El gobierno derechista uruguayo, la impunidad, elecciones y un presupuesto neoliberal
Nicolás Centurión|
La atención mediática, política y judicial uruguaya estuvo centrada en el líder del novel partido de ultraderecha Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Es investigado por el fiscal Rodrigo Morosoli que pidió el desafuero del senador a la jueza Graciela Vargas por haber ocultado información sobre confesiones de delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura, en Tribunales de Honor de la justicia militar.
Manini Ríos, en campaña electoral de cara a las elecciones municipales, dijo en más de una ocasión, que no se ampararía en los fueros parlamentarios ni permitiría que los “mercaderes del odio” tergiversaran la realidad. La estrategia del ex Comandante del Ejército Nacional era votar su propio desafuero pero que los votos no alcanzaran y así mostrarse presto para declarar ante la justicia y mostrar que él mismo no había obstaculizado su desafuero.
Los hechos dieron otro vuelco, a raíz de las declaraciones de los sectores menos reaccionarios del oficialismo, al estar de acuerdo con el desafuero de Manini Ríos. Pero el Partido Nacional (líder de la coalición derechista multicolor gobernante) empezó su ronda de conversaciones para convencerlos de lo contrario.
Logró su cometido y los votos para el desafuero no llegarán a la cantidad necesaria. La votación será luego de las elecciones municipales, en un claro movimiento para que la atención esté en los comicios y la imagen de la coalición no sea manchada a raíz de la complicidad con la impunidad de los delitos cometidos en tiempos de terrorismo de Estado.
Los focos apuntaron a Manini Ríos, los ex ministros de Defensa, abogados, militares e incluso al expresidente Tabaré Vazquez. Un tema muy importante el de la impunidad, pero el gobierno, como lo ha demostrado desde el principio de su gestión, hábilmente maneja la agenda cotidiana del país. Esta vez a tres bandas: desafuero, elecciones municipales y presupuesto quinquenal.
El círculo de ajuste neoliberal empieza a cerrarse con los distintos mecanismos que, hasta el momento, el gobierno ha instrumentado con éxito. Estamos hablando de la Ley de Urgente Consideración (LUC) donde ya se prevé una recolección de firmas para su posterior derogación en un plebiscito, impulsado por la central única de trabajadores PIT-CNT. La LUC junto con el presupuesto quinquenal son los dos pilares en los que se centra el proyecto de ajuste de la oligarquía uruguaya en el gobierno.
El modelo económico que persigue el gobierno de Luis Lacalle Pou de “restablecer la rentabilidad” de las empresas, reducir el gasto público, contener la suba salarial y la inflación para atraer inversión, “desnuda una filosofía que es sumamente perniciosa, opinó el historiador económico Luis Bértola.
El puntapié inicial de este modelo económico se inició con el decreto 90/020 antes de iniciada la pandemia y a unos escasos diez días de la asunción del nuevo gobierno. En el mismo se impone un recorte del 15% en gastos de funcionamiento e inversiones. Sólo una de cada tres vacantes disponibles en el Estado serán renovadas. En materia de bienes y servicios estatales la reducción será también de un 15% y en 2021 de un 5%.
En el ente estatal encargado de la energía eléctrica UTE, el recorte en inversiones será de un 30% durante todo el quinquenio. Debido a la devaluación del dólar el recorte que era de un 15% pasó a ser del 25%.
Sumado a esto, se estima que la recaudación de UTE en el 2020 será de 160 millones de dólares menos con respecto al año anterior y el gobierno le exigió a este ente que transfiera a rentas generales un 48% más de lo que venía aportando con respecto a la administración anterior. En un contexto de pandemia, con menos recaudación y recortes, se pretende que aporte más, lo que carece de lógica, por lo menos a simple vista.
Con respecto a las Obras Sanitarias del Estado (OSE), las inversiones se verán reducidas en 90 millones de dólares en los años 2020-2021. Se reducirán los funcionarios en un 25% debido a la disposición de reponer un tercio de vacantes. La inversión en saneamiento será solo de 46 millones de dólares.
En el ente Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) la inversión para este año será de 12 millones de dólares. Una cifra mínima para una empresa que se dedica al rubro de los combustibles como su principal fortaleza compitiendo con empresas multinacionales.
En el período de 2010 al 2015 el promedio anual de inversión fue de 132 millones de dólares. Según denuncia el sindicato de funcionarios de Ancap, en el 2021 la empresa quedará con un disponible de 20 millones de dólares cuando se estima que el mínimo indispensable ronda los 40 millones de dólares. Para el año 2020 se prevén pérdidas en este ente entre los 80 y 200 millones de dólares.
Recortes y ajuste en los entes estatales, un camino que sembrará déficits, mala prensa y desgaste de las empresas públicas para reeditar su intento de privatización, donde el padre del actual presidente, siendo primer mandatario fue vapuleado en las urnas por el pueblo que no permitió la venta de las empresas estatales a manos privadas. En aquel recordado plebiscito de 1992 se logró un contundente 72% contra la privatización.
A pesar de contar con un discurso de austeridad y dando muestras de ello ante las cámaras -por ejemplo, Lacalle Pou apagó el aire acondicionado de una escuela para ahorrar energía-, se le duplicó el sueldo a los directores de los entes públicos porque, según la Ministra de Economía Azucena Arbeleche “precisan a los mejores”.
Lo mismo sucede en materia mi
litar, donde el presupuesto nacional aumenta en 26 nuevos coroneles. Uruguay tiene siete efectivos cada 1.000 habitantes. El promedio del Mercosur es dos. Argentina tiene 1,8; México 2,5; Bolivia 4,7 y Brasil 1,6.
Mientras tanto, las ollas populares resisten el paso del tiempo y las escasez de donaciones, se agregan cinco nuevos peajes en la zona perimetral de Montevideo que indefectiblemente encarecerá el costo de vida. Los desempleados engrosan el ejército de reserva, los trabajadores en seguro de paro llegan a los ciento ochenta mil.
Lacalle Pou prometió a la población que estos serían los cinco mejores años de su vida y la ministra Arbeleche con una sentencia macrista dijo “que lo peor parece que ha quedado atrás”. Ya sabemos cómo termina la película.