El gobierno colombiano fortalece su cooperación con Estados Unidos
Pete Hegseth propuso realizar operaciones militares conjuntas
Camilo Rengifo Marín
Pocas horas antes de que el canciller colombiano y el secretario de Defensa estadounidense dieran una rueda de prensa desde Bogotá este miércoles, un artículo del New York Times se adelantó con una noticia clave: afirmó que el presidente Abelardo de la Espriella rechazó la oferta de Washington para hacer operaciones militares conjuntas en Colombia.

La razón que explicó, fue que no puede lograr el apoyo suficiente en el Congreso colombiano para aprobar tales operaciones. En minutos, el canciller, Omar Bula, el secretario de Defensa estadounjidense Pete Hegseth, y el presidente colombiano hicieron pronunciamientos en la dirección contraria: la cooperación militar entre los dos países, insistieron, está mejor que nunca.
“Es falsa la información publicada por The New York Times, según la cual yo rechacé un plan de cooperación con los Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo”, protestó el jefe de Estado. “Por el contrario, Colombia y Estados Unidos mantienen una cooperación sólida y cada vez más estrecha en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra los carteles de la droga y las organizaciones narcoterroristas”, afirmó el presidente. Continuó aclarando que “cualquier decisión” que tome a futuro para seguir fortaleciendo esa relación “se adelantará respetando nuestra Constitución”.
El canciller Bula reforzó el mensaje. “Sabemos que cualquier decisión del Ejecutivo en este contexto tendrá que pasar por el Congreso de República, esperamos que pase de la manera más rápida posible, no podemos perder tiempo contra el crimen”, dijo Bula en rueda de prensa junto a Hegseth. Con esto no aclaró cuál es la decisión, pero sí que esperan el apoyo del Congreso eventualmente.
Luego llegó el turno del secretario de Defensa estadounidense. También a través de redes sociales, Hegseth tildó de “totalmente falsa” la información difundida por The New York Times. “Nuestra alianza para combatir a los narcoterroristas que amenazan a su país y al nuestro es más fuerte que nunca”, afirmó.
El diario norteamericano se reafirma en su información, y analistas colombianos coinciden en que el apoyo sería muy difícil de conseguir en el Congreso de Colombia, donde el presidente no ha tenido hasta ahora mayorías aseguradas. Cuando el mismo Hegseth anunció en agosto pasado la intención de hacer este tipo de operaciones conjuntas en territorio colombiano, hubo voces críticas de oposición que preguntaron qué tipo de operaciones serían válidas y cómo se podría exigir una rendición de cuentas a militares extranjeros que tomen decisiones claves. También fueron críticas personas retiradas de la fuerza pública que apoyan al presidente pero consideran que las fuerzas militares colombianas se han fortalecido a tal punto que pueden solas combatir a los grupos criminales dentro del país. De acuerdo con el artículo del New York Times, De la Espriella también presentó ese mismo argumento a Washington.
Dicho esto, sin operaciones conjuntas oficialmente ante el Congreso, la cooperación en seguridad entre los dos países ya existe desde hace varios años, ha habido militares que apoyan a colombianos con inteligencia o entrenamientos, y se ha fortalecido especialmente más desde que Abelardo de la Espriella llegó a la presidencia y se hizo miembro del Escudo de las Américas que lidera el presidente Donald Trump. Tan solo hace tres meses más de 300 soldados estadounidenses llegaron a la base militar de Tolemaida, en el departamento de Cundinamarca, para un largo entrenamiento contra el narcotráfico.
El senador Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico que disputó la segunda vuelta con de la Espriella denunció que «Estamos ante la presencia de una especie de aparato criminal que se está tomando el Estado colombiano. El gobierno está entregando el país, la democracia, las instituciones a un grupo de poder que está íntimamente ligado al narcotráfico y al paramilitarismo. Y que intenta barrer con toda política que se atraviese a sus intereses mezquinos. Hay en curso una especie de gigantesca operación de lavado de activos, en este caso, en lo que atañe a regresarles las tierras a narcotraficantes y exparamilitares, y también a sectores muy ligados con los intereses del sector minero-energético».
Cepeda habló del despliegue casi cinematográfico de De la Espriella, andando entre cadáveres, retando públicamente a las personas que captura la fuerza pública y mostrándose como una especie de sheriff del Salvaje Oeste. Por otra, dijo, el hecho de que se apruebe una ley aquí en el Congreso, de manera casi exprés, para permitir un sometimiento en términos que hay que examinar con mucho detenimiento, porque podrían favorecer precisamente a círculos que han sido remanentes del paramilitarismo de comienzos del siglo XXI.
«Hemos visto aparecer por doquier, en la administración pública, a gente ligada a su firma de abogados, familiares de personas que hacen parte de ese primer anillo, familiares de familiares o círculos muy claros y nepóticos, cadenas de poder. Además, círculos de la extrema
derecha ligados al Partido Republicano en Florida, al señor Marco Rubio, a la señora María Elvira Salazar y a toda esa gente que, con la llegada de Donald Trump, llegó también a ocupar cargos estratégicos en EEUU. Como si eso fuera poco, hay en curso, a pesar del discurso que supuestamente busca la seguridad y acabar con el narcotráfico, una especie de selectividad en la acción del Estado contra las organizaciones criminales», añadió.
«Esta es una extrema derecha que no dudo en catalogar de fascista. No respeta el Estado de derecho, la Constitución, los derechos humanos. Para que eso no suene tremendista ni apocalíptico, lo digo con claridad: el Gobierno esbozó hace ya un tiempo un llamado Estatuto Antiterrorista. ¿En qué consiste? En que basta con que el Gobierno, el presidente o quien él designe decida que una persona o un grupo de personas son terroristas para que queden inmediatamente incluidos en una lista que es casi una especie de réplica o imitación de la lista OFAC [del Tesoro de EE UU]», añadió Cepeda.
«Por esa vía podemos terminar con miles de ciudadanos y organizaciones sociales de la más diversa índole y origen catalogados como terroristas. Hay muchas otras expresiones que muestran una total anulación de los principios de la Constitución del 91», señaló el senador. «Se ha intentado judicializarme en Estados Unidos, hasta ahora sin éxito. Hay amenazas de toda índole, contra mi vida y contra mi entorno; en fin, toda clase de acciones que muestran que el gobierno, el señor De la Espriella y su ministro del Interior, el señor Alejandro Ordóñez, tienen claro que soy un adversario que consideran que debe ser abatido, utilizando sus propias formas de hacer política», concluyó.
Cristo Rey
De la Espriella, hizo campaña con el ahora muy conocido lema “firmes por la patria”, acompañado de un ademán militar.
La frase “¡Viva Cristo Rey!” apenas vino a incorporarla el pasado 7 de agosto, durante su toma de posesión en Cali.
Aquel gesto abrió un intenso debate político, pero también jurídico, acerca del principio del Estado laico consagrado en la Constitución colombiana.
* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)