El ministerio de colonias contra Venezuela

Luis Britto García

Hace años recomiendo que Venezuela se salga de la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh), del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre las Inversiones (Ciadi), y de las Cortes y Juntas Arbitrales a las cuales nos someten los Infames Tratados contra la Doble Tributación. ¿La razón? Someterse a estas Cortes de linchamiento es perder la soberanía. Veamos la última sentencia de la Cidh.

2 El 27 de mayo de 2007 caducó la concesión que el Gobierno venezolano había otorgado a Rctv en 1952, y renovado solo por 20 años en 1987. En Venezuela, como en casi todos los países, el espacio radioeléctrico pertenece a la República. Esta puede otorgarle a un particular una concesión para su uso, por tiempo limitado. Cumplido ese lapso, la concesión deja de existir, y es potestativo y discrecional de un Estado soberano otorgar o no una nueva concesión. Los propietarios de Rctv pretenden por el contrario que una concesión es perpetua, eterna y hereditaria, por los siglos de los siglos, y la Cidh les da la razón, Amén.

3) Ahora bien, los derechos humanos solo pueden ser reconocidos a personas naturales, vale decir, a seres humanos, y no a corporaciones o compañías. El numeral 2 del artículo 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos establece expresamente: “Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”. Pero para complacer a Estados Unidos, la Corte Interamericana convierte a Rctv en un “ser humano”, titular de “derechos humanos”. Su “derecho humano” consiste en las sumas que esperaba ganar si se le otorgaba una nueva concesión. “Seres humanos” como la Exxon o Monsanto demandarán a los países por los dividendos que esperaban obtener. Los organismos de derechos humanos quedan así degradados a simples agencias de cobranza de las transnacionales.

4) Quien obtiene una concesión debe cumplir con las leyes del país que la otorga. No ha sido este el caso de Rctv y sus asociadas o cómplices. Entre otras ilegalidades, mantuvo con Venevisión un oligopolio de la publicidad televisiva, otorgando descuento de 10% a los anunciantes que se comprometieran a no hacer publicidad en otros canales, y repartiéndose por mitad las pautas de anuncios. Incumplió repetidamente con la legislación laboral y los pagos a sus trabajadores. Violó las normas vigentes al transmitir en horarios reservados para programación infantil y juvenil contenidos impropios para esos horarios.

Ejecutó el golpe del 11 de abril de 2002, divulgando una versión manipulada de los sucesos, sacando del aire la alocución del Presidente legítimo, difundiendo la falsa noticia de su renuncia, apoyando la dictadura de Carmona Estanga, repartiéndose con este los cargos en materia de telecomunicaciones, ocultando con un apagón comunicacional los esfuerzos del pueblo por reponer a su mandatario legítimo. Además, Rctv promovió el sabotaje petrolero y el lock out patronal iniciado el mismo año, transmitiendo durante 62 días solo mensajes de incitación a delinquir para el derrocamiento del gobierno legítimo. Llamó reiteradamente a la desobediencia tributaria, e incumplió en forma sostenida sus obligaciones fiscales. En cualquier país, semejante prontuario hubiera acarreado la inmediata revocación de la concesión respectiva. Venezuela permitió que dicha televisora continuara en uso de ella hasta que esta caducó el 27 de mayo de 2007.

5) La infeliz sentencia de la Cidh pretende despojar a todos los países de la tierra de los bienes públicos que les pertenecen (entre ellos el espacio radioeléctrico) para convertirlos en propiedad absoluta y perpetua de las empresas que alguna vez hubieren obtenido alguna concesión para explotarlos. Retirémonos de esos tribunales de fariseos antes de que nos crucifiquen.