El coronel-asesino Pedro Mato fugó a Brasil

ROGER RODRIGUEZ| El coronel (r) Pedro Antonio Mato Narbondo fugó de Uruguay y estaría prófugo en territorio de Brasil para eludir una citación del Juzgado Penal de 9º turno, a cargo de la jueza Blanca Rieiro Fernández, quien ordenó su conducción al juzgado en el marco de la indagatoria sobre la muerte por torturas el 25 de mayo de 1972 del militante democristiano Luis Batalla. Mato Narbondo, quien habría quedado bajo requisitoria internacional de Interpol, también era solicitado judicialmente por el fiscal italiano Giancarlo Capaldo en el marco de la causa que el Tribunal de Roma lleva contra la coordinación represiva que las  dictaduras del cono sur llamaron “Plan Cóndor” y en cuyo marco fueron desaparecidos 13 italouruguayos.

El militar vivía en la ciudad de Rivera, donde estaba radicado con su actual esposa Juliana De Sarro, pero un tiempo atrás comenzó por mudarse al otro lado del límite fronterizo en la ciudad de Santana do Livramento, donde la policía uruguaya no tiene jurisdicción. La Navidad, Mato la pasó en una casa con parrillero uruguayo del lado brasileño.

Los preparativos de su definitiva huida hacia Brasil fueron planificados por años. El militar volvió a su natal frontera al pasar a retiro en 1984. Constituyó domicilio en Fernando Segarra 434 y en Leandro Gómez 678 y lo emplearon en la Zona Franca de Rivera. Desde 2004 manejaba el coche matrícula brasileña IBV4589, que un par de veces fue multado.

En su página facebook, De Sarro colocó una postal con la frase: “La distancia sirve para entender lo que pasó, aceptar lo que dolió y aprender de lo que no funcionó”. Activista del Foro Libertad y Concordia surgido en 2011 en defensa de los militares presos por crímenes de lesa humanidad, Juliana muestra en su muro fotos de viajes con Mato en Brasil.

El militar prófugo esta casado con Juliana De Sarro, quien descalificó en 1986 el testimonio de la enfermera Haydeé Trías a quien Mato confesó asesinar (en Buenos Aires al senador uruguayo) Zelmar Michelini en 1976.

 Zelmar y Gutiérrez Ruiz

De Sarro, protagonizó en 1985 un recordable incidente por el que terminaron clausurando las actuaciones de la Comisión Investigadora sobre la muerte de Zelmar Michelini y Héctor “Toba” Gutiérrez Ruiz, cuando se filtró al diario El País el testimonio secreto de la enfermera Haydeé Trías, a quien Mato confesó asesinar a ambos políticos en Buenos Aires en 1976.

Según la versión que Trías ha mantenido, Mato tuvo un ataque de depresión y su “amiga” Juliana de Sarro le pidió que le proporcionara algún tranquilizante, pero cuando Trías fue a asistir al militar en un “bulín” que el coronel Manuel Cordero tenían en la calle Garibaldi, Mato se confesó y le mostró una placa que le habían dado en reconocimiento a su acción.

Cuando fue llamada a declarar en la Comisión, De Sarro desmintió a la enfermera a quien acusó de desequilibrada. Pese a presiones (sufrió amenazas y atentados) Trías mantuvo sus dichos, pero la infidencia que publicó su testimonio en la sección “El duende de la Trastienda” que escribía Daniel Herrera Lussich, hizo cerrar la investigación.

Haydeé había conocido a Juliana a los 12 años, cuando estaba internada en el Consejo del Niño. Le ayudó a salir e incluso fue madrina de su hija. Juliana frecuentaba bares y a un grupo de militares que conoció en el bar “El Lido”, donde recalaba el coronel Cordero, quien vivía con el procesado coronel Gilberto Vázquez en el apartamento de Garibaldi 2931.

Mato también había sido requerido por el fiscal Giancarlo Capaldo del Tribunal de Roma, donde se realiza actualmente el juicio internacional contra los crímenes del Plan Cóndor.

Fisacal Capaldo
Luego de diez años de indagatorias del fiscal Giancarlo Capaldo, el Tribunal de Roma inició en octubre la causa sobre el Plan Cóndor que implica a 35 militares latinoamericanos (17 uruguayos) en violaciones a los derechos humanos y en la desaparición forzada de 23 ciudadanos italodescendientes, 13 de ellos nacidos en Uruguay.

La justicia internacional italiana ordenó la detención y captura de varios militares. Entre ellos, este año, en la primera etapa del proceso serían juzgados, aún en ausencia, los uruguayos Pedro Mato, Iván Paulós y Ricardo Chávez. Asimismo, en agosto último fue detenido el coronel Antranig Ohanessian, que también estaba requerido por Roma.

El juicio implica al dictador Gregorio Alvarez, el ex canciller Juan Carlos Blanco, los represores Ricardo Arab, José Gavazzo, Juan Larcebeau, Luis Maurente, Ricardo Medina, Ernesto Ramas, José Sande, Jorge Silveira, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez. También incluía a los fallecidos Juan Bordaberry y Carlos Calcagno y al prófugo Jorge Tróccoli.

Las víctimas uruguayas son: Daniel Banfi (ejecutado en Buenos Aires, 1974), Gerardo Gatti, María Emilia Islas, Bernardo Arnone y Juan Pablo Recagno (Pozo Orletti, 1976), Andrés Bellizzi (Pozo Altético, 1977), Ileana García, Yolanda Casco, Edmundo Dossetti, Julio D’Elía, Héctor Giordano, Raúl Borelli y Raúl Gámbaro (Pozos Olimpo y Banfield, 1977).

Caso Batalla

Luis Carlos Batalla Piedrabuena murió por torturas en el Batallón de Infantería Nº 10 de Treinta y Tres, el 25 de mayo de 1972, durante el gobierno constitucional de Juan María Bordaberry. Era trabajador de la construcción, militante del PDC, estaba casado y tenía dos hijas. Los detuvieron el 21 y cuatro días después devolvieron su cuerpo a la familia.

El caso fue indagado por parlamentarios y produjo un escándalo político. Batalla era hijo del subcomisario departamental. Los militares se negaron a dar explicaciones. Intervino el juzgado local y una autopsia confirmó que murió por “rotura de hígado”. El ministro de Defensa, general Enrique Magnani fue convocado al parlamento y renunció el 19 de julio.

El caso Luis Batalla confirmó que en Uruguay las fuerzas conjuntas estaban utilizando sistemáticamente la tortura. El golpe de Estado impidió continuar las indagaciones. La Ley de Caducidad archivó el expediente 114/86 denunciado a la salida de la dictadura ante Penal 9º turno. En julio de 2013 una gestión del Observatorio Luz Ibarburu reabrió la causa.

En la unidad militar olimareña se encontraba Pedro “el Burro” Mato, 31 años, titulado en contrainsurgencia en la Escuela de las Américas (SOA) en 1970 y con grado de capitán en el Servicio de Información y Defensa (SID) desde 1971. Citado por la jueza Riero Fernández (sustituta de Gabriela Merialdo), el militar no se presentó y fugó a Brasil.