El escándalo judicial argentino descubre operaciones con EU para el despojo de PDVSA
Jorge Elbaum|
El avance de las investigaciones que lleva a cabo el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla inquieta a no solo al fiscal Carlos Stornelli y al juez Claudio Bonadío, sino también a funcionarios dentro de la delegación diplomática de Washington con sede en Buenos Aires, que temen quedar expuestos en relación a una operación global destinada a saquear una de las empresas más poderosas del mundo.
Los documentos encontrados en casa de Marcelo Sebastián D’Alessio, en ocasión del allanamiento realizado en su lujosa mansión en el barrio privado de Saint Thomas, contiene material sensible para quienes participan de la coalición destinada a hostigar al chavismo.
El gobierno de Mauricio Macri ha participado dentro del Grupo de Lima en la ofensiva continental dispuesta por Trump, para contribuir a su asfixia económica y disciplinar políticamente a la región.
Uno de los objetivos centrales de las políticas del Departamento de Estado hacia Venezuela es el manejo y/o la apropiación de sus formidables recursos naturales, distribuidos básicamente en la cuenca del Caribe. La planificación para lograr dicho objetivo es similar a la operada en Medio Oriente luego de la guerra de Irak, donde los contratistas de las grandes corporaciones texanas lograron controlar las refinerías y erigir una infraestructura hidrocarburífera acorde a las necesidades de Washington.[1] Con la misma concepción estratégica, en la última semana John Bolton, el jefe de asesores de Seguridad de los Estados Unidos, amplió el bloqueo de activos de PDVSA en 7.000 millones de dólares y anunció una asfixia análoga para el año próximo, pero de 11.000 millones.
Las sanciones del gobierno de Trump se refieren a la empresa petrolera venezolana CITGO (integrante del grupo PDVSA), que cuenta con tres refinerías en territorio estadounidense. Dado que el 100 % de sus acciones pertenece al Estado bolivariano, sus autoridades son nombradas por el gobierno de ese país. Su máxima autoridad, hasta el 13 de febrero, era Asdrúbal Chávez, primo del extinto Presidente. El último 30 de enero, el gobierno de Donald Trump decidió violar la sacrosanta normativa de la propiedad y adjudicó a Juan Guaidó el control financiero de la empresa. Esta medida permitirá al sector petrolero de Houston contar con la conducción de una empresa valuada en U$S 10.000 millones, que posee tres refinerías y una red de casi 6000 estaciones de servicio distribuidas en el territorio de los Estados Unidos. Un decomiso legitimado por supuestas razones de seguridad nacional.
En forma sincrónica, a 8.000 kilómetros al sur de Washington, un operador adscripto (o líbero) de alguna de sus variadas agencias gubernamentales, quedó expuesto al llevar a cabo operaciones extorsivas contra uno de los ex funcionarios de PDVSA. El ex director de logística Gonzalo Brusa Dovat fue manipulado, con el objetivo de contribuir a esmerilar dicha corporación, en el marco de los objetivos planificados, en forma coincidente y concurrente con el Departamento de Estado, para lograr el naufragio del chavismo.
Según la documentación secuestrada por el juez, el falso abogado D’Alessio mantenía una complicidad activa con el fiscal Carlos Stornelli en esos menesteres de incidencia internacional. El fiscal de la causa de los cuadernos se mostraba muy comprometido en favorecer a la deslegitimación de PDVSA. Las numerosas presencias del fiscal en la delegación diplomática de Estados Unidos y su denodado interés por la difusión de malas noticias sobre PDVSA revelan una operación de pinzas a nivel global, en obvia connivencia con el gobierno de Mauricio Macri.
La operación ayuda humanitaria con la que se pretendía conseguir, a partir del último 23 de febrero, el estallido de una guerra civil o una deserción en masa de integrantes de las fuerzas armadas bolivarianas, no logró los frutos esperados. En el marco de esa frustración, el Departamento de Estado se vio obligado a volver a su estrategia original de cuatro ejes:
- Confiscar cuentas del Estado venezolano en territorio estadounidense;
- Amenazar a terceros países con sanciones a quienes viabilicen formas de cooperación, desplieguen acuerdos comerciales o compren hidrocarburos;
- Ampliar el bloqueo financiero y el acceso al crédito para evitar la continuidad de su diversificación industrial y la conquista de la seguridad alimentaria autónoma;
- Propagación global de una crisis humanitaria terminal en la sociedad venezolana y de una corrupción endémica al interior del gobierno chavista.
