El “padrino” de la Inteligencia Militar colombiana, absuelto en el caso del Palacio de Justicia
GLOBAL RESEARCH| Un general colombiano absuelto en uno de los casos más infames de derechos humanos del país colaboró “activamente” con escuadrones de la muerte paramilitares responsables de docenas de masacres, según registros estadounidenses hasta ahora secretos obtenidos según la Ley de Libertad de la Información por National Security Archive.
Otrora el tercer oficial más importante de las fuerzas armadas colombianas, y posteriormente máximo consejero del Departamento de Seguridad Administrativa (DAS) del presidente Álvaro Uribe, Iván Ramírez Quintero, fue absuelto hoy de la tortura y desaparición de Irma Franco, una de varias personas detenidas por el ejército durante el desastre en el Palacio de Justicia de noviembre de 1985.
La absolución tiene lugar a pesar de evidencia sustancial, incluidos cables desclasificados de la embajada de EE.UU., que vincula a Ramírez con las desapariciones. Entre los documentos hay informes de que las personas desaparecidas fueron “torturadas y asesinadas por miembros de la Brigada Charry Solano, la unidad dirigida entonces por Ramírez.
Dos ex altos oficiales del ejército, el coronel Alfonso Plazas Vega y el general Jesús Armando Arias Cabrales, ya han sido declarados culpables en el desastre del Palacio de Justicia y siguen siendo las únicas personas sentenciadas en el caso que ahora tiene 25 años de antigüedad. Más de 100 personas, incluidos 11 jueces de la Corte Suprema, perecieron durante las operaciones militares para recuperar el Palacio de Justicia de manos del M-19, que se apoderó del edificio en noviembre de 1985. Un documento previamente publicado por el Archivo culpó a “los soldados bajo el comando del coronel Alfonso Plazas Vega” de las muertes de individuos detenidos por el ejército después del ataque.
El archivo desclasificado sobre el general Iván Ramírez Quintero, el llamado “padrino de la inteligencia del ejército”, lo presenta como un astuto y corrupto jefe de espías que compartía información confidencial con grupos ilegales de milicias, mantenía relaciones con narcotraficantes y personajes paramilitares tristemente célebres y utilizaba “tácticas de amedrentamiento” para derribar a sus enemigos políticos.
“Retrato de un general corrupto”
Los informes desclasificados se concentran en los vínculos entre Ramírez, narcotraficantes y grupos ilegales paramilitares en los años noventa, en particular mientras estaba a cargo de la Primera División del ejército, a lo largo de la costa atlántica de Colombia, donde mantuvo “vínculos directos con paramilitares”, según fuentes de los servicios de inteligencia citados en un cable de la embajada de 1996. Al año siguiente, un informe especial de la Agencia de Inteligencia de Defensa mostró a Ramírez junto al titular: “Retrato de un general corrupto” y junto a una foto de “Fuerzas paramilitares respaldadas por narcotraficantes”.
El embajador de EE.UU. Myles Frechette habló por lo menos con dos ministros de defensa colombianos diferentes sobre los “presuntos vínculos con narcotraficantes y paramilitares” del general. En una reunión de noviembre de 1997 con el ministro colombiano de defensa Gilberto Echeverri, Frechette citó “más evidencia que sugiere que Ramírez transmite inteligencia militar a los paramilitares y que la información se utiliza contra las guerrillas”. Frechette tenía buenos motivos para estar preocupado. Una nueva ley de EE.UU. que relacionaba la ayuda militar al extranjero con el desempeño en derechos humanos, había aumentado el enfoque de la embajada en oficiales abusivos, y Ramírez, a pesar de la presión de EE.UU. por su historial de derechos humanos, acababa de ser señalado como próximo inspector general del ejército. Frechette dijo directamente al ministro de Defensa “que si Ramírez adquiriera un rango o posición más elevada, se comprometería seriamente la capacidad del USG [gobierno de EE.UU.] de cooperar con los militares colombianos”.
“Padrino de la inteligencia del ejército”
Los contactos estadounidenses en las fuerzas armadas colombianas también se mostraban escépticos respecto a Ramírez. Un ex coronel dijo que estaba “convencido [de 
que Ramírez] había ido mucho más allá de la fase pasiva con los paramilitares y los estaba apoyando activamente”. El coronel estaba “preocupado por la dirección que podría tomar el Colar [ejército colombiano] si Ramírez abusa de su posición como IG [inspector general], o peor todavía, si se permite que ascienda a posiciones aún más elevadas en la jerarquía de las fuerzas armadas”. Ramírez es caracterizado repetidamente como “padrino de la inteligencia del ejército” con influencia “tan penetrante dentro de la comunidad de la inteligencia militar” que mantiene control sobre tareas de inteligencia incluso desde puestos no relacionados con la inteligencia.
