El negocio de la migración
Aldemario Barrios-Memoria Viva|
Que hay un proceso migratorio sui generis en la historia contemporánea de Venezuela desde que comenzó el bloqueo financiero, el sabotaje económico y la mega inflación inducida en espiral, si, pero busquemos las razones de fondo en vez de las consecuencias y como algunos especuladores criminales se han aprovechado de la crisis provocada por las distintas fuentes de agresión contra Venezuela solo con un propósito político: el derrocamiento del gobierno bolivariano, ahora con una nueva estrategia de desgaste económico contra el pueblo venezolano.
Por una lado está la provocación al caos social por vía de la especulación inflacionaria que vuelve otra vez por sus fueros en una ecuación perversa y artera que cada día estrangula el salario del pueblo venezolano con el acaparamiento o desaparición de los principales rubros, especialmente los proteínicos, por otro lado el flanco comunicacional que con campañas sistemáticas dirigidas a la clase media orada la capacidad de reflexión de los sectores profesionales de la sociedad venezolana en una suerte de inoculación de mensajes venenosos que vierten en la mente y en el subconsciente de los jóvenes con detonantes suficientes para provocar incertidumbre y desesperanza en un futuro de prosperidad y felici
dad social que supuestamente pueden conseguir en otros países de la región.
El negocio de los “asilos políticos” en los Estados Unidos, Colombia y otros países, les cuesta a los supuestos asilados venezolanos miles de dólares en los que no se les asegura una permanencia estable, muchas veces resultan estafados y cuando no en una espera interminable luego de haber “invertido” en un futuro incierto, riesgoso e ilegal que muchas veces concluye en fraude o en repatriación forzada como en el caso de los EEUU , se ha dicho que un “asilo político” o estafa puede costar desde 1500 a 10 mil dólares dependiendo del prestigio del estafador “legal” o paralegal.
El gobierno colombiano: gran estafador.
Si los estafadores, abogados o paralegales venezolanos, colombianos o cubanos miameros que pululan en la red de tratas para “asilados políticos” desde Florida a Texas en los EEUU y a quienes algunas autoridades norteamericanas les tienen la vista puesta por sus irregularidades en el tratamiento de los supuestos “asilos”, se ganan uno dólares mal habidos por la inoculación disociativa de venezolanos enredados en los mensajes, valga la redundancia, de las redes sociales, el gobierno colombiano y las agencias públicas correspondientes, se “chulean” o estafan a los organismos internacionales como al ACNUR de la ONU con la supuesta crisis humanitaria venezolana solicitando millones de dólares para “soportar la diáspora venezolana en Colombia” amparados en un tinglado mediático con claros propósitos de provocar una intervención en Venezuela a partir de múltiples fuerzas de presión política y económica que dirige una sala situacional en el Departamento de Estado del gobierno 
de Estados Unidos de América.
La estrategia de campaña se enfoca en la sensibilización emocional de los “sufridos venezolanos” que han emigrado a Colombia en un eslogan publicitario titulado “Somos panas” para usar el léxico común amistoso del venezolano que se encuentra con su coterráneo fuera del país y que ha movido al propio representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Colombia, Jozef Merkx, a asociarse con grupos comunicacionales poderosos en el país neogranadino como la Revista Semana, desde donde se orienta la campaña “Somos panas”.
El mismo Jozef Merkx entrevistado por el propio director editorial de la revista Semana, señaló que “Estamos aquí para complementar la labor del gobierno. Trabajamos con Migración Colombia, con la Defensoría del Pueblo, con el Ministerio Público y la Cancillería, para reforzar la respuesta humanitaria. También trabajamos para la población más vulnerable, hemos abierto muchos albergues para las personas que no tienen techo, apoyamos comedores, creamos espacios amigables para los niños y ayudamos a las comunidades receptoras”.[1]
Primero observamos el carácter político de alto nivel que significa la campaña y la promoción de la supuesta eventualidad de la “crisis humanitaria venezolana” para que las autoridades enfoquen sus más altos gerentes en el asunto. Luego los montos solicitados a la ONU para afrontar esta “crisis” derivada de la supuesta diáspora venezolana.
La retórica del representante de AGNUR en Colombia es altamente hipócrita cuando señala: “ACNUR no es una agencia política, es una agencia humanitaria. Reaccionamos si vemos que hay gente vulnerable: mujeres o niños”. Sin embargo, desdeña la presencia de más de 5 millones de colombianos residenciados en Venezuela, producto de la cruenta guerra que aún desplaza a colombianos hacia otros territorios y se preocupa por una “migración de venezolanos” la gran mayoría hijos de colombianos residenciados en Venezuela que buscan sus raíces o simplemente hacen transito de ida y vuelta entre ambos países.