Danil Santoro, operador del Grupo Clarín
Para colaborar en este último objetivo D’Alessio llevaba a cabo operaciones de espionaje, extorsión y operaciones psicológicas, en connivencia con el aparato comunicacional más extendido de la argentina, el Grupo Clarín, y uno de sus periodista estrellas, Daniel Santoro.
La inquietud del establishment jurídico, mediático y de la AFI previa a la (fallida) indagatoria del fiscal Stornelli ante Ramos Padilla, se concentró el último jueves en un simple adminículo tecnológico denominado celular. Dicho aparato fue observado durante la última semana por técnicos recomendados por la embajada de Estados Unidos, que se comprometieron a ejecutar una limpieza parcial en 48 horas.
Dado que la información queda también registrada en otros celulares y en la nube de los proveedores de las aplicaciones utilizadas (por ejemplo WhatsApp), la zozobra permanece activa en varios de los contactos del fiscal encuadernado. Sin embargo, según comentaron algunos informáticos con residencia laboral en Comodoro Py, aparece como improbable que los propietarios de las aplicaciones (utilizadas por Stornelli) con servidores ubicados en Estados Unidos, se dignen a responder en tiempo y forma a potenciales exhortos solicitados por la justicia argentina interesada en PDVSA.
El esquema develado posee varios antecedentes, coincidentes con el objetivo de Washington de timar un recurso ajeno. En un cable enviado por el embajador estadounidense en Caracas, fechado el 17 de febrero 2009, filtrado tiempo después por WikiLeaks, se describen los interrogatorios especiales y pormenorizados realizados a los funcionarios de PDVSA y CITGO con el objetivo de recopilar información de inteligencia para abonar al futuro control de ambas empresas. 
Dos años después, gracias a los documentos filtrados por el contratista de la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) Edward Snowden que se publicaron en The Intercept, quedó en evidencia la ejecución de una operación conjunta entre la NSA y la CIA para espiar a funcionarios de PDVSA y tergiversar documentación corporativa, mediante la utilización de equipos de alta tecnología, instalados en la embajada estadounidense en Caracas, ubicada a pocos kilómetros de la sede de la empresa petrolera.[2]
El analista que redactaba los informes desde la embajada, con la documentación provista por espionaje, admitía ante sus superiores que cumplía con la prioridad en relación a los temas energéticos, y por eso se concentraba en brindar información sobre “los más altos niveles posibles de la empresa, especialmente, el presidente y los miembros de la junta directiva.”[3] El pormenorizado relevamiento –que quedó expuesto en los Wikileaks—incluía los “teléfonos de trabajo, hogar, celulares y direcciones de correo electrónico”, con el correspondiente acceso a sus claves, hecho que permitía su posterior vigilancia contínua (conocida bajo la codificación F6).[4] También en 2011, Wikileaks divulgó cómo la empresa Microsoft permitió el acceso de la embajada de Estados Unidos a documentos privados de PDVSA. El entonces Director de Microsoft en Caracas, Gonzalo Fernández, compartió con el Encargado de Asuntos Económicos de la embajada informes internos de PDVSA, gracias al acceso a la codificación interna de Windows, el sistema operativo utilizado por PDVSA.[5]
La aparatología encontrada en la casa de D’Alessio permite entender la desconfianza vivida en las dos últimas semanas al interior de Comodoro Py. La inflación galopante, la disparada del dólar, la caída estrepitosa de la economía real y la parsimoniosa fuga del radicalismo del cronograma electoral dispuesto por el macrismo (para salvar alguna prenda del persistente hundimiento de Cambiemos), acompañan la degradación institucional que se divisa, incluso, en los más recónditos e insospechados reductos, ayer confiados de las escenas repletas de globos y bailes.
Las nuevas relaciones carnales EEUU-Argentina
El embajador Edward Prado manifestó cuando llegó al país, en abril de 2018, su interés de “trabajar juntos para mejorar el sistema judicial argentino”. Con la colaboración de Stornelli y D’Alessio, en eso está.
