El Senado argentino convirtió en ley el pago a los fondos buitre

Question, Página12|

Más de dos tercios del Senado argentino dieron su voto para coronar la primera ley de Mauricio Macri: el acuerdo con los llamados “fondos buitre”, que incluye una toma de deuda de unos 12.500 millones de dólares, además de la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano sancionadas durante la gestión del kirchnerismo.

En un primer momento, la Cámara alta apareció como el mayor obstáculo que Cambiemos tendría que superar para la sanción del proyecto, ya que el bloque del PJ-Frente para la Victoria tiene una mayoría de 39 senadores que le permite bloquear cualquier propuesta. Pero las dificultades no fueron tales y el macrismo logró sancionar la ley por 54 votos a favor, 16 en contra y 2 ausentes después de más de 14 horas de debate.

Al momento de la votación, la división en el bloque del PJ-FpV fue marcada: 23 acompañaron el proyecto y otros 16 lo rechazaron. El apoyo que 17 gobernadores dieron al proyecto del Poder Ejecutivo fue clave para revertir la tendencia de la Cámara baja: quince días antes, apenas 6 de los 81 diputados de la bancada del FpV habían votado por la propuesta.

Con el 14 de abril fijado como fecha límite para el pago a los tenedores de bonos beneficiados por el juez Thomas Griesa, el gobierno nacional tiene ahora dos semanas para promulgar la ley y salir a los mercados internacionales a tomar deuda para cumplir con el acuerdo.

Pero, un día antes, la ley sancionada esta noche por el Senado podría quedar sin efecto. Dos semanas atrás, Cambiemos accedió a incluir el artículo 2 de la propuesta para condicionar toda la norma a que en la audiencia del 13 de abril la Cámara de Apelaciones de Nueva York levante el stay que le impide a la Argentina pagar al resto de sus acreedores. Si eso no sucede, la norma quedará sin vigencia.

Las claves del acuerdo

El arreglo con los buitres contempla pagos en efectivo y el reconocimiento a los fondos más agresivos de sus gastos en abogados. El Gobierno emitirá deuda para obtener los dólares, que serán girados directamente a las cuentas de los acreedores carroñeros.

Para pagarle a los fondos buitre, propietarios del 7,6 por ciento de la deuda defolteada en 2001, se necesitarían al menos 11.700 millones de dólares. Como el desembolso se hará en efectivo, cuando las condiciones legales en Estados Unidos lo permitan, el Ministerio de Hacienda y Finanzas se endeudará con un grupo de bancos extranjeros. El monto, los plazos, las tasas y las comisiones involucradas en la operatoria todavía no fueron divulgadas pero para conseguir esa cifra en efectivo el gobierno deberá emitir títulos por un monto superior. El resultado de la colocación será transferido a las cuentas de los acreedores carroñeros que hayan firmado los acuerdos correspondientes.

Los títulos públicos que todavía se encuentran en default tienen un valor nominal de 6000 millones de dólares y la propuesta del gobierno de Mauricio Macri ya fue aceptada por el 55 por ciento del total. Con el resto se mantiene abierta la negociación a través del abogado mediador Daniel Pollack, impuesto por el juez neoyorquino Thomas Griesa. El tratamiento que recibirá cada acreedor carroñero depende del tipo de demanda y sentencia obtenida pero en todos los casos les permitirá multiplicar entre 1,5 y 3,5 veces el valor nominal de sus bonos mientras que el 92,4 por ciento de los inversores que participaron del canje recibieron 30 centavos por cada dólar.

Las ganancias serán mayores ya que no se trata de inversores genuinos sino que, en su mayoría, adquirieron esos papeles a precio de remate después del default. Si no se presentan trabas judiciales en las próximas semanas, los fondos litigantes más agresivos manejados por las firmas Elliott Management, Aurelius, Davidson Kempner y Bracebridge Capital serán quienes obtengan mayores ganancias. En el mejor escenario para el equipo económico, los pagos comenzarían a realizarse a mediados de abril, pero el plazo previsto en los preacuerdos se extiende hasta finales de junio.

Aproximadamente 4,3 de cada 10 dólares de deuda en default fueron favorecidos por la sentencia de Griesa en Nueva York que les reconoce en total de 9200 millones de dólares. A cargo de la negociación, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el responsable de la coordinación interministerial de la jefatura de Gabinete, Mario Quintana, ofrecieron pagarles con una quita promedio del 25 por ciento.

Prácticamente la totalidad de ese grupo de acreedores carroñeros aceptó la propuesta. Con ese tratamiento los buitres encabezados por Paul Singer multiplicarán sus tenencias originales 3,5 veces. Adicionalmente, en el caso de los acreedores más agresivos las concesiones del equipo económico incluyeron hacerse cargo de sus costas legales. Son más de 200 millones de dólares.

Por su parte, para el resto de los acreedores que no están beneficiados por la sentencia neoyorquina, el Palacio de Hacienda les propuso una fórmula diferente que les permite multiplicar sus tenencias 1,5 veces. En ese grupo se encuentran los denominados “bonistas italianos” que firmaron en febrero pasado un preacuerdo donde recibirán un pago en efectivo por 1440 millones de dólares. Todavía resta que se exprese una porción significativa de los buitres que, por su estrategia judicial, entran en este grupo.

“Respecto al monto total emitir, Argentina tiene deuda en default por 1,4 por ciento del PIB y, con esta oferta, pagará como máximo 2,6 por ciento del producto”, indicó en un informe el economista de la consultora Econométrica, Ramiro Castiñeira. Si bien la operación de endeudamiento necesaria para pagar representa la emisión más grande para una economía emergente de los últimos 20 años, Castiñeira considera que “el pago no cambia la realidad de una Argentina desendeudada”. Si se concreta la operación la deuda publica neta (excluye los pasivos intra Sector Público), quedará en 26,5 por ciento PIB. Aunque no implique un retroceso irreversible, el acuerdo con los buitres es un paso para la reinserción del país en la lógica del sistema financiero internacional y habilita un nuevo ciclo de endeudamiento externo.