El gobierno argentino participa del golpe electoral en Honduras
Santiago Masetti
La embajada argentina en Tegucigalpa opera como plataforma de respaldo político y diplomático a la maniobra que busca consumar un fraude electoral en Honduras. En un esquema de intromisión indirecta, Buenos Aires aparece como actor funcional a la estrategia de la derecha local y a la tutela estadounidense sobre el proceso electoral.
Según registros informáticos difundidos por medios locales, las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) Ana Paola Hall y Cossette López —representantes de los partidos Liberal y Nacional, respectivamente— fueron ubicadas en la Embajada Argentina en Tegucigalpa en momentos clave del conflicto institucional. El dato no es menor: se produjo tras la ruptura del pleno del CNE y luego de que el consejero oficialista Marlon Ochoa denunciara penalmente a ambas funcionarias ante el Ministerio Público.
La crisis política que sacude a Honduras tras las elecciones generales del 30 de noviembre sumó en las últimas horas un elemento de gravedad regional: la participación activa del gobierno de Javier Milei en el entramado que busca consolidar un golpe de Estado electoral en el país centroamericano. Lejos de un rol neutral, la Argentina emerge como pieza auxiliar en una operación que no puede exhibir a sus verdaderos promotores como protagonistas visibles.
Que asuntos estrictamente electorales se tramiten en una sede diplomática extranjera expone el carácter opaco de la maniobra y refuerza las denuncias de injerencia externa. En este esquema, el gobierno argentino cumple un rol de cobertura política y logística, ofreciendo un espacio “amigo” para avanzar en decisiones que no resisten la luz pública ni el control institucional hondureño.
Ochoa, representante del partido Libertad y Refundación (Libre), fue categórico al rechazar la validación de unos resultados que calificó de fraudulentos. Denunció que Hall y López intentan emitir la declaratoria oficial sin concluir el escrutinio, dejando sin resolver más de 10 mil actas con inconsistencias y cerca de 300 impugnaciones. “No voy a firmar un fraude, aunque me lleven a punta de bala”, advirtió, al tiempo que exigió un conteo voto por voto de las más de 19 mil urnas del nivel presidencial.
El magistrado también apuntó contra la tutela extranjera del proceso y señaló que Honduras no puede aceptar sanciones, presiones ni lineamientos de gobiernos externos. En su denuncia ante la Fiscalía, presentó audios que, según afirmó, revelan un plan coordinado de manipulación electoral, con participación de actores locales y foráneos, incluyendo a un expresidente condenado por narcotráfico y a operadores políticos vinculados a la derecha tradicional.
En ese entramado, el rol de Ana Paola Hall y Cossette López resulta central. Ambas consejeras avanzaron de manera unilateral, sin convocar al pleno del CNE, y quedaron en el centro de las acusaciones por intentar consumar una declaratoria irregular. Su presencia en la embajada argentina no solo agrava las sospechas, sino que compromete directamente a la administración Milei en un proceso que vulnera la soberanía hondureña.
La derecha local —encarnada por el Partido Nacional, el Partido Liberal— apelaron a repetir el libreto de los fraudes electorales de 2013 y 2017: manipulación del sistema de transmisión de resultados, descarte de actas desfavorables y proclamación exprés de un ganador funcional al statu quo. Esta vez, sin embargo, el esquema incorpora nuevos intermediarios para disimular la intromisión directa de Estados Unidos, cada vez más cuestionada por su historial en la región.
El respaldo argentino no es ingenuo ni aislado. Responde a una alineación ideológica y geopolítica del gobierno de Milei con los sectores más reaccionarios de Honduras, del continente y con las estrategias de desestabilización contra proyectos populares. Al actuar como actor secundario —pero decisivo—, la Argentina aporta legitimidad aparente a una operación que, de otro modo, quedaría expuesta como una intervención grosera.
Honduras atraviesa horas decisivas. Lo que está en juego no es solo el resultado de una elección, sino la posibilidad de defender la voluntad popular frente a un golpe electoral en marcha. En ese escenario, la participación del gobierno argentino marca un punto de inflexión preocupante: por primera vez en décadas, Buenos Aires deja de ser observador para convertirse en engranaje activo de una maniobra contra la democracia latinoamericana.
*Periodista, Licenciado en Historia de la Universidad de la Habana. Fue Jefe Editorial de la revista internacional Correo del Alba. La Paz, Bolivia, Redactor de la Agencia Periodística de Buenos Aires (Agepeba) y Director del Portal del Sur (www.portaldelsur.info). Colaborador de Prensa Latina y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)