El mundo al revés: Trump acusa a Brasil de graves violaciones a los derechos humanos

La política agresiva comenzó con China, siguió con Canadá y México, continuó con la reciente capitulación de la Unión Europea y ahora se cierne sobre la principal potencia regional de Latinoamérica. Detrás del conflicto están el robustecimiento de los BRICS y la posible condena a prisión de un aliado del presidente de Estados Unidos: Jair Bolsonaro.

La gravedad institucional que tiene la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de Brasil – y que provocó la peor crisis bilateral de la historia – es de final imprevisible. Encaja en el conflicto geopolítico y comercial con los BRICS y la agresiva política arancelaria del gobierno de Donald Trump. Comenzó con China, siguió con Canadá y México, continuó con la reciente capitulación de la Unión Europea y ahora esta tormenta de injerencias se cierne sobre la principal potencia regional de Latinoamérica.

No se trata únicamente de las sanciones al juez más destacado del Superior Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ni del decreto que firmó Trump con una suba del 50 por ciento a los productos brasileños exportables.

Estados Unidos intenta lograr una rendición incondicional de su histórico aliado con medidas coercitivas y apela a la impostura de victimizarse. Lo prueba un breve tramo de la orden ejecutiva que dio a conocer su presidente donde señala que Brasil es “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de EE.UU”. Palabras semejantes ha usado al referirse a Irán, Cuba, Venezuela o Corea del Norte.

Lula ya respondió a estas presiones una y otra vez en lo que va de la escalada, que también tiene su origen en la posible condena a Jair Bolsonaro por el STF. El exmandatario de extrema derecha, un aliado de Trump, delegó en Eduardo Bolsonaro – su hijo y diputado federal -, el lobby político en Estados Unidos para someter a su propio país.

Resulta evidente que hasta ahora tuvo éxito porque aumentaron los ataques contra Brasil. Provocador nato, agita el injerencismo desde Washington, donde tiene llegada a los sectores más reaccionarios del partido Republicano y la internacional ultraconservadora. El 30 de julio apoyó un mensaje del secretario de Estado, Marco Rubio, refiriéndose a las sanciones contra De Moraes: “Que esto sirva de advertencia a quienes pisoteen los derechos fundamentales de sus compatriotas: la toga judicial no los protege”.

Así como el clan Bolsonaro y su núcleo duro se subieron a la catapulta con que EE.UU dispara contra Brasil, las respuestas son casi inmediatas. Para sorpresa de quienes apoyaron el intento de golpe de Estado contra Lula el 8 de enero de 2023, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, criticó las medidas contra De Moraes.

Milita en el partido Republicanos, una fuerza de derecha que por igual se alió en el pasado al Bolsonarismo y al PT, que además es la expresión política de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD). Esto supone un golpe político para la causa del expresidente. Un cachetazo inesperado.

Motta escribió en sus redes sociales: “Como país soberano, no podemos apoyar ningún tipo de sanción por parte de naciones extranjeras dirigida a miembros de cualquier poder del Estado de la República”.

  EE.UU apeló a la Ley Magnitsky para castigar al juez del STF. Fue aprobada por el Congreso en diciembre de 2012 con el objeto de alcanzar a funcionarios rusos acusados de corrupción. Ahora es la herramienta para atacar a De Moraes. Corre el riesgo de que le impidan el acceso a sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito como Visa, MasterCard y American Express. También que le restrinjan el uso de redes sociales y servicios como Gmail, Google Drive, YouTube y Google Pay, se utilicen en Brasil o en otros países.

La norma fue promulgada por el presidente demócrata Barack Obama hace trece años. Hasta ese momento tenía alcance local. Pero en 2016 se aprobaron enmiendas que generan hasta hoy un efecto extraterritorial.   Desde su creación se impusieron 672 sanciones bajo esta legislación: 356 durante el primer gobierno de Trump y 316 en la administración de Joe Biden, según datos de la Ley Magnitsky Global.

Las medidas unilaterales de Estados Unidos generaron la reacción de una ONG de alcance internacional como Human Rights Watch. “Las sanciones contra un juez de la Corte Suprema y los aranceles impuestos por la administración Trump a Brasil constituyen una clara violación de la independencia judicial, un pilar de la democracia”.

  ¿Qué puede importarle al presidente de EE.UU lo que diga la justicia de un país que no es el suyo o ciertas organizaciones humanitarias? Muy poco o nada. El magnate todavía enfrenta tres procesos penales activos y fue condenado en mayo de 2024 en Nueva York. Un tribunal estatal lo encontró culpable de falsificar registros comerciales. Intentaba ocultar así pagos hechos para silenciar a una actriz de películas porno durante su campaña política de 2016.

De las causas penales restantes, dos son por intentar cambiar los resultados de las elecciones de 2020: la primera se tramita en un tribunal federal en Washington, y la otra en uno estatal del condado de Fulton, Georgia. También está siendo procesado por un tribunal federal de Florida por violar leyes relacionadas con su manejo de documentos clasificados, según el Centro Brennan, un instituto jurídico y político no partidista que promueve cambios de fondo en Estados Unidos.

Trump, un actor principal en el apoyo político y militar a Benjamín Netanyahu para que siga cometiendo el genocidio en Gaza, mencionó después de firmar la suba de aranceles contra Brasil que allí se cometen “graves violaciones a los derechos humanos”. Según el periódico O’Globo, el juez colocado casi a la altura de Saddam Husein y los talibanes de Afganistán, no tiene intención de viajar a Estados Unidos ni posee bienes en el país que lo persigue. También informó que la visa de De Moraes está vencida y no se propuso renovarla.

* Periodista argentino. Es docente por concurso de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la tecnicatura de Periodismo Deportivo en la Universidad de La Plata (UNLP). Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)