El mito Bukele
Nicolás Centurión
Nayib Bukele, el presidente de facto de El Salvador, ha sido y es tomado como ejemplo de combate a la inseguridad en toda latinoamérica. Es el referente de los mano dura. El ejemplo que se nombra en dec enas de debates, no importa el país que sea, para marcar una postura donde seguramente luego se enfatice: “eso es lo que hay que hacer.”.
¿Es tan así como se nombra? ¿Es el ejemplo a seguir? ¿Cuál es la estrategia en seguridad que ha planteado Bukele? ¿Ha sido exitosa? ¿Para quién? Con su pelo peinado hacia atrás y gomina, su gorra, chaquetas de cuero y un excelente manejo de X (antes Twitter) ha erigido su imagen de “gobernante cool”. No hay que descartar la fortuna familiar heredada y una red de contactos nada despreciable.
Se habla del “método Bukele”, del “milagro Bukele” y suena tentador a la vez que esperanzador ya que América
Latina, sobre todo sus trabajadores, sufren día a día los embates de la delincuencia y el crimen organizado. Las soluciones mágicas no existen, pero ante la existencia de una dirigencia política regional que solo apunta al electoralismo, el efectismo y los shows mediáticos, la palabra milagro y shock, calzan al dedillo para sus aspiracions personales que lejos están de las necesidades colectivas. Antes de llegar al milagro, veamos un poco desde donde partió el gobierno de Nayib porque cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía.
Bukele asumió el primero de junio de 2019. Durante sus dos primeros años de gobierno debió coexistir con un poder legislativo que aún estaba dominado por la oposición. Las tensiones no tardaron en hacerse visibles. Blandiendo denuncias de supuesto bloqueo a su agenda de gobierno, el 9 de febrero de 2020 tropas del Ejército Nacional irrumpieron en el edificio legislativo durante una sesión extraordinaria con el objetivo de forzar la aprobación de un crédito internacional destinado a financiar el plan de Bukele contra el crimen.
A la buena imagen pública que tiene el presidente hay que sumarle la del Ejército que también es alta y forman un cóctel peligroso para el mediano plazo por no decir en el presente. Vale agregar que los últimos cuatro expresidentes salvadoreños han estado acusados, encarcelados o huyeron del país acusados de desfalcar su país. Por eso también el hastío general se transforma en desesperación.
Durante el primer año en el cargo, la tasa de homicidios de El Salvador se desplomó de 51 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 36 por cada 100.000 en 2019. Esa cifra se redujo a más de la mitad en los dos años siguientes, llegando a 17,6 por cada 100.000 en 2021. El país no había experimentado una reducción tan radical de la violencia desde el final de la guerra civil.
2022 fue un año bisagra en cuanto a las políticas represivas de Nayib Bukele. La Mara Salvatrucha (MS13), el Barrio 18 Revolucionarios (18R) y el Barrio Sureños (18S) parecen haber sido desmanteladas en gran medida tras una brutal y controvertida ofensiva gubernamental que ha encarcelado a más del 1,5% de la población salvadoreña por presuntos vínculos con las pandillas desde principios de ese año.
En los dos años que lleva el régimen de excepción, se ha capturado a más de 80.000 personas y “todas están juzgadas bajo la reserva total. No podemos saber ni de qué están acusadas”. “Un país entero está siendo juzgado sin que podamos enterarnos cómo ni por qué
La administración del presidente Nayib Bukele ha realizado conversaciones con las pandillas al interior de las prisiones desde por lo menos octubre de 2019.
Las negociaciones secretas consiguieron reducir considerablemente las muertes violentas hasta marzo de 2022,
cuando las pandillas presuntamente asesinaron a 87 personas en 72 horas. El gobierno de Bukele respondió a la masacre decretando un estado de excepción en todo el país, suspendiendo algunos derechos constitucionales y relajando las normas sobre detenciones.
Lo que siguió fue un fenesí de arrestos sin precedentes, en el que las fuerzas de seguridad capturaron a decenas de miles de presuntos miembros de pandillas y colaboradores en una despiadada campaña de mano dura. La rapidez y la magnitud de las detenciones diezmaron las filas de las pandillas. Quienes no fueron detenidos tuvieron que esconderse o exiliarse.
En el pasado, El Salvador era conocido como la “capital mundial del asesinato”, con una alta tasa de homicidios que llegó a 106 por cada 100,000 habitantes en 2015, según Washington Office on Latin America. Los datos oficiales de su gobierno, publicados en enero de 2024, muestran que 2023 fue el año con la cifra más baja de homicidios en la historia de El Salvador. En comparación a 2022, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes bajó de 7.8 a 2.4.
La tasa promedio de homicidios en América Latina y el Caribe en 2024 fue de alrededor de 20,2 por cada 100,000 habitantes, según InSight Crime. En 2024, El Salvador registró una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitante
La lucha contra el crimen organizado y las pandillas y la forma en la que está siendo abordada por el gobierno autoritario de Nayib Bukele, reabre el viejo debate de seguridad versus la libertad con el agregado de que se están violentando derechos fundamentales consagrados en prácticamente cualquier democracia.
El periodista salvadoreño Óscar Martínez, periodista de El Faro opinó sobre Nayib Bukele es “un autócrata que tiene un proyecto personalista”. “La situación en las cárceles de El Salvador es secreta, no hay información”.
“Bukele volvió a instaurar un régimen de excepción que ya no es excepción. Los ciudadanos tenemos menos derechos, volvió la tortura en las cárceles, el encarcelamiento arbitrario y se destruyó cualquier posibilidad de tener acceso a un proceso legal mínimamente decente”, apunta.
La instauración del régimen de excepción. Este suspende las garantías constitucionales del derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las comunicaciones y el plazo máximo de detención provisional.
También ha mostrado las condiciones en las que viven los prisioneros del Centro de Confinamiento de Terroristas (Cecot), una cárcel de máxima seguridad ensamblada solo para los criminales más peligrosos de las pandillas como la Mara Salvatrucha (MS13) o Barrio 18, quienes no vuelven a ver la luz del día.
Bajo el mandato del presidente Bukele, las principales instituciones judiciales se han alineado con los intereses del gobierno. En 2021, el presidente aprovechó la abrumadora mayoría de su partido en la asamblea legislativa del país para reorganizar a su favor a los jueces del Tribunal Supremo. Los legisladores afines a Bukele también destituyeron al fiscal superior del país, que investigaba la corrupción gubernamental.
La Asamblea Legislativa también depuró el poder judicial a finales de 2021, despidiendo a decenas de jueces. Muchos de los sustitutos tienen vínculos con el gobierno de Bukele.
El gobierno también ha aprobado leyes para abrir juicios masivos a grupos de hasta 900 presuntos miembros de pandillas, lo que aumenta la preocupación por el derecho a un juicio justo. El primero de estos juicios, en el que están implicados casi 500 acusados, comenzó en febrero de 2024.
El estado de excepción de Bukele ha agravado el problema: a finales de 2023, las cárceles de El Salvador albergaban a más de 105.500 detenidos, más del doble de la capacidad estimada del sistema penitenciario. La detención 
preventiva contribuye al hacinamiento desenfrenado, al igual que la suspensión del derecho constitucional a la defensa legal bajo el estado de emergencia, que ha dejado a los sospechosos languideciendo en prisión durante meses o años antes de ver a un juez.
Los seguidores y replicadores de Bukele que prometen que harán lo mismo si llegan a gobernar: ¿solo lo hacen para obtener más votos o nos están advirtiendo de la escalada autoritaria que están dispuestos a imponer en nombre de la seguridad y el combate a la delincuencia?