El gobierno uruguayo se hunde ante los escándalos y la corrupción: el presidente flota
Luvis Hochimín Pareja |
El gobierno de Luis Lacalle Pou y su coalición derechista- está acabado como proyecto político y de gobierno: las reformas que tiene en el tintero seguramente no contarán con los votos completos de la coalición y, por lo tanto, difícilmente puedan implementarse. Mientras es muy confusa la posibilidad de repetir esta coalición de cara a las elecciones del año próximo, en un contexto de crecimiento del centroizquierdista Frente Amplio.
El Financial Times, medio estadounidense, considera que si el gobierno y la Justicia no abordan la polémica situación que involucra al excustodio presidencial Alejandro Astesiano, que incluye acusaciones de espionaje político y corrupción, la reputación de Uruguay como “modelo de estabilidad en América Latina” se verá seriamente afectada.
El caso que tiene como protagonistas principales al exjefe de la seguridad presidencial, y a varios integrantes del sistema político uruguayo, que comenzó como un escándalo sobre pasaportes falsos, derivó en espionaje y corrupción luego de que se conocieran públicamente los chats que mantenía el excustodio con diferentes personajes, algunos de ellos en el Ministerio del Interior.
Las acusaciones incluyen intercambio de favores con funcionarios políticos y policiales, un supuesto espionaje a dos senadores frenteamplistas y hasta tráfico de influencias; y que derivaron también en la investigación en torno a la emisión del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset y dan lugar a cuestionar hasta qué punto la corrupción en el gobierno uruguayo pasó inadvertida así como las dudas sobre qué hará Lacalle para salvaguardar el estado de derecho y responsabilizar a los implicados.
El costo del caso Astesiano -¿el poder mafioso detrás del trono?-para Uruguay puede ser extremadamente alto en caso de que los hechos no sean resueltos correctamente. El diario estadounidense señala que el pueblo uruguayo “está enojando” ante el intento de “minimizar” la seriedad de la situación por parte del surfista presidente Lacalle.
“Es sólo un custodio”: la frase sintetiza una de las líneas con las que algunos integrantes del oficialismo buscan quitar importancia a las irregularidades que siguen apareciendo en las comunicaciones del exjefe de seguridad presidencial. Otras líneas de reducción de daños pretenden que lo único importante es la causa por la que se detuvo al entonces hombre de confianza del presidente Lacalle (su participación en el tráfico de pasaportes fraudulentos.
A 35 meses desde que asumió la presidencia, Luis Lacalle y el gobierno tienen muy poco para mostrar: la pobreza aumentó, los salarios bajaron, la inversión pública cayó, se concentró la riqueza y la mentira pasó a ser moneda corriente en Presidencia.
Alberto Grille, director de Caracas y Caretas, afirma que el núcleo chico que rodea a Lacalle no tiene un plan de gobierno sino un plan de negocios, lo que ha quedado en evidencia en distintos beneficios y prebendas a empresas que incluso han financiado su campaña electoral, como los canales privados de televisión y, sobre todo, la tabacalera Montepaz, reconocido impúdicamente por el propio presidente. Mientras el gobierno se hunde, el presidente flota. Flota, flota, pero ya no hace pie, añade.
Caras y Caretas reveló que muchos de las principales figuras del Ejecutivo se hallan de una u otra manera involucrados en engaños, arbitrariedades, delitos o irregularidades que han sido conocidos por la opinión pública y que no pueden ser negados ni menospreciados. No podían ser ignorados por el conjunto. En particular, por el presidente Lacalle, quien ostenta ser el más vivo de todos.
Un gobierno sin futuro
Como resumen político de su gestión, queda su manejo de la pandemia, priorizando siempre algo distinto que la salud de los ciudadanos, el blindaje mediático que se instaló en su beneficio, y una constante ejecución de medidas para favorecer a los grandes empresarios (nacionales y extranjeros) y perjudicar los ingresos reales y los derechos del pueblo.
Las últimas encuestas conocidas, aun en las empresas de opinión pública que han sostenido la imagen del gobierno, han ido marcando un deterioro de la popularidad de la coalición derechista de gobierno y del presidente Lacalle, una debacle en la popularidad de dos de sus principales ministros, Francisco Bustillo y Luis Alberto Heber (Cancillería e Interior), un crecimiento del centroizquierdista Frente Amplio, una tendencia ya inocultable a la desaparición del tradicional Partido Colorado.
Mientras, la pobreza creció desde 2019 y se concentra especialmente en la población infantil y en mujeres con hijos menores, la desocupación también aumentó y amenaza con volverse cada vez más estructural, los precios internacionales de las exportaciones tienden a debilitarse,y la riqueza se concentra cada vez más en pocas manos. La masa salarial se reduce sensiblemente mientras los depósitos en el exterior de los más ricos se acrecientan a un ritmo sostenido y poco menos que escandalosos.
