El Salvador: mil días de un modelo de “seguridad” que viola los derechos humanos
Juan Carlos Ruiz
Las graves violaciones de derechos humanos en El Salvador durante el régimen de excepción incluyen abuso estatal, miles de detenciones arbitrarias, torturas y cientos de muertes bajo custodia estatal
Desde el inicio del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, la organización Amnistía Internacional ha monitoreado la situación, realizando cinco misiones al país para documentar patrones de graves violaciones de derechos humanos. Tras cada visita la organización ha constatado el deterioro progresivo de la situación de las víctimas y sus familiares, que profundiza la crisis de derechos humanos en el país.
El gobierno salvadoreño ha respondido a las denuncias de las organizaciones de derechos humanos, los movimientos de víctimas, los señalamientos de los mecanismos regionales y los llamados de la comunidad internacional con silencio, indiferencia y opacidad, consolidando un modelo de represión e impunidad.
El incremento de la militarización de la seguridad pública, especialmente en comunidades marginadas y empobrecidas, ha evocado los horrores del pasado, cuando las fuerzas armadas ejercían un control represivo sobre la población. Este enfoque, combinado con la estigmatización de agentes del Estado en contra de las organizaciones de derechos humanos y la prensa independiente y la obstrucción de su labor, ha creado un clima de miedo e intimidación que sofoca el espacio cívico y fomenta la autocensura.
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Lo que el gobierno llama ‘paz’ en realidad es un espejismo que pretende esconder un sistema represivo, una estructura de control y opresión que abusa de su poder y descarta los derechos de quienes ya habían sido invisibilizados – las personas que viven en pobreza, bajo el estigma estatal y la marginación –, en nombre de una supuesta seguridad definida de una forma muy limitada”, dice Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Un patrón de detenciones arbitrarias y violaciones sistemáticas
Durante 1.000 días, las autoridades salvadoreñas han detenido a más de 83.000 personas, amparándose en una medida excepcional y temporal que, hasta la fecha, sin una evaluación y discusión adecuada ni contrapesos internos, ha continuado prorrogándose de forma consecutiva por 33 ocasiones, convirtiéndola en una política de Estado.
Amnistía Internacional ha documentado, mediante entrevistas con miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos y movimientos de víctimas, que muchas detenciones se realizaron bajo imposiciones de cuotas diarias, acusaciones anónimas y factores discriminatorios como tener tatuajes o residir en comunidades estigmatizadas por la pobreza y la violencia de pandillas. En los más de 60 casos documentados por la organización, no se encontraron órdenes administrativas o judiciales ni investigaciones previas que sustentaran dichas detenciones.
En cambio, se constató un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, en los arrestos realizados, y una política de detenciones masivas que ignora estándares internacionales de derechos humanos, como el principio de legalidad, el derecho a un juicio justo y la prohibición absoluta de la tortura y la discriminación.
“Detener a personas sin pruebas y enjuiciarlas de forma masiva no es justicia; tampoco es una solución efectiva y sostenible a los retos históricos en materia de seguridad, más bien, es un abuso que ignora la dignidad humana y perpetúa el sufrimiento de quienes ya han sido históricamente marginados por las políticas estatales”, afirma Piquer.
Condiciones inhumanas y muertes bajo custodia estatal
El 1,8% de la población salvadoreña está privada de libertad, la tasa más alta del continente. De acuerdo a datos del último censo poblacional, 3 de cada 100 hombres están en prisión. Esto ha generado una crisis de hacinamiento extremo en la mayoría de los centros penales, cuya capacidad, en algunos casos, supera el 300% desde el inicio del régimen de excepción, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil.
Las víctimas describen esta situación como un “infierno”, caracterizado por la falta de atención médica, servicios básicos deficientes como alimentación y agua, y frecuentes tratos crueles, degradantes, inhumanos, e incluso tortura. Según organizaciones locales, se registran más de 300 muertes bajo custodia estatal. Amnistía Internacional ha documentado y tenido acceso a información sobre casos de personas fallecidas debido a palizas, torturas y la falta de atención médica oportuna.
“Cada muerte bajo custodia es una tragedia humana y un fracaso sistemático del Estado salvadoreño para garantizar la vida de las personas bajo su cuidado”, señala Piquer. “Además preocupa que, a pesar de las denuncias, el gobierno no ha investigado estas muertes ni tomado medidas para garantizar la justicia y prevenir futuros abusos”.
La actuación de la Dirección General de Centros Penales ha promovido desde que inició la implementación del régimen de excepción la adopción de una política de tratos crueles y degradantes, incluida la tortura en interior de los centros de detención. De acuerdo con organizaciones locales, y a casos documentados por Amnistía Internacional, sus máximas autoridades han bloqueado tanto la supervisión de las cárceles por parte de la PDDH como el acceso del Instituto de Medicina Legal para realizar peritajes médicos, incumpliendo incluso resoluciones judiciales. Además, han desobedecido de manera reiterada órdenes judiciales que disponen la liberación de personas, lo que constituye una grave violación del debido proceso y los derechos humanos.
“Seguridad” sin justicia no es seguridad
La falta de debido proceso es alarmante: audiencias masivas, jueces de identidad reservada y la ausencia de una defensa técnica efectiva han violado de manera sistemática los derechos como la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
Este escenario es posible debido a la cooptación gradual del sistema judicial que se ha implementado desde 2021 y que mina su independencia, así como al entramado legal que, a base de reformas legales exprés emitidas por la Asamblea Legislativa, se ha aprobado bajo el pretexto de facilitar la implementación del régimen de excepción, las cuales permiten y otorgan apariencia de legalidad a la suspensión de un conjunto de derechos y garantías al debido proceso.
Los principales cambios introducidos incluyen: la aplicación automática de la detención preventiva a delitos ligados a maras o pandillas, sin análisis individual sobre la necesidad de esta medida para – por ejemplo, evitar la comisión de un delito grave o el riesgo de fuga –; y la eliminación de límites de tiempo de la prisión preventiva para delitos asociados a grupos terroristas o ilegales. Esto último habilita su uso por un tiempo indefinido y atenta contra el derecho a ser juzgados o liberados en un plazo razonable.
Además, el debilitamiento de instituciones responsables de asegurar la defensa de las personas en el país, como la Procuraduría General de República es otro elemento que ha vulnerado el derecho a una defensa técnica de las personas que están siendo procesadas bajo el régimen de excepción.
De igual manera, la ausencia de una actuación efectiva por parte de la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para investigar y garantizar los derechos de las víctimas y sus familias son elementos que agravan la situación de las personas detenidas.
En su conjunto, estas acciones y omisiones estatales proporcionan indicios de un plan para mantener privadas de libertad a miles de personas, a pesar de que sus perfiles no evidencian nexos con pandillas.
“La prolongación del régimen de excepción y su normalización en la legislación reflejan una preocupante institucionalización de políticas que viola masivamente derechos humanos. Seguridad sin justicia y sin proteger a las personas inocentes no es una verdadera seguridad. Lejos de resolver el problema integralmente, las autoridades solo están llevando al país a un abismo y pisoteando los derechos humanos de toda una generación”, concluye Ana Piquer. “La comunidad internacional debe actuar de manera decidida para exigir al Estado salvadoreño que rinda cuentas y ponga fin a estas violaciones generalizadas de derechos humanos”.
*Periodista y Licenciado en Ciencias de la Información. Publicado en Diario 16