir un discurso que permita debilitar económicamente a Venezuela y presentarla como una amenaza global. Es también un discurso que cumple una función electoral y de política interna, porque moviliza a su base republicana y reafirma la imagen de que Estados Unidos “está bajo ataque”.

La narrativa del tren de Aragua ha servido de base para una serie de acciones que se han tomado contra los venezolanos migrantes y para aislar económicamente a Venezuela. En este contexto, el gobierno estadounidense ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros con el objetivo de suspender las garantías legales universales a las personas con ciudadanía venezolana.

Desde marzo, Washington mantiene en una prisión offshore ubicada en El Salvador a más de 250 venezolanos y ha anunciado que transferirá a 500 más. Asimismo, una niña venezolana fue arrebatada de las manos de su madre en el momento de la deportación y luego entregada a una familia estadounidense de acogida.

La figura del Tren de Aragua también ha servido para justificar la suspensión de licencias a empresas petroleras como Chevron y anunciar aranceles del 25% a terceros países que compren petróleo o gas venezolano, para cerrar así la principal fuente de ingresos del país. El solo anuncio ha tenido un impacto negativo como la devaluación del bolívar y un incremento de la inflación.

Las consecuencias de estas políticas de persecución a migrantes impactan a miles de venezolanos. Y las sanciones económicas golpean a millones que dependen de los ingresos petroleros para producir, trabajar y vivir. Mientras Trump y su equipo construyen un relato ficticio, la realidad muestra algo muy diferente: una nación cercada por una potencia que utiliza la propaganda para imponer su voluntad.

Ahora, el verdadero problema es que, detrás de la narrativa construida en torno al Tren de Aragua, más allá de los informes del FBI o de los discursos encendidos de protesta, hay una realidad de gente de carne y hueso con vidas truncadas y un porvenir de desarrollo económico y social que puede desvanecerse.

Las diferencias de varios gobiernos de países latinoamericano con el gobierno venezolano, así como las tensiones internas del país, no tendrían por qué conducir a que se ignore lo evidente: lo que está pasando representa una operación política que vulnera principios fundamentales y pone en riesgo no solo a Venezuela, sino a todos los países latinoamericanos.