El tortuoso camino de Venezuela hasta las elecciones
Eduardo Garcia – Descifrando la Guerra
Tras meses de negociaciones, Venezuela certificó un acuerdo tácito, ambiguo pero suficiente para la celebración de elecciones presidenciales el 28 de julio de 2024 para las que la oposición acordó mayoritariamente abandonar la táctica abstencionista y concurrir en torno a la candidatura del diplomático Edmundo González, junto a otros nombres secundarios como Antonio Ecarri, José Britto o Javier Bertucci.
La presidencia de Nicolás Maduro ha sido turbulenta desde sus inicios. Empujado a la primera línea por el establishment bolivariano tras el fallecimiento del presidente Hugo Chávez en 2012, Maduro nunca ha logrado consolidar un liderazgo tan sólido como el de su predecesor y, a pesar de haberlas subsanado con cierta agilidad, las grietas internas en el movimiento han florecido durante la última década. Un ejemplo de estas divergencias es la confrontación entre el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fuerza central del chavismo, y el Partido Comunista de Venezuela.
No obstante, las vicisitudes que ha afrontado el “madurismo” han ido mucho más allá de la interna del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), la coalición gobernante liderada por el PSUV. La economía venezolana es casi enteramente dependiente del crudo, una limitación que ni Hugo Chávez ni Nicolás Maduro acertaron a superar.
Los períodos de crecimiento del país están ligados a los precios del petróleo, lo que conecta irremediablemente todo plan de desarrollo autocentrado a los designios de la economía internacional y de la lucha por los recursos energéticos. Otros fenómenos como la inflación, la inseguridad y la crisis migratoria se han acumulado a lo largo del período del presidente Maduro.
El puzle opositor
Desde sus inicios, los diversos sectores de la oposición en Venezuela han apostado por casi todas las vías para tratar de poner fin a los veinticinco años de gobierno ininterrumpido del chavismo: participación en comicios, golpe de Estado –como en 2002–, gobierno paralelo –como en 2019 con Juan Guaidó–, boicot electoral –como en 2017, 2018 y 2020– e incluso agitación en las calles –mediante las “guarimbas”, movilizaciones antichavistas en ocasiones violentas conocidas popularmente con este término–.
No obstante, ninguna de estas tácticas ha sido efectiva para el bloque antioficialista: Hugo Chávez, primero, y Nicolás Maduro, después, han conservado el control de Miraflores a excepción del brevísimo período –abierto tras el golpe de Estado– entre el 11 y el 13 de abril de 2002.
De hecho, entre los distintos partidos y coaliciones que constituyen el puzle antichavista no se han llegado a consolidar grandes consensos más allá del rechazo al PSUV. Las divergencias no solo han aflorado en el campo de lo ideológico –en la oposición confluyen espacios socialdemócratas, conservadores, liberales, nacionalistas e incluso marxistas–, sino que lo han hecho también en torno a lo táctico.
La autoproclamada presidencia de Juan Guaidó no solo fue perdiendo apoyos con el paso del tiempo, sino que inicialmente no logró congregar tras de sí a todos los partidos opositores; a su vez, las elecciones presidenciales de 2018 contaron con la participación de Henri Falcón (Avanzada Progresista) y Javier Bertucci (El Cambio), a pesar del llamado de María Corina Machado y otras figuras opositoras por la abstención.
En los comicios de 2024, a pesar de una considerable agitación durante las semanas previas a la fecha límite para la presentación de candidaturas, la oposición venezolana ha puesto mayormente fin a la estrategia de boicot y abstencionismo que muchos sectores habían seguido desde las elecciones parlamentarias de 2015, cuyo resultado dio lugar a una Asamblea Nacional de mayoría opositora que fue desautorizada por el oficialismo, quien promulgó una Asamblea Nacional Constituyente para cuyos comicios en 2017 solo se presentó el GPPSB y que, lejos de dar de sí una nueva Constitución, sirvió como poder legislativo paralelo al emanado de las urnas en 2015.
En octubre del año 2023, el oficialismo y algunos sectores de la oposición en Venezuela firmaron el Acuerdo de Barbados bajo la supervisión de representantes diplomáticos de varios países, a saber: Barbados, Colombia, Estados Unidos, Noruega, México, Países Bajos y Rusia. El texto constituyó un marco de trabajo para posibilitar las negociaciones de cara al proceso electoral en 2024, con dos objetivos simultáneos, pero interpretados divergentemente por las partes implicadas: 1) que se autorizarse participar “a todos los candidatos y partidos políticos”, siempre y cuando su presencia en la contienda fuera 2) “consistente con los procedimientos establecidos en la ley venezolana”.
Según la interpretación del oficialismo, el texto ratificaba mediante aquella cita la inhabilitación de Machado, coordinadora nacional del partido Vente Venezuela y principal líder del amplio espacio opositor; según la oposición, el Acuerdo de Barbados confirmaba exactamente lo contrario, es decir, que Machado podría participar por cuanto se acordaba aceptar “a todos los candidatos y partidos políticos”. En medio de esta discrepancia, la oposición de la Plataforma Unitaria llevó a cabo sus particulares elecciones primarias y designó a Machado como su candidata presidencial, pese a la vigencia de su inhabilitación.