El gobierno asiste pasivamente a la caída de la competitividad de los productos exportables, deja caer la cotización del dólar sin intervenir, aumenta la tasa de interés intentando contener la inflación sin mucho éxito, no atina a adoptar políticas que mitiguen el impacto de las diferencias de precios en el litoral con Argentina. Y está desbordado la sequía, la inflación internacional y las consecuencias geopolíticas de la guerra en Europa, con una política exterior errática, cada vez más aislado en el continente y en particular con Argentina y Brasil.
Los mismos dirigentes políticos reconocen que cada vez es más costoso mantenerse alineado a un elenco de gobierno que vive en una maratón de tropelías antidemocráticas, como surgen del así llamado caso Astesiano, que incluye el espionaje ilegal de senadores, dirigentes sindicales, estudiantes, docentes y hasta la exesposa del presidente.
Y señalan que entre Lacalle y su ministro del Interior, Luis Alberto Heber están cavándole una fosa al Partido Nacional, en un contexto en el que la otra agrupación tradicional y base de la coalición, el Partido Colorado, está en camino de la extinción electoral, mientras que Cabildo Abierto está lejos de ser una opción de gobierno en el corto y en el mediano plazo.
Los escándalos se suceden en el entorno del presidente surfista. Embajadores, empresarios sojeros y de otros rubros, locales y extranjeros, jerarcas de países árabes u otras naciones, la plana mayor de la Policía, funcionarios de los ministerios, la presidenta del sindicato policial, empresas que licitaban con el Estado y un número interminable de prohombres del poder chateaban con el jefe de seguridad Sebastián Astesiano por su contacto privilegiado con el presidente.
A partir del caso fueron indagadas por irregularidades y delitos. como los dos subdirectores de la Policía, Hector Ferreira y Jorge Berriel relevado de su cargo esta semana, junto al hasta ahora director de la Policía Nacional, Diego Fernández.
El senador Charles Carrera señaló que ”Fuimos categóricos a la hora de afirmar que el escándalo de Astesiano y Marset iba a minar la credibilidad del país. Ahora la noticia sale publicada en Financial Times y nuestro presitigio queda por el piso. El gobierno debe asumir sus responsabilidades”.
También narcotráfico y concesiones
Francisco Bustillo, ministro de Relaciones Exteriores, estaba informado de que Sebastián Marset, quien estando preso en una cárcel emiratí obtuvo un pasaporte uruguayo, era un conocido narcotraficante. Aun así, lo negó en su interpelación parlamentaria. El ministro del Interior Luis Alberto Heber, o al menos su subsecretario, Guillermo Maciel, estaban en conocimiento del mencionado trámite y procedieron a otorgar el documento que le permitirá a Marset viajar por el mundo durante diez años.
Mientras,. Rodrigo Ferrés, prosecretario de la Presidencia, pretendió engañar al Senado afirmando que Alejandro Astesiano no era el jefe de la Seguridad de la misma, pero por resolución suya le fue otorgado a Astesiano, irregularmente, un pasaporte diplomático que no le correspondía.
Astesiano, hoy preso, poseía numerosos antecedentes penales y anotaciones policiales por diferentes delitos y aun así fue nombrado para tal cargo por el presidente Lacalle, quien había sido por la Dirección de Inteligencia Estratégica del de los antecedentes de Alejandro Astesiano.
Paralelamente se anunció la resucitación de la denuncia por la concesión del puerto de Montevideo hasta el año 2081 a la empresa trasnacional belga Katoen Natie, impulsada por los senadores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera. Un militar uruguayo retirado, directivo del grupo Vertical Skies –sediado en EEUU- le solicitó a Astesiano información comprometedora sobre ambos legisladores, que permitiera presionar a los senadores para que abandonaran esa denuncia, que complica al gobierno.
También se ha sabido que el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, firmó la autorización para ingresar al país en el curso de la pandemia a una pareja de ciudadanos rusos sin que se puedan establecer los motivos que justificaran esta excepción ni la urgencia, ni la necesidad.
En un Carnaval 2023 que se redobla en críticas al gobierno, las alusiones o representaciones de Astesiano y Lacalle son moneda corriente por los escenarios. “Dominarán los medios oficialistas / callan su voz / censuran a periodistas…De aquel país de las maravillas / pintado en campaña electoral / ya no va quedando nada / porque se llevaron todo el abuelo y tu papá”, canta la murga Jardín del Pueblo.
**Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)