El negocio de las deportaciones: Trump construye un sistema carcelario global
La Casa Blanca quiere enviar a migrantes a prisiones, como las de Libia, como hizo con El Salvador.
Bruno Sgarzini–Diario Red
La Administración Trump construye una compleja red de cárceles extranjeras para retener a los migrantes “peligrosos” deportados de Estados Unidos. Como sucede en El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, los detenidos estarían arrestados bajo un régimen poco claro que, en la práctica, representa una violación total de derechos, como a un juicio y un trato justo y a la presunción de inocencia, entre muchos otros.
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El plan de la Administración Trump viene acompañado de grandes negocios en la deportación: que benefician desde las gigantes tecnológicas, que elaboran software para perseguir migrantes, hasta empresas de prisiones privadas y aerolíneas comerciales a cargo de la detención y deportación de migrantes. La mayoría, además, son grandes donantes de la última campaña presidencial de Donald Trump. 
Estados Unidos ha buscado cerrar acuerdos, con al menos 19 países: Angola, Benín, Costa Rica, El Salvador, Esuatini, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Guyana, Honduras, Kosovo, Libia, México, Moldavia, Mongolia, Panamá, Ruanda, Arabia Saudita y Uzbekistán, según el medio estadounidense The Intercept. Incluso, en el medio de las negociaciones con Ucrania por el tratado de minerales, Washington presionó a Kiev para que recibiese migrantes deportados por las autoridades estadounidenses.
Según datos de Witness at the Border: ”ha habido más de 350 vuelos de deportación desde principios de 2025. Los vuelos parten de Mesa, Arizona; San Antonio, Texas; Alexandria, Luisiana; Harlingen, Texas; y Miami. Entre los países que han aceptado migrantes se encuentran Guatemala, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Honduras, India, México, Libia , Panamá y Venezuela. También se ha enviado a inmigrantes a la prisión de la Bahía de Guantánamo en Cuba y a la megacárcel Cecot en El Salvador. Entre los deportados, además, hay cientos de inmigrantes asiáticos y africanos que fueron expulsados a Costa Rica y Panamá. Una lista que incluyó personas de Afganistán, Camerún, China, India, Irán, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Turquía, Uzbekistán y Vietnam. En Uzbekistán se recibieron, por otra parte, 100 migrantes, entre ellos nacionales de Kazajstán y Kirguistán, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional publicado a finales del mes pasado.
El número de vuelos en 2025 es solo ligeramente mayor que en 2024: según Witness at the Border, hubo 134 vuelos de deportación en marzo, un aumento mínimo con respecto a marzo de 2024. 
Según Bloomberg , el número de vuelos nacionales que transportan inmigrantes aumentó un 25 % entre finales de enero y finales de marzo, en comparación con el mismo período de 2024. El número total de migrantes deportados debería ser de casi 50,000, si se tiene en cuenta que en cada vuelo parten 125 personas y se han realizado más de 350. Esta cifra está muy lejos de los 100 mil anunciados por el Departamento de Seguridad Nacional, lo que habla de que podrían haber 47 mil migrantes en centros de reclusión, según la cadena estadounidense NBC.
“El Departamento de Estado se negó a proporcionar una lista completa de los países con los que Estados Unidos ha firmado acuerdos para aceptar deportados de otros países —a menudo denominados nacionales de terceros países—, alegando la sensibilidad de las comunicaciones diplomáticas. Sin embargo, la administración Trump planea un aumento significativo de los vuelos de deportación en las próximas semanas a destinos de todo el mundo, según un funcionario del gobierno que habló bajo condición de anonimato, así como informes publicados”, afirma The Intercept.
La Administración Trump también busca que más países de Asia “acepten a inmigrantes expulsados de otras partes del mundo, de acuerdo a Sean O’Neill , funcionario superior de la oficina de Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico del Departamento de Estado. «Tenemos conversaciones con otros países para que acepten acoger a deportados nacionales de terceros países», declaró en una rueda de prensa. También señaló que Estados Unidos «colabora con otros países de la región dispuestos a aceptar a nacionales de terceras naciones con órdenes de expulsión definitivas». 
La reclusión, o el envío de inmigrantes a terceros países, forma parte de una paraestructura legal que busca vaciar de derechos a los deportados. Para eso, por ejemplo, se criminaliza a comunidades enteras bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa que permite la expulsión de extranjeros si son considerados una amenaza a la seguridad estadounidenses. Por eso, gran parte de los expulsados son tratados de delincuentes que forman parte de alguna de las bandas criminales tipificadas al mismo nivel que una “amenaza terrorista”.
La amenaza de ser enviado a un tercer país como castigo también busca alentar la “autorepatriación”, que ha lanzado la Administración Trump para que los extranjeros “sin papeles” retornen a sus países de origen a cambio de recibir un cheque de mil dólares.
Una de las iniciativas más polémicas es el intento de que Libia reciba a los deportados estadounidenses de países como Filipinas, Vietnam, Laos y México. Libia se ha convertido en una especie de gendarme africano de la Unión Europea para perseguir y detener a los migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo. Este mismo modelo podría ser replicado por las autoridades estadounidense en un momento donde hay rumores de otra propuesta de la Administración Trump para que Libia reciba en su territorio a los palestinos expulsados de Gaza, a cambio de la liberación de los fondos y el oro libio robado por Estados Unidos y Europa por las sanciones contra Muamar Gadafi.
La experiencia de los migrantes detenidos en este país es espeluznante. Según una misión de investigación independiente respaldada por la ONU, en Libia hay evidencia de crímenes de lesa humanidad: “las víctimas fueron sometidas a esclavitud, desaparición forzada, tortura y asesinato, entre otros crímenes. Se han encontrado migrantes muertos en fosas comunes en todo el país, mientras que decenas de miles de otros se han ahogado tratando de escapar de Libia en barcos de traficantes”.
El otro país con el que negocia es Ruanda, quien firmó acuerdos similares con el Reino Unido y Dinamarca. Ya Washington le pagó este año 100 mil dólares al gobierno ruandés por aceptar un ciudadano iraquí con la “con la condición de que la nación africana admitiera a otros 10 ciudadanos de terceros países como parte de un programa duradero para aceptar a otros inmigrantes expulsados”, según Washington Post. La paradoja es que el propio Departamento de Estado reconoce, en su último informe, que en Ruanda hay “ejecuciones extrajudiciales; condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales; arrestos o detenciones arbitrarias; [y] prisioneros o detenidos políticos”, entre otras violaciones a los derechos humanos.
El acuerdo migratorio puede formar parte de un paquete más grande, ya que la Administración Trump presiona para que Ruanda firme un tratado con El Congo para que deje de apoyar a la guerrilla separatista M23, que ocupa algunas ciudades congolesas. La Casa Blanca busca que estas gestiones sean exitosas para que El Congo a cambio le permita acceder, con leyes favorables, a sus minerales. Lo que demuestra que es posible que gran parte de estos acuerdos sean negociados dentro de las conversaciones arancelarias, como una forma de usar esto como una palanca de presión para conseguir que otros países se vuelvan países receptores de sus deportados.
*Ha publicado en Sputnik, Vice y Télam de Argentina. Vivió ocho años en Venezuela como reportero e investigador relacionado a temas políticos y sociales. En la actualidad trabaja en un libro sobre su experiencia allí.