En las inmediaciones de la fecha límite para la inscripción digital de candidaturas presidenciales, el 25 de marzo, el espacio político de Machado no había definido una ruta alternativa para solventar la inhabilitación de su candidata designada. Tras haber sostenido durante meses que la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) no impediría su posulación a la presidencia de Venezuela, finalmente Machado nombró a Corina Yoris como sustituta, pero la Plataforma Unitaria no fue capaz de inscribirle, alegando errores de la plataforma virtual.
Finalmente, fue Edmundo González, quien a priori se había inscrito para “cuidar” la papeleta del bloque, quien recibió el aval de Machado y el resto de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para ser el candidato presidencial del espacio.
¿Puede ganar Maduro?
La estrategia de sanciones que Estados Unidos ha venido sosteniendo desde 2005 contra Venezuela ha sido particularmente nociva para el sector petrolero del país, intensificándose durante la presidencia de Donald Trump y alcanzando la crisis Washington-Caracas su pico más alto en 2019 con el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente por parte de la Casa Blanca y con el endurecimiento de las sanciones contra PDVSA (Petróleos de Venezuela, SA), el principal activo económico del Estado venezolano. Desde 2017, los ataques de Estados Unidos contra la empresa estatal de hidrocarburos han lastrado considerablemente su capacidad productiva, dañando consecuentemente al conjunto de la economía venezolana, ampliamente dependiente no solo del crudo, sino de la propia PDVSA.
En el marco del proceso de normalización política en Venezuela, el gobierno de Joe Biden implementó un alivio de algunas sanciones que recaen sobre el sector petrolero venezolano que se vieron, no obstante, caducadas en abril de 2024. Inicialmente, este alivio había sido una medida de presión política por parte de Washington para intervenir en el proceso electoral venezolano, buscando forzar al CNE a la rehabilitación de Machado. La negativa del organismo sirvió como justificante para que Washington no extendiese los alivios, aunque ello no supuso el quiebre de los frágiles acuerdos para las elecciones de julio de 2024.
En lo económico, el presidente venezolano encuentra un cierto alivio electoral que puede haber reforzado su liderazgo político desde las elecciones presidenciales de 2018 en las que obtuvo unos exiguos seis millones de sufragios. La economía nacional ha crecido un 5% a lo largo de 2023 y crecerá un 8% para el cierre de 2024, según las estimaciones del gabinete de Maduro. Sobre la inflación, se proyectan niveles relativamente bajos en la tasa anual de 2024 –99%, según Statista; 68%, según el Observatorio Venezolano de Finanzas–, así como un 51% en la interanual de junio. Para brindar contexto, Venezuela alcanzó una inflación anual del 65.000% en 2018, según Statista.
El gobierno de Maduro obtuvo una victoria electoral clave en diciembre de 2023 en el marco del referéndum nacional por la soberanía del Esequibo. Aunque el “sí” iba a ganar inevitablemente, el oficialismo tenía el objetivo de lograr una notable movilización en comparación a la mostrada en las legislativas del año 2020, en las que apenas se alcanzó un 30% de participación –en torno a seis millones de ciudadanos– tras el rechazo de buena parte de la oposición antichavista a participar. En efecto, la consulta por el Esequibo superó los diez millones de sufragios, cifra que representa al 51% del censo total.
Evidentemente, no ha de establecerse una relación directa entre el apoyo electoral al referéndum y el respaldo político al presidente o al chavismo en general, aunque sí pudo leerse la movilización de diciembre del 2023 como una victoria relativa para el espacio oficialista, por cuanto el propio Maduro protagonizó la campaña de movilización electoral, al tiempo que la principal líder opositora pidió la suspensión de la consulta. La capacidad de convocatoria política mostrada por el gobierno venezolano en aquella ocasión agudizó las expectativas del PSUV y el GPPSB de cara a las presidenciales de julio.
Los comicios venezolanos no incorporan instancia de ballotage, a diferencia de otros sistemas latinoamericanos, sino que es electo presidente el candidato que más sufragios obtiene en la primera y única vuelta. Durante los meses previos a los comicios, numerosas encuestas previeron un escenario de ventaja cómoda para González, aunque la sostenida base social del chavismo, la capacidad del PSUV y otros espacios adheridos al GPPSB de activar la “maquinaria” oficialista y las relativas victorias de Maduro en el campo económico y en la cuestión del Esequibo han permitido al presidente aspirar a un resultado por encima de los cuatro millones de votos obtenidos en las parlamentarias de 2020 y de los seis millones de las presidenciales de 2018.
De darse efectivamente así, estos números serían un punto de partida mínimo para lograr un desempeño competitivo, todavía en mayor medida considerando que al censo oficial de 21 millones de electores ha de restarse las dificultades que la diáspora venezolana –generalmente opositora– ha encontrado para posibilitar el ejercicio del voto en las respectivas embajadas en Europa, Norteamérica y América Latina.
La crisis política venezolana, exacerbada y cronificada desde 2014, ha encontrado en el período 2022-2024 una notable desescalada con una fecha bisagra: el 28 de julio de 2024. En este sentido, las elecciones presidenciales serán cruciales, aunque no exclusivamente por el resultado, sino muy en particular por la reacción que el bloque derrotado decida dar al mismo.