El Salvador: Multimillonario plan para frenar violencia

Edgardo Ayala-Noticias Aliadas.

El gobierno de El Salvador ha comenzado a buscar los recursos financieros para costear un ambicioso plan de dos millardos de dólares con el que pretende atajar los altos niveles de delincuencia que vive el país, sobre todo la generada por las pandillas, principal dolor de cabeza de las autoridades.

Pero obtener los fondos para poner en marcha el plan es un reto grande para este país de 6.2 millones de habitantes, que ya en el pasado ha elaborado proyectos similares para enfrentar el crimen, como en el 2007, y que no se ejecutaron precisamente por falta de recursos.

“Ya hemos tenido esfuerzos parecidos, pero el problema es que no se consiguió el dinero”, dijo recientemente en un foro televisivo, José María Tojeira, exrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y miembro del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia (CNSCC).

El 15 de enero, el CNSCC entregó al presidente Salvador Sánchez Cerén un informe con las 124 medidas prioritarias que el gobierno debería poner en marcha para reducir el crimen en el país. El CNSCC fue lanzado en setiembre del 2014 por el gobierno de Sánchez Cerén, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), para abordar el problema de la inseguridad, considerado por la ciudadanía como el principal problema del país, de acuerdo con varios sondeos de opinión.

Sánchez Cerén es un excomandante guerrillero quien asumió la presidencia el 1 de junio del 2014, sumando a su partido un segundo periodo de cinco años en el poder.

El CNSCC está integrado por funcionarios de gobierno, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional. La coordinación técnica está a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El fracaso de la política de “mano dura”

Por más de dos décadas, desde que el país finalizó una cruenta guerra civil (1980-1992) que dejó más de 70,000 muertos, los salvadoreños han sufrido el embate de una criminalidad desbordante, al igual que sus vecinos Guatemala y Honduras.

Esa criminalidad no fue detenida por las políticas de “mano dura”, impulsadas en el país por los gobiernos de derecha de la posguerra.

El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. Cerró el 2014 con 3,912 asesinatos, un incremento de 57% en relación al año anterior, y con lo cual alcanza 63 homicidios por cada 100,000 habitantes. A nivel mundial, la tasa promedio de homicidios es de 6.2 por cada 100,000 habitantes, según el Informe Global de Homicidios 2013, de las Naciones Unidas, publicado en abril del 2014. En América Latina el promedio es de 29 por cada 100,000.

El monto estimado para implementar el plan de seguridad es de $2 millardos durante cinco años, a un promedio de $400 millones anuales. La cifra total corresponde al 1.7% del producto interno bruto del país, y está previsto que el 74% de los recursos se destinen a la prevención del delito.

En principio, el financiamiento del plan provendrá del Presupuesto General de la Nación, préstamos internacionales en proceso de aprobación por el Congreso, aportes privados y la cooperación internacional.

Roberto Valent, representante residente del PNUD en el país, dijo a la prensa local que el aporte de la cooperación internacional podría rondar los $70 millones anuales, mientras que el gobierno confirmó que está en negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para afianzar un préstamo de $200 millones para arrancar.

Entre las principales medidas están la intervención del Estado en 50 municipios considerados más violentos, llevando proyectos educativos, de salud y empleo. Allí se pretenden invertir en los próximos cinco años $500 millones para crear 250,000 puestos de trabajo a jóvenes. Otros $250 millones se destinarán a la creación de espacios deportivos, culturales y recreativos, necesarios para sacar a los jóvenes de los círculos de violencia.

También hay propuestas concretas para aprobar nuevas leyes para frenar el delito, como la de prohibir que las compañías telefónicas mantengan activos teléfonos que hayan sido robados, pues la mayoría de extorsiones —uno de los delitos más comunes en el país— se realizan desde teléfonos robados.

Nueva tregua entre pandillas

“Yo sigo esperando una estrategia que dé mejores resultados que los que obtuvimos nosotros con el proceso de tregua entre pandillas. Si no es eso, entonces habría rugido la montaña y parido un ratoncito [pese a las grandes expectativas creadas se obtendría un magro resultado]”, dijo a Noticias Aliadas Raúl Mijango, que en marzo del 2012 medió para que las dos principales pandillas del país, MS-13 y Barrio 18, alcanzaran una tregua.

Ese pacto, que duró un poco más de un año, bajó dramáticamente los homicidios en el país, de un promedio de 70 por cada 100,000 habitantes a 40 por cada 100,000.

Pero el acuerdo entre esas estructuras delictivas de no agredirse mutuamente fue duramente criticado por buena parte de la sociedad, que ve diariamente cómo los pandilleros asesinan y extorsionan al ciudadano de a pie.

Se calcula que unos 60,000 jóvenes integran las pandillas salvadoreñas, también conocidas como maras, cuyo origen se puede rastrear en los inmigrantes centroamericanos que se asentaron en EEUU huyendo de los conflictos armados que golpearon la región en la década de los 80 y que, deportados a sus países de origen, trajeron consigo la cultura pandilleril que desarrollaron en ese país.

El pasado 17 de enero, dirigentes de las principales pandillas del país hicieron circular un comunicado en el que nuevamente se comprometían a no agredirse en el marco de otra tregua, y aunque los homicidios bajaron sustancialmente en los días posteriores, nuevamente se incrementaron en las semanas siguientes.

“Estamos impulsando a nivel nacional un gesto unilateral de buena voluntad, que busca contribuir en la reducción de la violencia”, señaló el comunicado suscrito, además de MS-13 y Barrio 18, por las maras Mao-Mao, La Máquina y La Mirada Locos.

Por su parte, el gobierno y el CNSCC han cerrado filas en no negociar con las pandillas, bajo el argumento de que son estructuras criminales que deben ser perseguidas por el Estado.

“Es positivo que no se cometan crímenes [en el marco de una tregua], pero la persecución debe seguir funcionando”, señaló a Noticias Aliadas el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales. “No podernos estarnos confiando en los acuerdos que puedan tener esos grupos delictivos entre sí”.

Sin embargo, a finales de enero se percibió un poco más de apertura al respecto, ya que varios de los miembros del CNSCC señalaron que no se podía negociar con pandillas, pero sí dialogar. Por lo pronto, representantes de la Iglesia Luterana se reunieron con dirigentes de pandillas presos, dando los primeros pasos a algún tipo de acercamiento, según confirmó la prensa local.