Otro oficial colombiano retirado dijo a la embajada que Ramírez había sido el “padrino” de la “mafia de la inteligencia” de Colombia durante más de 20 años. El general “se rodeó de subordinados leales que ‘lo encubrían’ y estaba conectado con ‘elementos sospechosos’ dentro de la Brigada 20 de Inteligencia Militar” del ejército, según un cable de información sobre la reunión.
La Brigada 20 fue establecida en 1990 por recomendación del equipo de inteligencia estadounidense y Ramírez fue su primer comandante. “Fundamentalmente creada para operaciones clandestinas”, los miembros de la brigada estaban conectados con unidades del ejército en todo el país, según un informe del ejército de EE.UU. Su personal trabajaba “encubierto y con ropas civiles”, y estaba subordinado solo a comandantes de división y a otros oficiales de inteligencia.
La brigada se convirtió en el símbolo más visible del corrupto y abusivo establishment de los servicios de inteligencia de Colombia, y estuvo relacionada con asesinatos políticos, tortura de presuntos guerrilleros y con las brutales fuerzas paramilitares de Colombia. El informe del Departamento de Estado sobre derechos humanos de 1997 acusó a la brigada de inteligencia de “actividad de escuadrones de la muerte”, una acusación hecha también por el embajador Frechette cuando dejó el puesto en Bogotá a finales de ese año.
El “padrino” Ramírez llevaba el control entre bastidores. Un informe dirigido al subsecretario de asuntos políticos del Departamento de Estado, Thomas Pickering, aseveró que “Ramírez y algunos elementos de la Brigada 20 de Inteligencia basada en Bogotá, colaboran activamente con paramilitares suministrando inteligencia y otro apoyo”. La CIA relacionó a Ramírez con Carlos Castaño, tristemente célebre jefe de las poderosas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Un informe de la embajada de EE.UU. de 1998 señaló la “reciente efectividad” del ejército “en la limitación de los paramilitares” desde que Ramírez fue sacado de la Primera División, y agregó que parecía “más que una coincidencia que las recientes acciones anti-paramilitares hayan tenido todas lugar desde la partida del norte de Colombia de personal militar considerado favorable a los paramilitares”.
En mayo de 1998, poco antes de que Colombia anunciara los planes de desmantelar la Brigada 20, el Departamento de Estado anuló la visa estadounidense de Ramírez. En un memorando inusualmente apasionado sobre el dilema moral enfrentado por los responsables políticos de EE.UU. en Colombia, el encargado de Asuntos Andinos del Departamento de Estado, David Passage, hizo un ruego retórico por auto-reflexión por parte del ejército colombiano y del sistema militar de inteligencia en particular. Colombia tenía que desarrollar “técnicas creíbles y defendibles de recolección de inteligencia, en lugar de baterías de 12 voltios y mangueras de goma”, afirmó Passage, implicando enérgicamente la preferencia de los militares colombianos por técnicas de tortura.
Sí, sabemos que los militares colombianos no controlan todas las organizaciones paramilitares, pero también sabemos que existen suficientes lazos entre muchas de ellas y los oficiales militares colombianos como para que imposibiliten que hagamos caso omiso. NO, no los vamos a identificar; sabéis quiénes son. ¡Sanaos mentalmente antes de pedirnos ayuda! Si no comprendéis por qué retiramos la visa del general Ramírez, estamos demasiado alejados como para que podamos cooperar.
Tres meses después, un informe de Washington Post detalló los amplios vínculos entre Ramírez y grupos paramilitares y también lo identificó como “enlace e informante pagado de la Agencia Central de Inteligencia”, acusaciones que negó airadamente. Hecho el daño, Ramírez fue ignorado en la promoción en 1999 y enviado fuera del país para que sirviera como agregado militar en Chile.
Sin haber sido acusado jamás de sus supuestos vínculos paramilitares, Ramírez fue nombrado por el presidente Álvaro Uribe consejero especial para la máxima organización civil de inteligencia del país, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en 2006. Posteriormente se estableció que la agencia de espionaje estaba dirigiendo una operación ilegal de escuchas al estilo de Watergate contra periodistas, jueces y defensores de los derechos humanos.
Arrestado en 2008 por desapariciones en el caso del Palacio de Justicia, Ramírez pasó más de tres años en prisión preventiva a la espera de la investigación y el juicio. El ex jefe paramilitar encarcelado Salvatore Mancuso ha testificado que Ramírez y ex agentes de DAS colaboraron con sus fuerzas ilegales.
Las revelaciones sobre el general Ramírez han sido tomadas de Colombia and the United States: Political Violence, Narcotics, and Human Rights, 1948-2010, una reciente adición al Digital National Security Archive. Editado por Michael Evans y publicado por ProQuest, el conjunto consiste de más de 3.000 documentos diplomáticos y de inteligencia sobre el decenal conflicto en Colombia.
*Fuente: National Security Archive Electronic Briefing Book No. 368