Notas
[1]. https://bit.ly/2EKUQCh y https://bit.ly/2VPjDwd
[2]. https://bit.ly/2TwyApp
[3]. https://bit.ly/2NNWpna
[4]. F6 es el código para una operación conjunta entre la NSA con la CIA que se lleva a cabo en el Servicio de Colección Especial, que tiene su sede en Beltsville, Maryland, y que se ocupa de relevamientos de información estratégica y el análisis de material criptográfico. Para el logro de sus metas ha logrado especializarse en la utilización de vehículos aéreos no tripulados (drones) capaces de alcanzar objetivos de observación clandestina en forma imperceptible.
[5]. Dado que Windows, Hotmail y el Paquete Office interactúan con la IP (dirección) de los usuarios y sus registros quedan alojados en los servidores de Microsoft, la NSA posee capacidad de acceder a dicha información gracias a disposiciones “de seguridad del Estado”.
*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la). Publicado en https://www.elcohetealaluna.com/empetrolados/
Anexo
En su nota en El Cohete a la Luna, “Los magos de la gorra, The American Hand in the Stornelli-D’Alessio Affaire”, el prestigioso periodista argentino Horacio Verbitsky señala:
Uno de los cargos formulados contra D’Alessio pero que involucran al fiscal y a Santoro, es la extorsión al directivo de la petrolera estatal venezolana Gonzalo Brusa Dovat, forzado a declarar ante el operador judicial del Grupo Clarín y ante el fiscal Stornelli, en ambos casos ante D’Alessio, que no tenía ninguna designación legal que justificara su presencia.
D’Alessio no le oculta a Stornelli que su principal interés en el ejecutivo uruguayo es “el informe que tengo que armar para Maine y enviarlo por valija diplomática”. Pero además “está el factor argentino, que seguro le vas a sacar provecho”, dice.
Maine es un estado estadounidense en la frontera con Canadá, donde no hay sedes relevantes ni de la DEA ni de la National Security Agency, para la que D’Alessio dijo haberse infiltrado en ENARSA, aunque sí existe una agencia estatal que se ocupa de las leyes de drogas, que tal vez encubre otra cosa. (…)
Goldemberg y la extracción de personas
En la foja 210 del decreto de procesamiento de Marcelo Sebastián D’Alessio, el juez Ramos Padilla se refiere a las conversaciones del aventurero con Andrés Goldenberg, que ponen de manifiesto “el poder de actuación que tenía el señor D’Alessio en materia de operaciones poco claras, que podrían involucrar hasta la extracción de personas”. El 4 de febrero a las 22 horas, D’Alessio le envía un mensaje de voz a Goldenberg:
—A tu disposición si hay que extraer a alguien, nosotros vamos a tener una extracción seguramente el jueves o viernes de esta semana. Si tu necesitas sacar, extraer a alguien, tal vez tengo lugar en un dieciséis plazas. Y es a cambio de nada. Que esta es nuestra única condición, siempre. Nada.
La extracción de personas es un eufemismo similar al de las entregas extraordinarias, que la inteligencia estadounidense implementó luego de los ataques terroristas en Washington y Nueva York de 2001, para librarse de los controles legales en el interrogatorio de detenidos. El programa, diseñado por la CIA, consistió en la transferencia, sin intervención de la Justicia, de un detenido de un país a otro con fines de interrogación mediante torturas. Un informe de la comisión de inteligencia del Senado estadounidense estableció que por lo menos 136 personas fueron sometidas a ese tratamiento, con la participación de 54 países.
¿Por qué Andrés Goldenberg necesitaría extraer personas del país en forma clandestina? Tal vez la respuesta resida en la biografía del representante en la Argentina de la Mesa de la Unidad Democrática Venezolana. Nacido en Caracas, pero de padres argentinos, con DNI argentino 93.663.343, Andrés Germán Goldenberg Pines es uno de los dirigentes de la oposición venezolana que, en julio de 2017, pidieron a la cancillería argentina que Macrì trabajara junto a los organismos multilaterales para “asfixiar política y económicamente al régimen venezolano de Nicolás Maduro”, según informó el propio Goldenberg. Su plegaria fue atendida.
Como D’Alessio, Goldenberg es también un hombre de negocios, con empresas en la Argentina y en los Estados Unidos. En la Argentina forma parte de ocho firmas, de consultoría, gastronómicas, financieras y petroleras. En tres de ellas es socio de otro venezolano residente en la Argentina, Alejandro Eskenazi Izcovich. Eskenazi es un apellido muy común, por lo que no es conveniente sacar conclusiones apresuradas. Fuentes de la comunidad venezolana en la Argentina sostienen que Goldenberg y Eskenazi son amigos desde el colegio primario.