El titular de la campaña no puede ser más político porque usa el recurso de la emocionalidad para nutrirla de mentiras o medias verdades sugeridas para provocar a quienes se sensibilicen con donar miles de dólares o pesos colombianos para soportar el propósito supuesto de asistir a venezolanos “refugiados en Colombia” ante la “desgracia que vive Venezuela”: Si hoy tuvieras que dejar tu país, ¿qué es lo que más extrañarías?
Cada día, cientos de miles de venezolanos deben abandonar sus hogares. De un momento a otro, familias enteras se encuentran sin un lugar donde dormir, sin nada que comer, en un país desconocido y lejos de la vida que por años construyeron”[2], Las donaciones solicitadas van desde 20 mil a 80 mil pesos colombianos.
Sin embargo el gran negocio del gobierno colombiano está en presentarse como las víctimas de la crisis venezolana para solicitar recursos a otros países aliados para soportar el “sutnami” de venezolanos que migran a suelo neogranadino, como parte de ese tinglado el pasado mes de septiembre “el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la resolución sobre la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela”.“La medida, que contó con 23 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones, exhorta al gobierno de Nicolás Maduro a que acepte la ayuda humanitaria para paliar la escasez de alimentos, medicinas y suministros médicos que hay en el país”.[3]
Por ello, incluso antes de la Resolución de los 23 miembros de la ONU, el gobierno de los EEUU destinó al gobierno colombiano “casi $31 millones en ayuda humanitaria para los venezolanos que huyen de su país a otras naciones de Latinoamérica debido a la grave crisis política y económica, pero reconoce que se requiere más apoyo y por ello está trabajando con varios donantes internacionales para que se asignen mayores recursos”.[4]
Esta “ayuda humanitaria” de Estados Unidos a Colombia llegó luego de las giras de sus altos funcionarios por Sur América para amarrar a los gobiernos de su órbita intervencionista con el propósito de cercar a Venezuela, era julio de 2018, por lo que interpretamos estas visitas y estas “ayudas” como antelación a la cartelizada actuación diplomática contra Venezuela en Naciones Unidas.
Luego en agosto de 2018 el gobierno de Estados Unidos dona nueve millones de dólares adicionales a Colombia que “se destinaron al saneamiento del agua, a las necesidades de salud, a la esterilización y medicamentos y cosas así para ayudar realmente al pueblo venezolano”, dijo la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, según la agencia de noticias Reuters. Posteriormente a principios de octubre esta embajadora es obligada a renunciar de manera súbita, al parecer por denuncias sobre actuaciones reñidas con la ética pública al aceptar realizar vuelos privados de lujo financiados por empresarios de Carolina del Sur, según una denuncia hecha pública por la organización norteamericana Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington.
Esta misma embajadora mantuvo una comportamiento hostil contra Venezuela y megáfono en mano salió a las afueras de la ONU para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro, una conducta pocas veces vista en los escenarios diplomáticos internacionales.
En todo evento el gobierno de Colombia se ha hecho de 39 millones de dólares para “financiar” una supuesta marejada de venezolanos que cruzan el Puente Simón Bolívar en la mañana y en la tarde regresan a sus casas en Venezuela para seguir la cotidianidad de una frontera permeada de ilícitos, delitos, contrabando y estafas de las cuales el gobierno Colombiano está bajo sospecha.
Todo hace pensar que la supuesta “crisis humanitaria venezolana” se ha convertido en un inmenso negocio donde aparentemente están involucrados desde altos funcionarios norteamericanos, abogados de baja ralea como Julio Borges hasta la “alta” política colombiana que aparentemente observó la oportunidad de meterse en el negocio de las “ayudas” para lucrarse con los dineros que empiezan a entrar de fuentes internacionales para asegurarse una felices pascuas y un prospero año 2019.
Notas
[1] https://www.semana.com/contenidos-editoriales/inclusion-los-otros-somos-todos/articulo/la-xenofobia-hay-que-combatirla-siempre/584587
[2] https://donate.unhcr.org/la/somos-panas-18/~mi-donativo
[3]http://revistasic.gumilla.org/2018/onu-aprobo-resolucion-sobre-la-crisis-humanitaria-en-venezuela/
[4] https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article214222884.html