Ecuador: Resultados bajo sospecha de fraude

Álvaro Verzi Rangel

Consumido por una violencia jamás vista en el país por obra y gracia del narcotráfico, Ecuador sigue los pasos autocráticos de El Salvador de Nayib Bukele tras el  sorpresivo y sorprendente triunfo electoral de Daniel Noboa, el joven presidente ultraderechista nacido en Miami que ha militarizado el país con la excusa de librar una «guerra interna» contra el crimen organizado.

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Noboa ganó las elecciones hace dos años, también en segunda vuelta con el apoyo de todo el arco conservador y la gran patronal. Derrotó a Luisa González y alcanzó la presidencia para completar el mandato de otro dirigente derechista, Guillermo Lasso, quien renunció antes de tiempo acosado por graves denuncias de corrupción.

Heredero de la familia más rica del país, llegó a ser candidato gracias al asesinato del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio, a manos presumiblemente del narcotráfico, lo que distorsionó una campaña electoral marcada por la violencia. La revelación hecha por Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial asesinado, acusó a la fiscal general, Diana Salazar, de haberla presionado entonces para que acusara al correísmo de estar detrás del atentado, al asegurarle que disponía del testimonio de un testigo protegido.

Esa acusación fue decisiva para que Noboa derrotara entonces en segunda vuelta a Luisa González: «Quiero decir con absoluta claridad que detrás del asesinato de Fernando no solamente está la política, sino el narcotráfico, altos mandos de la Policía Nacional y poderes financieros que lavan dinero sucio en el Ecuador». La viuda de Villavicencio denunció una complicidad «perversa» entre Noboa y la fiscal general del Estado para encubrir a los asesinos de su esposo.

En este año y medio de gobierno, Noboa demostró ser incapaz de frenar la violencia que atenaza al país desde que los cárteles mexicanos y colombianos aterrizaron en Ecuador por su privilegiada ubicación geográfica y la falta de control de los gobiernos neoliberales posteriores al del progresista Rafael Correa, sobre el blanqueo de capitales.

El balotaje de este domingo, lejos de ofrecer una solución pacífica e institucional a las diferencias, parecen ser el punto de partida de una crisis política que habrá de sumarse a los desastres de seguridad pública, economía y energía que ya padece Ecuador gracias a los sucesivos gobiernos conservadores y ultraderechistas, incluido el del actual mandatario y candidato a la reelección, el millonario bananero Daniel Noboa.

Más allá de abrir las puertas de Ecuador a militares estadounidenses y a la posibilidad de instalar bases castrenses de EEUU en territorio ecuatoriano, el mandatario llegó a un acuerdo con Blackwater, un grupo de mercenarios denunciado internacionalmente por sus abusos en Medio Oriente, y contratado por Noboa para ganar su «guerra interna» contra el narcotráfico en el marco del denominado Plan Fénix, la estrategia de seguridad aprobada por su gobierno.

El líder de esa banda de sanguinarios mercenarios, Erik Prince, hizo campaña a través de medios institucionales (algo prohibido en Ecuador) pidiendo el voto para Noboa y advirtiendo que Ecuador se jugaba en las elecciones convertirse en una nueva Venezuela o apostar por la lucha contra el narcotráfico.

A la militarización del país se ha unido la corrupción gubernamental. La familia Noboa se habría beneficiado de suculentos contratos públicos, según denuncias de la prensa independiente ecuatoriana. Y una de las empresas del clan, la bananera Noboa Trading, aparece incluso relacionada con un caso de tráfico de cocaína.

Andrés Durán, el periodista que denunció esa conexión, se vio obligado a exiliarse en Colombia tras recibir amenazas. «Este es el primer caso documentado en la historia del Ecuador en el que estaría involucrada una familia presidencial con el tráfico de cocaína», declaró Durán a la revista Raya.

Tras la reelección de Noboa se abre un horizonte de incertidumbre en Ecuador. El progresismo y el movimiento indígena suman un escaño más que el oficialismo en el Congreso, aunque Noboa no guarda respeto hacia la institucionalidad del poder legislativo.

La impunidad de la familia presidencial y el régimen de represión impuesto por el mandatario son señales inequívocas de que el país se encamina hacia una suerte de autocracia similar a la de El Salvador, donde Bukele ha pisoteado los derechos humanos de miles de ciudadanos amparándose en la lucha contra el narcotráfico. En ese tránsito antidemocrático, El Salvador y Ecuador han logrado instalar la trampa de la seguridad a cualquier coste y se configuran como los dos principales polos autocráticos en América Latina, afirma César Calero en Público.

Luisa  González, la candidata progresista,  denunció la comisión del más grotesco fraude electoral y exigió el recuento total de los sufragios, que la colocaban por debajo del acaudalado gobernante por más de 11 puntos porcentuales (44.15 por ciento frente a 55.85),  diferencia discrepa de la mayor parte de las encuestas previas, que auguraban un virtual empate, y de varios sondeos a boca de urna, que daban a González una ventaja de entre 3 y 5 por ciento sobre Noboa.

Si bien hasta ahora las organizaciones fiscalizadoras nacionales e internacionales se abstuvieron de espaldar la denuncia de fraude de la candidata opositora , quedaron demostradas una serie de irregularidades: cambios de última hora en diversas casillas en las que el oficialismo tuvo malos resultados en la primera vuelta, el 9 de febrero, una galopante propaganda oficialista en cadenas nacionales realizada hasta cuatro veces al día en momentos en que regía la veda publicitaria, el uso de dineros públicos para sufragar las giras proselitistas de Noboa.

Y, además, en vísperas de la jornada electoral, la declaración del estado de excepción en la mitad del territorio ecuatoriano –justamente, en los que el gobernante resultó derrotado el 9 de febrero–, con lo que quedaron suspendidos los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, de libre tránsito y de reunión.

Sorprende que el porcentaje de votación para González permaneció, según los números, oficiales, prácticamente igual al que obtuvo en la primera vuelta –44 por ciento– pese a que para la segunda sumó a diversas fuerzas políticas que habían participado con aspirantes propios, como es el caso del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), que logró más de 5 por ciento de los sufragios, lo que da píe a las acusaciones de manipulación de cifras por parte del gobierno..